Romeva asegura que los funcionarios no seguirán órdenes del Gobierno de Madrid

El consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña, Raül Romeva, ha dicho este lunes que los funcionarios en Cataluña "no seguirán órdenes de Madrid", sino que obedecerán a las instituciones catalanas electas si el Gobierno central asume competencias autonómicas. El independentista contradice así lo dictado por el Consejo de Ministros este sábado, cuando anunció que el sector público catalán pasará a manos de la Administración central.

Romeva afirmó en una entrevista en el programa político 'Today' de BBC 4 que "el pueblo ha decidido democráticamente durante años el Gobierno que quiere, el Parlamento que quiere", por lo que estas instituciones "se deben preservar". "Nadie más que el pueblo tiene el derecho de cambiar esas instituciones", indicó Romeva. Durante la entrevista, el consejero insistió en que el debate en Cataluña no versa "sobre independencia, sino sobre democracia", y defendió el derecho de los catalanes a decidir su destino.

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El Gobierno español inició el sábado pasado los trámites legales para asumir temporalmente las competencias de la autonomía catalana y restaurar el orden constitucional, en respuesta al desafío independentista del Gobierno regional de Cataluña. El plan de gobierno de Mariano Rajoy, que debe ser aprobado el viernes próximo por el Senado en aplicación del artículo 155 de la Constitución española, contempla la celebración de elecciones autonómicas antes de seis meses. En la entrevista, Romeva también consideró innecesaria la celebración de nuevas elecciones, dado que el pueblo catalán ya votó en 2015 en unos comicios en los que ganó la actual coalición soberanista.

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No habrá sanciones contra los funcionarios

El acuerdo del Consejo de Ministros remitido al Senado contempla además la posibilidad de que desde la Generalitat se presione a los empleados públicos para incumplir las normas dictadas desde la nueva Administración. En este sentido, Moncloa ha asegurado que cualquier sanción contra los funcionarios que se pueda tomar hasta que el control de la Generalitat sea efectivo será nula de pleno derecho.

El Gobierno se ampara para ello en el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece que la Administración de la Generalitat es la organización que ejerce las “funciones ejecutivas” y, por tanto, tiene la condición de Administración ordinaria de acuerdo con lo que establecen el Estatuto y las leyes, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Administración local.

A partir de la aplicación del 155, sin embargo, esas competencias pasan a los ministerios correspondientes de la Administración central, que no solo podrán nombrar y destituir a los altos cargos públicos libremente, sino que, además, podrán extinguir o liquidar cualquier departamento o ente público ahora en funcionamiento que se niegue a obedecer las normas aprobadas por la nueva Administración.

La medida afecta a todos los ámbitos de la Administración catalana: entes y sector público empresarial. Y pretende que ningún recurso público vaya a amparar o financiar el independentismo. En todo caso, supone que la nueva Administración podrá destituir a cualquier cargo público catalán cuando lo considere oportuno. Y, lógicamente, nombrar a quien considere, igualmente, oportuno. Los nombramientos se producirán en los próximos días, y será cada ministerio el que decida su política de nombramientos.