El caso Azud y los sms del cuñado de Barberá salpican al núcleo de Catalá y a un cargo de Mazón

Un nuevo informe policial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto al descubierto presuntas gestiones de intermediación en favor de empresas contratistas entre los años 2009 y 2011 del cuñado de la exalcaldesa de Valencia, la fallecida Rita Barberá, con personas que actualmente forman parte del equipo de la actual primera edil, María José Catalá, y un alto cargo adscrito al área de Presidencia de la Generalitat, que comanda Carlos Mazón.

Según los agentes encargados de la investigación, adscritos al área de Delincuencia Económica, José María Corbín, marido de la hermana de Barberá, habría recurrido al actual jefe de gabinete de Catalá, Cristóbal Grau, y al director general de Relaciones con las Cortes, Jorge Bellver, en aquellos años cargos del ayuntamiento, para desatascar proyectos e intermediar en contratos con empresas que previamente habían hecho importantes pagos económicos a su despacho de abogados, como CLEOP o el grupo de Jaime Febrer, el constructor que está en el centro de este caso también por sus vínculos con antiguos cargos socialistas.

El informe elaborado por los agentes, al que tuvo acceso El Confidencial, basa sus conclusiones en los mensajes de sms que Corbín intercambió con concejales y responsables municipales durante los años investigados. La investigación judicial, no obstante, tendrá que determinar si hay indicios de responsabilidad penal de estas personas, toda vez que el tráfico de influencias tiene un plazo de prescripción de cinco años. En cuanto, al cohecho y la prevaricación, la causa ya apuntó a Bellver por la presunta recepcción de relojes de lujo por parte de Febrer entre 2005 y 2007, pero la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 13 no ha llegado nunca a reclamar su imputación.

TE PUEDE INTERESAR

El cuñado de Rita Barberá cobró 1,7M de una contrata millonaria de Acciona en Valencia

Víctor Romero. Valencia

La UCO ha localizado varias comunicaciones entre 2010 y 2011 entre Corbín y Cristóbal Grau, entonces concejal de Deportes en el equipo municipal de Barberá, en los que el segundo le conmina a ponerse en contacto con el que era Jefe de Servicio de Infraestructuras de la Fundación Deportiva Municipal, Ricardo Cerezo. "Que llamen a Ricardo Cerezo el lunes", le escribe Grau a Corbín. Según los agentes, Cerezo era una persona cuya actividad en el ámbito de la función pública "incide notoriamente en la ejecución de dos contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Valencia a la mercantil Cleop", que se encontraba "efectuando pagos a Corbín Abogados", dice la UCO.

Los agentes se refieren en concreto a dos contratos relacionados con las conocidas como Naves de Cross en Valencia. El primero de ellos relativo a su rehabilitación (adjudicado en 2009 por un importe de 3,9 millones de euros) y el segundo ligado con la construcción en las mismas de un polideportivo (adjudicado en 2010 por importe de 4,7 millones y modificado posteriormente hasta los 5,3 millones). "Resulta relevante que, tan solo unos días después de la adjudicación por parte del Ayuntamiento del segundo contrato (construcción polideportivo), Cleop efectuó un pago a Corbín Abogados por importe de 34.800 euros", señala el trabajo policial. Además, poco tiempo después, en noviembre de 2011, se produce el primero de los pagos de una secuencia de 12 efectuados por Cleop al bufete del cuñado de Barberá por importe unitario de 8.024 euros.

"Todo va bien falta parte económica", le escribe Cristóbal Grau al cuñado de Rita Barberá

Sobre el contrato del polideportivo, los agentes señalan que Cristóbal Grau fue quien suscribió la moción que dio inicio a la tramitación del expediente, así como las mociones que arrancaron la tramitación de las prórrogas de ejecución o la modificación del contrato. Por su parte, Ricardo Cerezo suscribió los pliegos de prescripciones técnicas que regían el contrato, efectuaba el informe de valoración de las ofertas de aquellos criterios que no se rigen por fórmulas, o informaba sobre el proyecto y su modificado que, por otro lado, "también resulta relevante destacar, implica un incremento de precio exactamente coincidente con la baja efectuada por Cleop con respecto al presupuesto de licitación", explican los investigadores. En uno de los sms, fechado en mayo de 2011, Grau le escribe a Corbín: "Todo va bien falta parte económica ya te digo, no vi tu sms".

TE PUEDE INTERESAR

El yate Hakuna Matata y la tarjeta de El Corte Inglés, la vida a tope del cuñado de Barberá

Víctor Romero. Valencia

Los investigadores ponen el acento en que tanto Grau como Cerezo tenían un papel relevante en la ejecución de un contrato adjudicado, y señalan que no hay evidencias de que los pagos de Cleop a Corbín obedeciesen a ningún servicio profesional como abogado, de ahí que deduzcan que estaban relacionados con su labor de intermediación con los cargos del ayuntamiento. A preguntas por El Confidencial, fuentes del actual gobierno municipal no han querido hacer ningún comentario sobre el contenido de la investigación y las conversaciones del jefe de gabinete de la alcaldesa. Tampoco desde la Generalitat han querido hacer ningún comentario.

La secuencia de sms interceptados del teléfono de Corbín también incide en conversaciones con concejales de aquella época como Félix Crespo, Alfonso Novo, actual gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), y Jorge Bellver, que en el periodo bajo investigación era edil de Urbanismo y Vivienda y ahora ocupa el cargo de director general de Relaciones con las Cortes de la Generalitat. "Jaime Febrer propone una solucion para el Levante UD. Alfonso (Grau) y Cristóbal (Grau) ya lo saben. Cuando quieras te lo contarnos (sic). Una tía del salvem se ha encaprichado contigo. A ver qué haces", le escribe en un SMS en marzo de 2010 Corbín a Bellver. Y éste le contesta: "De mi no se encaprichan ni las del salvem. Estoy fuera del mercado. De lo otro, algo se (sic) estoy hablando con el Levante. Ya te diré...".

TE PUEDE INTERESAR

Compromís y Podemos dejan solo a Puig y votan con el PP investigar Azud antes del 28M

Víctor Romero. Valencia

Los investigadores señalan que el Levante Unión Deportiva había abonado al despacho del cuñado de Barberá 162.400 euros en 2005 coincidiendo con el plan para la reclasificación de los solares del estadio, a través de una reparcelación forzosa vía modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia. En las fechas en que se producen las conversaciones interceptadas por la UCO, el empresario Jaime Febrer tenía conversaciones abiertas con la sociedad deportiva, que en ese momento se encontraba en situación de concurso de acreedores, para el desarrollo urbanístico de parte de las parcelas con el fin de poder ser recalificadas como uso residencial y obtener un aprovechamiento económico. Febrer también había realizado pagos a Corbín, en su caso a través de la factura de minutas mensuales de 3.000 euros. Sin embargo, la firma de un posible convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Valencia no llegó a materializase.

De los mensajes también se deduce que el cuñado de Barberá había estado asesorando al actual director general de la Generalitat en un procedimiento judicial en su contra por presunta prevaricación del que salió finalmente absuelto.