Un fondo de Pimco ejecuta una hipoteca sobre la sede social de la cotizada valenciana Cleop

G-SV Sarl, una mercantil luxemburguesa vinculada a la gestora de inversiones Pimco, ha instado a la ejecución de una hipoteca a su favor de la sede social de Compañía Levantina de Edificación y Obras Pública (Cleop), una de las escasas empresas valencianas cotizadas en el mercado continuo. Los representantes en España de G-SV quieren recuperar una deuda que compraron a Bankia en el año 2018 y que tuvo su origen en otro crédito anterior con Bancaja. La hipoteca original, que llegó a ascender a 2,1 millones de euros, fue traspasada en 2018 a G-SV, participada por otra mercantil domiciliada en el país centroeuropeo, G-Holdings, en cuyo accionariado figura uno de los fondos titulados por Pimco.

La intención de ejecutar por impago la deuda —que se redujo a 800.000 euros— ha sido trasladada al juzgado que tramita el concurso de acreedores de Cleop en Valencia y recurrida en reposición por la propia concursada en un escrito fechado el pasado 22 de abril, al que tuvo acceso El Confidencial. G-SV, que ha estado representada en España por Hipoges Iberia —el servicer de KKR para activos inmobiliarios—, quiere subastar el local comercial de 1.268 metros cuadrados del edificio Lisboa de la calle Santa Cruz de la Zarza en el que tiene su domicilio social la empresa de la familia Turró. Sobre el inmueble pesa también una hipoteca de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por importe de 646.000 euros, producto de la suma de una deuda principal pendiente más intereses.

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La actual propietaria del inmueble alega que G-SV perdió la condición de acreedor privilegiado cuando aceptó modificar el cobro de la deuda mediante activos distintos al bien sobre el que recae la hipoteca y que, por tanto, debe sujetarse al convenio de acreedores. Cleop vio suspendida su cotización en el mercado continuo en junio 2012 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuando comenzó a sufrir problemas económicos. Arrastraba un pasivo de 77 millones de euros. En 2014 se dictó un convenio de acreedores que fijaba una quita del 50% y un plazo de siete años para el pago de la deuda restante, si bien se abrió la puerta a la capitalización de parte de esa deuda.

En 2019, se inscribió también una anotación por orden judicial de prohibición de vender o enajenar el local, dentro del marco de congelación de bienes derivados del caso Azud, en concreto, por la investigación a José María Corbín, cuñado de la exalcadesa de Valencia, Rita Barberá. El presidente de Cleop, Carlos Turró, está investigado en ese procedimiento por los pagos realizados a Corbín por su empresa, contratista del Ayuntamiento en los años investigados.

Cleop ha perdido recientemente la batalla en otro de sus frentes judiciales al confirmar el Tribunal Supremo sentencias de instancias inferiores que le obligan a pagar en dinero y no en acciones propias préstamos por importe de 14 millones de euros que tenía con CaixaBank, tal como desveló El Confidencial. Esos créditos estaban garantizados con acciones de otra promotora valenciana, Urbem, fundada por la familia Pastor. Los Pastor y los Turró libran desde hace años una virulenta batalla por el control de Urbem que ha ido decantándose a favor de los primeros. El crédito de CaixaBank fue adquirido por los Pastor, que ya habían ejecutado la garantía, por lo que la sentencia del Supremo, que corrige el convenio de acreedores de Cleop, eleva su participación mayoritaria en Urbem.