Puigdemont cambió la ley en julio para que la Generalitat costeara sus abogados

En julio de 2017, dos meses antes del referéndum del 1 de octubre, el Govern liderado por Carles Puigdemont metió el acelerador. Había transcurrido un mes desde el anuncio de la fecha de la consulta que iba a llevar a las urnas la ruptura con España y el 'expresident' inició una labor de blindaje del 'procés' en varios frentes. El más evidente fue la crisis de Gobierno que provocó la salida de los 'consellers' menos comprometidos con la línea de desobediencia a las resoluciones del Constitucional que empezaba ya a atisbarse. Pero hubo otros cambios. Entre ellos, el 25 de julio, el departamento de la Presidencia aprobó un acuerdo destinado a blindar la defensa legal de los "miembros del Govern y los altos cargos".

El Confidencial ha tenido acceso al documento en el que se amplían los supuestos de defensa previstos en la ley relativa a la organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña. Esta norma prevé que el abogado de la Generalidad asuma la defensa de los miembros del Gobierno, de los altos cargos y de los funcionarios por actos u omisiones cometidos en el ejercicio del cargo en determinados supuestos.

El acuerdo del verano especifica que esta representación letrada en defensa de los aludidos podía ir más allá. "Podrá ser ejercida por abogados externos en los supuestos de procedimientos ante cualquier orden jurisdiccional", dice. La aprobación de esta orden coincidió, según las fuentes consultadas, con un cambio en los responsables de los servicios jurídicos del Govern. Las titulares fueron cesadaa, entre ellas la jefa y la directora del Gabinete Jurídico, y fueron sustituidas por personas de confianza de entorno independentista. "Gente afín", concretan.

La intención del acuerdo era la de garantizar, a cargo de la Generalitat, el pago de letrados ajenos a la estructura de la comunidad autónoma, por lo que pudiera suceder y con el antecedente de la causa por la consulta del 9-N. Lo sucedido en esta primera votación declarada ilegal provocó este deseo de Presidencia de abrir el abanico de posibilidades de protección en el último tramo del proceso de independencia que desembocó en la DUI.

También los empleados públicos

El acuerdo se amplió también a los empleados públicos de la Administración, un sector especialmente sensible. La disposición incidía entonces en dos tipos de delitos recogidos en el Código Penal, en concreto el deber de denunciar delitos ajenos, el abandono del destino o del servicio público. En aplicación de la norma de 1996 que regula este campo, el escrito introduce la obligación de requerir autorización para hacer uso de esta prerrogativa.

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A. Fernández. Barcelona

Así, implementó para llevar a cabo este control la necesidad de obtener un informe previo de una comisión constituida por los nuevos titulares de los servicios jurídicos —los mismos que acababan de ser designados— de la Dirección General de Asuntos Contenciosos y de la secretaría general del departamento afectado. Si la contratación de abogados "externos" fuera ordenada por este departamento en cuestión, léase consejería, debía seguirse "el procedimiento previsto en la normativa vigente en materia de contratación pública", agrega.

En la introducción del acuerdo queda clara la motivación de la disposición. "Acuerdo en relación con el derecho de defensa de los miembros del Govern, altos cargos y empleados públicos", indica. El acuerdo se aprobó solo unos días después de que el entonces presidente del Grupo de Junts pel Sí, Jordi Turull, asumiera la dirección del departamento en sustitución de Neus Munté.

Precisamente este martes, la 'exconsellera' ha declarado como testigo ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Según informan a El Confidencial fuentes presentes en su interrogatorio, Munté ha reconocido que advirtió que se había puesto en marcha una deriva encaminada a la desobediencia, aunque justificó su salida del cargo por el cansancio que arrastraba. "Estaba exhausta", ha dicho.

La Abogacía del Estado esgrimió ante el Tribunal de Cuentas este decreto en el marco de la investigación abierta allí sobre los más de cinco millones destinados a la consulta del 9-N y que afecta al 'expresident' Artur Mas. Los abogados del procedimiento negaron haber percibido en este caso "ni un solo euro" de la Generalitat.