La intervención de la Generalitat genera múltiples paradojas

El mes en que Cristóbal Montoro le pagará la nómina a Carme Forcadell

La discrecionalidad de Hacienda congela numerosos pagos, pero no afecta a los salarios, incluyendo los de los parlamentarios catalanes, que se pagarán de manera automática

Foto: La presidenta del Parlament, Carme Forcadell. (EFE)
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell. (EFE)

Este mes de octubre pasarán prodigios. Será como decían en el final de 'Blade Runner': “he visto cosas que no creeríais”. Uno de esos prodigios será que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pagará la nómina al icono de la movilización independentista, a la presidenta del Parlament y símbolo de la ANC, Carme Forcadell. A ella y al resto de los 134 diputados de la Cámara catalana. Esto se debe a que el Parlament se encuentra entre los 300 entes públicos, sociedades mercantiles y organismos administrativos que quedan sujetos al control de la intervención de la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda, que es efectiva desde el pasado miércoles a las siete de la tarde.

La Generalitat se queda sin ningún margen de operaciones económicas. Toda la responsabilidad queda en manos de la interventora general, Rosa Vidal Planella, lo que aísla al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de su cuerpo de funcionarios. Así, todo queda en manos de la discrecionalidad del Ministerio de Hacienda.

Pero esa discrecionalidad no afecta a los salarios, incluyendo los de los parlamentarios, que se pagarán de manera automática, si bien puede haber algún orden de prelación, y que los funcionarios tengan mayor prioridad que otro tipo de trabajadores públicos. De manera que una cámara como el Parlament de Catalunya, con mayoría independentista y con 10 diputados de la CUP, verá cómo los salarios de los diputados acaban dependiendo en última instancia del Gobierno del PP. Las nóminas se cobran en la Generalitat y su entorno público alrededor del día 26 de cada mes, pero algunos funcionarios ya recibieron su nómina ayer.

La intervención de la Generalitat carece de base legal. Fuentes de la Conselleria de Economía advierten de que todavía se intentará algún tipo de actuación ante los tribunales para revertir la intervención, más allá de las medidas cautelares que se han solicitado ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas descartan las posibilidades de éxito más allá de cuando se produzca el fallo sobre el fondo de la cuestión, dentro de unos dos años, por los tiempos con los que trabaja el Tribunal Supremo.

El mecanismo funciona como el FLA. La Generalitat enviará una serie de registros al Ministerio de Hacienda, hasta alcanzar los 1.460 millones que suman los adelantos del sistema de financiación autonómica. Esos registros serán verificados por Hacienda y entonces se autorizará el pago. En este momento, todavía no se sabe si el dinero lo abonará el ICO a los bancos que controlan la tesorería de la Generalitat —BBVA y CaixaBank— y estos abonarán el salario de Carme Forcadell y del resto de funcionarios de la Generalitat y de trabajadores de los diversos organismos públicos, o si el ICO lo hará de forma directa en las cuentas donde cada cual tenga domiciliada su nómina.

La intervención no solo afecta a los adelantos del sistema de financiación. A través del sistema de control de pagos también se congela la tesorería de la Generalitat, los fondos que tenían en cuentas bancarias.

Posición privilegiada

Aunque la Generalitat no ha querido hacer pública la cifra, fuentes financieras conocedoras de su posición de caja cifran la posición de tesorería de la Administración catalana en el momento de la intervención en más de 2.000 millones de euros. La paradoja es que cuando mejor estaba la posición de liquidez de la Generalitat, gracias a que la mejora de la economía había hecho que se recuperasen los ingresos por tributos propios, va el Ministerio de Hacienda y congela las cuentas.

La intervención ha pillado a la Generalitat con más dinero del que nunca había tenido en los últimos cinco años: más de 2.000 millones en caja

Esta posición era muy buena. Como referencia, hay que recordar que a cierre de 2016, las existencias de tesorería de la Generalitat sumaban 1.036 millones. Es decir, ahora hay más del doble. Y fuentes financieras apuntan que por virtud del sistema de control de pagos puede incrementarse todavía más de aquí a final de año, puesto que la tutela de Hacienda hará que se gaste menos, mientras que los ingresos por los tributos propios de la Generalitat seguirán creciendo y engordando la posición de caja. Otra paradoja: los políticos catalanes nunca pudieron disponer de más fondos en los últimos cinco años, pero justo ahora no pueden tocarlos.

Esta posición tan saneada ha permitido a Junqueras y su equipo pagar las nóminas de los funcionarios este mes, antes de lo que es habitual. Esto supuso que la interventora pidió permiso a Hacienda para abonar 340 millones y pagar con ellos los salarios de los funcionarios directos, dejando al margen al resto del personal público. Una vez recibida la certificación del ministerio, al comprobarse que no se iba a gastar en el referéndum, Junqueras pagó las nóminas directamente de la caja, en lugar de hacerlo de la partida que cada mes adelanta el Gobierno —1.460 millones— a cuenta del sistema de financiación. Fuentes de la 'conselleria' han explicado que lo han hecho así para que no hubiese retrasos provocados por posibles problemas burocráticos.

A la búsqueda de excepciones

Aunque la prioridad sea el denominado referéndum del 1-O, una buena parte del trabajo de la Conselleria de Economía será buscar grietas a través de las que agilizar pagos para que la Administración catalana no colapse.

El mes en que Cristóbal Montoro le pagará la nómina a Carme Forcadell

El propio BOE en su publicación de este jueves apuntaba sobre la implementación de la intervención que, “excepcionalmente, el Ministro de Hacienda y Función Pública, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Autónoma, podrá autorizar la revocación parcial del presente Acuerdo de no disponibilidad, autorizando la correspondiente aprobación y compromiso de nuevos gastos, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad”. Por tanto, los propios impulsores de la intervención reconocen que tendrán que hacer numerosas excepciones para mantener el principio de empresa en funcionamiento.

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