Lucha contra el fraude y la corrupción

Los inspectores de Hacienda piden pagar a confidentes que denuncien delitos tributarios

La Organización de Inspectores pide que la Agencia Tributaria tenga un presupuesto para pagar por informaciones de las que se deriven el afloramiento o la recuperación de cuotas defraudadas

Foto: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid (Efe)
Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid (Efe)

Los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) vuelven a la carga con su propuesta para crear un Estatuto de la Agencia Tributaria que permita mejorar la lucha contra el fraude fiscal. La Organización ha presentado en su congreso anual una batería de medidas que debería incluirse en el Estatuto y que incluye una medida innovadora para la AEAT pero que ya existe en otros países o en otros ámbitos del Estado: el pago a confidentes. Los inspectores reclaman que la Agencia cuente con fondos para pagar a personas que posean información que permita aflorar economía sumergida o recuperar cuotas defraudadas a Hacienda.

El pago a confidentes se realizaría cuando la información sirva efectivamente para realizar una denuncia por delito fiscal. Los inspectores argumentan que ya existe la potestad para realizar el pago de confidentes en la lucha contra el contrabando, autorizado por la Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 12/2005, de represión del contrabando. "Nos pueden dar información útil para luchar contra el fraude", explican los inspectores.

La Organización también reclama que pueda actuar de incógnito en sus tareas de inspección para facilitar la obtención de información. "Se debería regular claramente un procedimiento de obtención de información sin necesidad de identificación previa por parte de la inspección", ya que "sería un medi oeficaz para la lucha" contra el fraude.

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Además, los Inspectores piden herramientas que endurezcan sus facultades en la lucha contra la corrupción. Entre ellas, reclaman que se tifique como delito y que esté castigado con penas de prisión la "no entrega o falseamiento de datos en la declaración de los bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo". También piden reforzar las medidas para garantizar la confidencialidad de las personas que quieran realizar una denuncia anónima y potenciar a la fiscalía anticorrupción, con más inspectores y técnicos que "auxilien a la fiscalía en la persecución de este tipo de delitos".

Más esfuerzo presupuestario

El presidente de la la Organización de Inspectores de Hacienda, José Luis Groba, ha realizado la exposición de la propuesta para el Estatuto de la AEAT en el congreso anual que celebra IHE, celebrado este año en Sevilla. Ahí ha reclamado un esfuerzo presupuestario para potenciar la lucha contra el fraude fiscal, un esfuerzo que además es rentable para las arcas públicas. Cada euro destinado al pago de nóminas de inspectores genera un retorno (medido como recaudación líquida de la Agencia Tributaria) de casi 10 euros.

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Dada la rentabilidad de la inversión en inspectores, la Organización no entiende por qué se recortó en el año 2002 la asignación anual que percibe la Agencia Tributaria. Hasta entonces, se revertía el 18% de la recaudación líquida de la AEAT y, a partir de ese momento, solo el 5%. Según los cálculos de los Inspectores, si se recuperase el 18% se podrían contratar a unos 3.000 funcionarios más, lo que permitiría elevar la recaudación de la Agencia en unos 1.122 millones de euros anuales. "Con cualquiera de las simulaciones se comprueba la enorme rentabilidad de dotar de mayores recursos a la Agencia Tributaria", asegura la Organización.

La Agencia Tributaria ha tenido 11 directores diferentes en sus 25 años de vida, nombrando cada uno de ellos a su equipo

Los inspectores también reclaman nuevas medidas para despolitizar la Agencia Tributaria, ya que cuando se produce un cambio de Gobierno, se nombra a un nuevo director general y este modifica a su vez toda la cúpula directiva. "La Agencia Tributaria ha tenido 11 directores generales diferentes a lo largo de sus 25 años de funcionamiento, nombrando cada uno de ellos a su equipo", ha lamentado Groba. Por ello, la Organización reclama que el Estatuto incluya que el director general sea nombrado por mayoría cualificada del Parlamento y tenga estipuladas cuáles son las condiciones de su cese, para que no pueda ser por razones políticas.

De esta forma se conseguiría dar un caracter técnico y despolitizado a la Agencia Tributaria, explican los Inspectores. De hecho, las competencias sobre la AEAT que tiene actualmente el secretario de Estado de Hacienda deberían pasar al director general, de modo que el organismo sea completamente independiente del control del Gobierno.

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