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El giro energético de Aragonès apunta a una nueva crisis de gobierno en la Generalitat
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El giro energético de Aragonès apunta a una nueva crisis de gobierno en la Generalitat

En la nueva Generalitat, que se comerá la línea de Forestalia y el parque eólico marino de Tramontana, tiene difícil encaje una 'consellera' como Teresa Jordà en Acció Climàtica

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE)
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Estas dos semanas han estado marcadas en Cataluña por la presentación del plan de Gobierno de la Generalitat y el primer debate de política general de Pere Aragonès. Bajo la espuma del politiqueo habitual en Cataluña y el entierro de la unilateralidad, se ha producido un movimiento de calado, del modo que le gusta al presidente de la Generalitat: bajo el radar. Como siempre, solo la CUP se ha olido la tostada. Pero Cataluña está dando un giro en su política energética de los últimos 10 años. Para dar ese vuelco y acabar con la moratoria de renovables, que ya dura más 10 años, habrá que pagar un precio y, en sectores empresariales, ya dan por descontado que habrá una minicrisis de gobierno y que saltará la actual 'consellera' de Agricultura i Acció Climàtica, Teresa Jordà.

El sociólogo estadounidense Jeremy Rifkin defiende, en su tesis sobre la tercera revolución industrial, que los grandes saltos en progreso industrial siempre se han dado por la combinación de tres cambios tecnológicos en las áreas de energía, movilidad y telecomunicaciones. Así, la primera revolución industrial habría sido posible por la coincidencia de la invención del ferrocarril, el carbón que alimentaría las máquinas de vapor y el telégrafo. Lo mismo pasó en la segunda revolución: confluyeron el automóvil, el petróleo y el teléfono. Ahora estaríamos en la tercera, donde se suman internet, el coche eléctrico sin conductor y… las renovables. En el Palau de la Generalitat empiezan a ser conscientes de que si Cataluña sigue dando la espalda a las renovables se quedará fuera de esa tercera revolución industrial. Y lo que es peor en clave independentista: la próxima vez que se quiera aplicar una declaración unilateral de independencia, el Gobierno español no tendrá que molestarse en aplicar otro 155. Le bastará con apagar la luz.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. (EFE)

Aragonès conoce el material humano con el que trabaja. Lo anterior no se le puede explicar a buena parte de sus votantes. A esos que ha estado atrayendo la 'consellera' Teresa Jordà, que dio su primera rueda de prensa cuando solo era 'consellera' de Agricultura promocionando la ingesta de leche cruda sin tratar. A esos habituados a que la menor protesta de un concejal de la CUP paralice cualquier infraestructura en un municipio. Por eso el giro energético no solo está detrás de una cortina política. Con prudencia, la Generalitat ha envuelto este cambio en una medida tan espectacular como hueca: la creación de una energética pública, sobre la que no se ha explicado nada de nada. Jordà ha comentado que la generación con la que contará esta nueva comercializadora vendrá de recuperar concesiones de saltos hidroeléctricos en Cataluña. El pequeño detalle de que las concesiones de los saltos de agua son del Estado español y no de la Generalitat siempre se pasa por alto.

No es la única pega que se obvia. La única experiencia en este sentido, la empresa eléctrica del Ayuntamiento de Barcelona opera en la mayor parte de su negocio en la alegalidad desde el año pasado. Factura 68,6 millones anuales que en un 90% son el contrato que mantiene con el propio Ayuntamiento de Barcelona. Pero el 9 de enero de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó el recurso del Ayuntamiento contra fallo del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público que había anulado el concurso púbico en el que se les concedió el contrato, por considerar que se dejó fuera a Endesa y Naturgy de manera irregular. Desde entonces, la operadora de Colau sigue en marcha porque nadie ha interpuesto medidas legales y porque desde la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia están haciendo la vista gorda. Pero es igual. Ahí está la Generalitat agitando los abanicos de su propia empresa pública de energía.

Las pistas

Mientras oculta lo importante, Aragonès ha ido dejando pistas de sus verdaderas intenciones. Debajo de tantos pliegues pueden encontrarse el plano del tesoro en el plan del Gobierno y en su discurso del debate de política general.

