Fianzas millonarias y 8 años de cárcel: la pinza de TC y Fiscalía contra el referéndum

La Justicia ha descargado todo su arsenal frente a los planes de las fuerzas independentistas de celebrar el 1 de octubre un referéndum separatista. La acción combinada del Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado ha sembrado de clavos el camino hacia la consulta para Carles Puigdemont, su Gobierno y sus fuerzas en el Parlament, que se enfrentan ahora a castigos penales por sus actos que van desde el pago de fianzas hasta la suspensión cautelar en sus funciones e incluso la inhabilitación durante toda su vida política, un máximo de 20 años. La pena más grave por los delitos que le imputa el Ministerio Público es la prisión que, para la malversación, puede ser de hasta 8 años.

La primera en abrir fuego fue la Fiscalía dirigida por José Manuel Maza que anunció, horas antes de la votación en la cámara parlamentaria catalana de la ley del referéndum, que pensaba querellarse contra la presidenta Carme Forcadell y los cuatro miembros de la Mesa Lluis Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet. Horas más tarde, tras el sí de los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP a la aprobación de la norma y de los decretos de convocatoria y desarrollo, avisó de que preparaba una segunda querella contra Puigdemont y sus 14 consellers. Formalizó la presentación de ambos escritos este viernes y lo hizo -por primera vez en relación con la deriva independentista- de oficio.

Bajo la lupa del Ministerio Público están 'los dineros' que se destinan al 'procés', al menos 6,2 millones de euros de partidas presupuestarias,según los cálculos de la Abogacía del Estado. En este caso cuenta con la inestimable cooperación del Ministerio de Hacienda que vigila de cerca cualquier financiación sospechosa que proceda de fondos públicos.

Desde el pasado miércoles han transcurrido tres días plagados de escritos. El jueves entró en escena el TC que, a petición del Gobierno de Mariano Rajoy, admitió a trámite un total de cuatro recursos y dos incidentes de ejecución de sentencia y escenificó con ello el fin legal de los planes para poner las urnas. Todo el andamio que fue montando el Govern a lo largo de la caótica sesión parlamentaria del miércoles quedó tumbado tras hora y media de deliberación. De regalo, la advertencia escrita que se entregará en mano de que pueden incurrir en responsabilidades penales si desobedecen. Aunque el Ejecutivo nacional todavía no ha usado este as, la ley que regula el tribunal de garantías prevé otros mecanismos para forzar la obediencia a sus mandatos: multas de hasta 30.000 euros, la suspensión de sus cargos y la suplantación de sus funciones si es necesario.

El TC y la Fiscalía han implicado en la obligación de obedecer la ley a otras 1.000 personas. Aquí se jugará la batalla para impedir la votación del 1-O

No obstante, esta descarga de artillería judicial no afecta solo al Govern y la Mesa del Parlament. En un segundo nivel, tanto el TC como la Fiscalía han implicado en la obligación de obedecer la ley a otras 1.000 personas. Será en este campo donde se juegue la verdadera batalla para impedir la votación del 1-O. Los cinco síndicos que componen el órgano que hace las veces de Junta Electoral, serán avisados de que pueden violar la ley si llevan a cabo la función que les ha encomendado la Generalitat. Lo mismo pasará con las seis decenas de cargos políticos vinculados, más cerca o más lejos, con el desarrollo de la consulta.

Los alcaldes, en el centro de la batalla

Los alcaldes de todos los municipios de Cataluña recibirán la orden, desde las dos vías, de que deben evitar cualquier acto que facilite el referéndum y, de forma específica, no pueden ceder recursos para celebrarlo, en concreto locales. En uno de los mayores golpes para el procés, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau ya ha anunciado que no cederá dependencias municipales.

Los medios públicos han sido advertidos, también por la 'pinza' fiscal y judicial, de que no pueden emitir anuncios de campaña. Lo mismo los Mossos d' Esquadra a los que ya se ha ordenado directamente que retiren cualquier elemento que pueda ser utilizado en un hipotética votación. El Ministerio Público también quiere cortar las alas a posibles voluntarios. Ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que cierre las páginas webs que se emplean para que cualquiera que quiera colaborar, se apunte.

El catálogo de delitos que se imputa por el momento a los cabezas de cartel puede ampliarse en función de los pasos que den en los próximos días. Coacciones si obligan a cualquier ciudadano a incorporarse a una Mesa Electoral o fuerzan a un edil a prestar sus locales. Usurpación de funciones si ejercen funciones que les han sido prohibidas. Fuentes jurídicas avisan de que el delito que lleva aparejada la pena más grave, el de sedición, podría también entrar en escena si se producen tumultos.