La Generalitat castigará a las grandes empresas de renovables con nuevas trabas

La Generalitat castigará a las grandes empresas de renovables con nuevas trabas legales, con un nuevo decreto que entra hoy y está previsto que se apruebe en el Consell Executiu para enviarse a su ratificación al Parlament. En teoría, el decreto es para impulsar la generación de renovables en Cataluña, según ha vendido la 'consellera' de Agricultura i Acció Climàtica de la Generalitat, Teresa Jordà. En la práctica, se impondrán más trabas, como que unos 500 proyectos que se encuentran en fase de tramitación han de volver a la casilla de salida o que las grandes empresas del sector verán ralentizados sus tiempos de gestión legal. Ninguna sorpresa, ya que Pere Aragonès ha encargado a Teresa Jordà el relanzamiento de la energía limpia en Cataluña, cuando esta 'consellera' fue en la anterior legislatura la punta de lanza que paró todos los proyectos.

Este es el segundo intento en dos años de intentar recuperar el tiempo perdido en Cataluña con las energías renovables, ya que esta comunidad se encuentra a la cola en el fomento de energías limpias —solar y eólica—. En 2019, la 'consellera' Àngels Chachón ya cambió la normativa. Para ello, creó una comisión que se denominaba Ponencia de Energías Renovables. Allí se tumbaron más del 60% de los proyectos presentados, muchos de ellos por el veto de Agricultura, 'conselleria' que entonces encabezaba Teresa Jordà. Uno de los cambios que aplica el decreto es que desaparece la ponencia, pero se ponen otras trabas.

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Ahora se vuelve a cambiar el marco legal con un nuevo decreto. Solo que con mayor solemnidad. Por primera vez en muchos años, un presidente de la Generalitat se implica en la política energética. La pasada semana, Pere Aragonès y Teresa Jordà dieron una conferencia invitando a las empresas del sector para presentar el nuevo entorno, con el compromiso de instalar generación renovable por 10.000 MW hasta 2030 y 70.000 nuevos MW en 2050. Ahora, las renovables suponen el 19% de la energía generada en Cataluña. En dos legislaturas, se quiere llegar al 50%. Fuentes del sector de renovables han calificado estos objetivos de nada realistas.

Se ha dirigido a la Conselleria de Acció Climàtica una batería de preguntas sobre el decreto, pero sus portavoces han optado por no contestar ninguna de ellas.

Alcaldes de ERC

Lo que presenta Teresa Jordà a los alcaldes de ERC, que hasta ahora integraban la vanguardia de los que se oponían a los parques, es una oferta de paz: rebajar las tensiones por los parques eólicos y solares en las comarcas. De hecho, en la presentación de la conferencia, ya hubo pancartas tanto dentro como fuera contra el cambio legislativo. Jordà promete que “pacificará el territorio”. Pero en el sector dudan, ya que la nueva norma no solo se carga la ponencia, también agilizará solo la tramitación de los proyectos consensuados con los propietarios de al menos un 50% de la superficie del terreno donde se quiera levantar un parque eólico o una planta solar fotovoltaica y dará más cancha a los proyectos de autoconsumo y de menos de 5 MW. La Generalitat no ha querido responder a cómo evitará que las grandes empresas acaben llevando estas dos velocidades al contencioso administrativo.

La Generalitat vende el proyecto como una vía de pacificación con los ecologistas

Pero incluso para el modelo de pequeños parques al que se quiere dar prioridad, la pacificación no será tal, según apuntan fuentes del sector, ya que los proyectos llegarán más maduros. El decreto obligará a ofrecer, tanto a particulares y a cooperativas energéticas con al menos 50 socios locales como a personas jurídicas públicas y privadas del municipio o de la comarca, la posibilidad de poder participar en al menos un 20% de la financiación o de la propiedad del proyecto. Se considera esta medida voluntarista, que no habrá capacidad por parte de los pueblos y poderes locales y que en cambio se incrementará la bronca interna.

Cierre nuclear

El nuevo plan de la Generalitat prevé cerrar las nucleares en Cataluña en cinco años. También quiere prescindir del gas y apuesta por el hidrógeno, que en principio se haría en Tarragona. Pero no hay planificación de cómo transportar y almacenar hidrógeno de Tarragona al área de Barcelona, donde está el consumo. La Generalitat tampoco ha respondido a esta cuestión.

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Para pacificar, Teresa Jordà ha de ofrecer algo a cambio a todos esos sectores ecologistas del mundo rural movilizados contra las renovables. Lo que pone sobre la mesa es tumbar la línea de alta tensión de Forestalia, que cruzará toda Cataluña para llevar energía renovable hasta el área metropolitana proveniente de Aragón, que lleva más de una década de ventajas en cuanto al impulso de la generación eléctrica limpia. Forestalia se juega una inversión de 7.000 millones y cuenta con lo que también dice el sector: que los objetivos de la Generalitat no son realistas y menos si los combina con un apoyo a los pequeños proyectos en detrimento de los de mayor tamaño, que son los que pueden desarrollar las grandes compañías.

Que Aragonès se haya implicado de manera personal en la política energética no tiene muchos precedentes. Solo lo hizo Jordi Pujol en 2001, cuando se enfrentó a Endesa y a su número tres de entonces, José Bogas, reclamando más inversiones. La cosa acabó con la Generalitat sancionando a Endesa con seis millones de euros por los apagones y en ese momento el secretario general de Industria era Oriol Pujol. El choque no pudo ser más personal. Desde entonces, ningún 'president' se había implicado. Si Aragonès lo hace, es porque temen que el giro energético en comarcas acabe con fugas de votos a favor de los comunes. Pere Aragonès considera que con su presencia sellará esa vía de agua.