“Durante el mes de octubre, se aprobará el nuevo decreto ley sobre energías renovables que nos debe permitir dar un salto adelante, una transición justa, consensuada territorialmente, ambiciosa y con participación social y pública”, explicó en el Parlament mientras todo el mundo escrutaba el texto haciendo conjeturas sobre el referéndum.

"Durante el mes de octubre, se aprobará el nuevo decreto sobre energías renovables"

No fue la única mención del tema por parte de Pere Aragonès. Un poco más adelante: “Las energías renovables son las que nos deben permitir descarbonizar nuestras vidas y reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Vamos muy retrasados y tenemos que hacer un gran salto adelante”. O, dicho de otra manera, cuando cierren las nucleares, Cataluña va a sufrir un grave déficit energético. En 2030 un 32% de la energía que se genere en Cataluña ha de venir de renovables según normativa europea, pero, tras 12 años de parón y la moratoria que se pactó con la CUP y que lleva tres meses vigente —y que equivale a otro año más—, en la Generalitat ya saben que no pueden perder más tiempo.

Forestalia y la superlínea

La transición hacia las renovables es inaplazable, si esta transición no la hacemos nosotros nos la harán desde fuera y siguiendo con el modelo energético extractivista y oligopólico que ha predominado hasta ahora”, dijo Aragonès esta semana en el Parlament. Con el “te lo hacen” el 'president' alude a Forestalia y su inversión de 7.000 millones en una línea de alta tensión que cruce Cataluña para llevar energías de los parques de renovables instalados en Aragón a un mercado catalán que dentro de cinco años estará sediento de energía verde.

Los alcaldes por los que pasa el trazado se oponen a la línea y quieren vetarla a través de prohibir las licencias de obra. Muchos son independentistas, muchos son de ERC, de esos sectores rurales y conservacionistas tan cercanos a Jordà. Los mismos que la respaldaron en la paralización de la ampliación del aeropuerto de El Prat. Lo que esos alcaldes no saben es que Forestalia está negociando ceder el uso de esa línea a REE. Una vez que se cierre ese acuerdo, no tendrán competencias para una infraestructura que será estratégica y de competencia estatal.

Por tanto, Jordà sobra en este Gobierno y así se lo han expresado a Aragonès empresarios del sector. La nueva Generalitat se comerá la línea de Forestalia, porque las nucleares catalanas acabarán cerrando. Del mismo modo, tendrá que asumir el parque eólico marino de 50 MW denominado Tramontana, en las aguas de la Costa Brava, el cual es necesario porque el gran agujero negro en la generación de energía en Cataluña se encuentra en Girona.

La nueva política energética Generalitat convivirá con el parque eólico de Tramonta

La CUP ya ha visto el giro. Y se sienten engañados. Fuentes de la formación anticapitalista ven difícil que pacten el nuevo decreto. Hace tres meses invistieron a Aragonès con un acuerdo que contemplaba la palabra “moratoria”. Ahora la presidencia permanece y la “moratoria” se ha llevado los molinos de viento.

El auténtico poder de un presidente se muestra cuando en los cambios de gobierno sacrifica piezas que parecían insustituibles para obtener objetivos mayores. Para ejemplos cercanos, teclear la palabra “Ábalos” en Google. En el caso de la Generalitat, porque se trata de la última oportunidad para que Cataluña se suba —tarde, pero se suba— al tren de la tercera revolución industrial de Jeremy Rifkin.

Estas dos semanas han estado marcadas en Cataluña por la presentación del plan de Gobierno de la Generalitat y el primer debate de política general de Pere Aragonès. Bajo la espuma del politiqueo habitual en Cataluña y el entierro de la unilateralidad, se ha producido un movimiento de calado, del modo que le gusta al presidente de la Generalitat: bajo el radar. Como siempre, solo la CUP se ha olido la tostada. Pero Cataluña está dando un giro en su política energética de los últimos 10 años. Para dar ese vuelco y acabar con la moratoria de renovables, que ya dura más 10 años, habrá que pagar un precio y, en sectores empresariales, ya dan por descontado que habrá una minicrisis de gobierno y que saltará la actual 'consellera' de Agricultura i Acció Climàtica, Teresa Jordà.

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