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La Fiscalía belga defenderá hoy la entrega de Puigdemont a España ante 10 abogados
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La Fiscalía belga defenderá hoy la entrega de Puigdemont a España ante 10 abogados

La vista, prevista para las dos de la tarde, es solo el primer paso de un largo periplo, ya que la decisión del juez puede recurrirse ante dos instancias superiores

Foto: Puigdemont en sede Fiscalia belga.(EFE)
Puigdemont en sede Fiscalia belga.(EFE)

La Fiscalía belga reclamará este viernes la entrega a España del expresidente del Govern Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que permanecen en el extranjero al tribunal de Bruselas que debe decidir en primera instancia sobre la orden de detención emitida por la jueza Carmen Lamela. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, el Ministerio Público de Bélgica tiene previsto defender la cesión para que sean investigados en la Audiencia Nacional, que les reclama por cinco delitos: rebelión, sedición, malversación, desobediencia y rebeldía.

Puigdemont y los 'exconsellers' Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret deben comparecer ante el tribunal de primera instancia de Bruselas para la vista por la euroorden cursada por España. Se presentarán, en concreto ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia de Bruselas, que decidirá si ejecuta las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional española el pasado 3 de noviembre contra los cinco exmiembros del cesado Gobierno de la Generalitat de Cataluña. La cita será a las dos de la tarde y transcurrirá a puerta cerrada.

Foto: Carlos Puigdemont. (Reuteurs)

Fuentes de las defensas informan de que la intención de los letrados es cuestionar la reclamación de la jueza Lamela de principio a fin. Un nutrido equipo de abogados, compuesto por 10 letrados de nacionalidad belga pertenecientes a dos bufetes distintos y a la universidad, expondrá al magistrado sus argumentos contra la entrega. Pondrán en duda durante sus intervenciones la "imparcialidad" de la titular del Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional y su competencia para conocer sobre delitos de rebelión y sedición.

Uno de los puntales de la argumentación serán las dudas sobre la existencia de indicios de malversación, otro de los delitos por los que se reclama al 'expresident'. Las fuentes consultadas apuntan que el mismo Tribunal Supremo, en la parte de la investigación por estos hechos que examina el proceder de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la Mesa, dudó en sus autos de que este ilícito esté acreditado en este punto de la instrucción.

Foto: Gimnasio de la cárcel de Estremera.

De hecho, denegó la medida cautelar de fianza de responsabilidad civil de 6,2 millones de euros solicitada por la Fiscalía para los seis exmiembros de la Mesa del Parlament de Cataluña. El magistrado no concedió la medida solicitada "sin perjuicio de que pueda ser acordada, en la cuantía que corresponda, si el contenido de la instrucción que se inicia así lo aconsejara".

Las fuentes citadas precisan además que el transcurso de la vista es imprevisible e incluso se puede suspender o aplazar en caso de que el juez considere que debe reclamar más datos.

El equipo de defensa

Junto con el abogado Paul Bekaert, el equipo jurídico que defiende a los miembros del Gobierno catalán depuesto estará compuesto por una larga lista de letrados expertos en distintas áreas. En la lista, defensores de víctimas de vulneraciones de derechos humanos como Michel Hirsch o Christophe Marchand. También especialistas en derecho penal económico, derecho penal de la Unión Europea o relaciones internacionales.

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Puigdemont y los otros cuatro acusados han permanecido durante los últimos días libres con medidas cautelares. No se les permite viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, deben permanecer localizados a través de una dirección de residencia que obra en manos del juzgado y están obligados a presentarse físicamente siempre que se les convoque.

La comparecencia ante la Cámara del Consejo es solo el primer paso. La decisión del juez instructor puede ser recurrida a dos instancias superiores, aclaran fuentes jurídicas, que explican que el proceso puede prolongarse entre dos y tres meses. En el caso de que este magistrado acceda a la petición de la Audiencia Nacional, Puigdemont y el resto de acusados pueden reclamar ante el Tribunal de Apelaciones y, en última instancia, ante la Corte de Casación.

No se espera que el juez tome la decisión este mismo viernes. Aunque puede hacerlo, se estima que se tomará un tiempo, que suele oscilar entre los ocho y los 10 días, aunque en realidad no hay un plazo fijado. Pude retrasarse, por ejemplo, si decide pedir a España información, como ya ha hecho de cara a la vista. La Fiscalía belga remitió esta semana un cuestionario a la Audiencia Nacional reclamando garantías sobre las cárceles españolas con preguntas sobre el tamaño de las celdas, la comida, las garantías sanitarias y de higiene o las visitas de los familiares. También puede haber retraso si las partes piden más tiempo para presentar sus argumentos.

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Debe tomar en consideración solo aquellos delitos que refleja el Código Penal belga, que reserva su Título I a los atentados contra la forma de Gobierno. En el capítulo en el que también se detallan los atentados contra los miembros de la Corona expone, a partir de su artículo 1054, penas por el intento o la conspiración para modificar el régimen vigente que alcanzan los 15 años de prisión.

Dado que Puigdemont y los 'consellers' cesados fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares por la Fiscalía Federal, no se espera que ahora el juez los envíe a prisión preventiva. Se espera que acudan a la Cámara del Consejo de Bruselas en coche, por lo que podrían evitar ser vistos. La vista es conjunta y en neerlandés, lengua elegida por los afectados para proceder en el proceso, pese a que ninguno la habla.

La Fiscalía belga reclamará este viernes la entrega a España del expresidente del Govern Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que permanecen en el extranjero al tribunal de Bruselas que debe decidir en primera instancia sobre la orden de detención emitida por la jueza Carmen Lamela. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, el Ministerio Público de Bélgica tiene previsto defender la cesión para que sean investigados en la Audiencia Nacional, que les reclama por cinco delitos: rebelión, sedición, malversación, desobediencia y rebeldía.

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