El abandono a los funcionarios del Estado en Cataluña: "Muchos pensamos en el traslado"

Cuando a Vicente Fenellós le presentan a alguien que no conoce, dice que es abogado. No miente. Solo quita una parte importante a su empleo. Vicente es abogado, pero abogado del Estado. Y está destinado en Barcelona. Son solo 19 en Cataluña defendiendo al Estado en tribunales y emitiendo informes jurídicos para la Delegación del Gobierno. “Cuando alguien me pregunta y no sé quién es, prefiero no dar detalles”.

Vicente pertenece a una especie que ha menguado con los años y que ahora sufre con el 'procés'. Son funcionarios del Estado en Cataluña: fiscales, jueces, inspectores de Hacienda, secretarios municipales… Cuatro de ellos explican sus problemas ante el proceso de independencia. Un secretario municipal resume: “El Estado lleva tiempo abandonándonos y ahora se nota”.

Diego Villafañe es fiscal en Hospitalet, pegado a Barcelona, y ha decidido hablar. “Puedes citarme, la gente está perdiendo el miedo”, explica este miembro de la Unión Progresista de Fiscales en la sede de la Ciudad de la Justicia. En las puertas hace unas semanas hubo una concentración independentista de protesta contra las primeras detenciones por el referéndum ilegal. Villafañe, natural de León, lleva 10 años en Cataluña, donde se casó y ha tenido familia. “Hay una gran fractura social, Cataluña está partida en dos y tiene muy difícil arreglo. Hemos tenido concentraciones ahí abajo con un cariz intimidatorio claro. Gritaban: ‘Fuera justicia española, fuera las fuerzas de ocupación'. Somos un baluarte del Estado aquí y nos sentimos desamparados”, explica.

"Somos un baluarte del Estado aquí y nos sentimos desamparados”, explica un fiscal

Los jueces y fiscales son funcionarios del Estado por una oposición nacional. Según la puntuación que obtengan, eligen destino. Por eso en Cataluña hay mucho funcionario procedente de fuera —y no 'indepe'—, no como en los cuerpos autonómicos. En la Fiscalía de Hospitalet la inmensa mayoría nacieron fuera de Cataluña. Aunque la revolución catalana insiste en que todo se basa en la palabra y en la no violencia, está plagada de gritos y actitudes intimidatorias. El pasado martes, durante la huelga general remunerada, los piquetes cerraban centros comerciales al grito de "no llevamos armas” y una de las consignas más repetidas es “las calles serán siempre nuestras”, sin que muchos jóvenes vean ningún problema en ese 'nuestras'.

Los que no tienen las calles son los no independentistas. Ante la tensión creciente, muchos se plantean solicitar otro destino. “Evidentemente que la mayoría de nosotros hemos pensado en pedir el traslado. Tendríamos trabajo, pero no sé por qué me voy a tener que ir yo de Barcelona, que ya es mi ciudad y donde tengo la familia”, critica Villafañe, que añade: "Puedes hablar de esto con tu familia, pero con tu familia nuclear directa, y con los compañeros del trabajo. Y ya".

"Policías y guardias civiles se irán, pero nosotros nos quedamos", cuenta un juez de lo Social

Las competencias de Justicia están transferidas, así que las sedes, el sistema informático y otros funcionarios son de la Generalitat. En la Ciudad de la Justicia, algunos de estos funcionarios autonómicos bajaron a manifestarse por las detenciones —ordenadas por un juez— contra sus compañeros. Otros hicieron la huelga general del martes, ya que la Generalitat no les descontaba la parte de su sueldo.

Muchos de estos funcionarios del Estado tienen formación jurídica y ven con una mezcla de asombro y desesperación la aprobación de la independencia con un marco declarado ilegal. "Para una persona de leyes, el 'procés' se lleva francamente mal porque es un sinsentido jurídico", razona el abogado del Estado, que llegó a Barcelona procedente de Valencia hace nueve años. Vicente cuenta que no ha afectado a sus relaciones personales, más allá de camuflar a veces su condición de abogado del Estado o de simplemente evitar el tema con amigos. A menudo se enfrentan en los tribunales con los letrados de la Generalitat, un cuerpo mucho más numeroso. Este afirma que no tienen ningún problema entre ellos: "Los letrados de la Generalitat son tan profesionales y válidos como nosotros. De hecho, muchos prepararon oposiciones a abogado del Estado y actualmente son letrados de la Generalitat. Ha habido cenas con ellos y buen trato".

La Abogacía del Estado aquí se dedica, además de a representar a la Agencia Tributaria en los casos de delito fiscal como los de Messi, a impugnar decisiones de la Generalitat o de ayuntamientos: desde no poner banderas españolas, acuerdos municipales para financiar la Asociación de Municipios Independentistas (AMI), la creación de la Agencia Catalana del Medicamento o la Agencia Tributaria propia. En otras comunidades tiene más atribuciones, como las multas de tráfico, pero aquí está cedida la competencia. Conforme el Estado ha ido cediendo competencias, el número de funcionarios con una oposición nacional menguaba.

Donde más se nota es en la Cataluña interior. En zonas rurales, donde hay una abrumadora mayoría independentista. Es en uno de esos pueblos, Arenys de Munt, donde surgió la primera consulta a favor de la independencia. "En muchos pueblos hay un notario, un registrador y los secretarios municipales como único resto del Estado central", cuenta un secretario municipal que pide el anonimato. Él vive en un pueblo pequeño y ha sufrido momentos tensos. "En un pleno en el que se votaba la adhesión a la AMI, tuve que levantarme y decir que era ilegal. Estaba el salón lleno de gente de la CUP, que me abucheó. El alcalde ahí me defendió. Aunque no estamos de acuerdo, no nos llevamos mal. Dijo que yo estaba haciendo mi trabajo".

En muchos pueblos hay un notario, un registrador y los secretarios municipales como único resto del Estado central

Este secretario municipal cuenta que muchos compañeros suyos que llegaron de fuera de Cataluña se han ido poco a poco, pidiendo traslados. De forma que muchos de los que van quedando simpatizan con el independentismo. Cuando los ayuntamientos se debatían entre si podían o no ceder locales públicos para el referéndum declarado ilegal, hubo secretarios municipales independentistas que buscaron una interpretación para permitirlo. Después, la Diputación de Tarragona transmitió las instrucciones de la AMI a todos los secretarios para no colaborar con la Fiscalía con el argumento —jurídicamente defendible— de que ya había una investigación judicial abierta y que por tanto la Fiscalía tenía que apartarse.

La ley de transitoriedad aprobada por el Parlament establece que con la independencia todos los funcionarios pasarían a depender de la Generalitat o, si no quisieran la nacionalidad catalana, tendrían que pedir otro destino. Un juez de lo Social de Barcelona que no quiere dar su nombre se lo toma a broma. "Ni me la he leído. Eso no va a pasar". Este juez coincide en que "hay una creciente sensación de desamparo" entre los funcionarios del Estado en Cataluña. "Nos preocupa la situación de desbordamiento del orden constitucional, la pérdida de confianza en la que hasta ahora era nuestra policía judicial, y la situación en que quedaremos después de esto como representantes del poder del Estado, al ver cómo se está fracturando la sociedad".

Los policías y guardias civiles destacados estos días en Cataluña han sufrido escraches y han sido la cara visible de un problema mayor. "Ellos se irán, pero nosotros nos quedamos", resume este juez, que no piensa de momento en moverse: "Llevo unos años muy buenos aquí y he estado muy a gusto y quiero seguir estándolo. Confío en que se arregle". Lo que tiene difícil solución es la quiebra de la confianza en los Mossos tras su pasividad el 1-O. Este magistrado no se imagina en sus tiempos al frente de un juzgado de instrucción que no pudiera confiar en la policía autonómica como policía judicial: "Trabajaban muy bien y con profesionalidad. Ahora ya...".

Uno de los consultados lamenta que hasta ahora la respuesta haya sido solo policial y judicial. Y ahora que el Gobierno se plantea aplicar el artículo 155 de la Constitución, este funcionario de la Administración General del Estado se pregunta: "¿Quién y cómo va a aplicar eso en Cataluña? ¿O lo van a llevar desde Madrid?".