Compromís y Podemos dejan solo a Puig y votan con el PP investigar Azud antes del 28M

Despedida marcando distancias con el PSPV-PSOE. Así han cerrado la legislatura Compromís y Unidas Podemos. Los socios del barón socialista Ximo Puig en la Generalitat respaldaron este jueves la creación de una comisión de investigación sobre el llamado caso Azud, en el que se investiga un presunto delito de cohecho del que fue extesorero de la federación valenciana, José María Cataluña, y falsedad documental en aportaciones económicas de empresarios a proveedores electorales en las campañas locales y generales de 2007 y 2008. La causa nació a raíz de una investigación sobre cobros a empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia por parte del abogado José María Corbín, cuñado de la entonces alcaldesa, la ya fallecida Rita Barberá. Y salpica también al que fue su teniente de alcalde, Alfonso Grau, y al actual vicepresidente de las Cortes Valencianas, Jorge Bellver, ambos del Partido Popular.

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Pese a esa naturaleza trasversal, los populares llevan semanas poniendo el foco en la vertiente socialista de la causa. Propusieron la creación de una comisión de investigación en el Parlamento autonómico, algo que también quieren hacer en el Congreso de los Diputados. Este jueves se votaba en la cámara valenciana la iniciativa, que ha recibido el respaldo de todos los grupos (también Ciudadanos y Vox) menos los socialistas.

El voto favorable de dos de las dos patas del Botànic se ha producido tras una negociación entre la portavoz popular, María José Catalá. Compromís quería que se hiciera mención también a la posible financiación irregular de los populares. La temática original de la comisión que proponía el PP era “sobre el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de proyectos urbanísticos y contratos públicos, investigados en el caso Azud, así como la posible financiación irregular del PSPV”. Finalmente se ha reformulado la frase final del texto con un "así como la posible financiación irregular del PSPV o cualquier otro”.

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Lo cierto es que, pese a los indicios de pagos de empresarios a proveedores electorales de los socialistas valencianos en las campañas de María Teresa Fernández de la Vega como cabeza de lista por Valencia en 2008 y de Carmen Alborch, también fallecida, en los municipales valencianas de 2007, la jueza que instruye la causa no investiga la financiación del Partido Socialista. El delito electoral estaría prescrito y el de financiación ilegal no existía como tal en aquellos años.

La iniciativa y su resultado tienen, sin embargo, más carga simbólica que real y llega a días del arranque de la campaña electoral. El de esta semana era el último pleno antes de la disolución de las Cortes, con lo que la comisión de investigación no llegará a crearse y ni a ponerse en funcionamiento. La propuesta decae con el final de la legislatura.

Pese a votar a favor de una comisión sin recorrido, Papi Robles (Compromís) insistía en que estaba "en las manos del PP" corregir su propuesta, como finalmente ocurrió, aunque sin una referencia explícita al PP. "Si están realmente comprometidos deberían demostrarlo en la propia comisión de investigación", añadió en declaraciones recogidas por Europa Press su compañero Vicent Marzà, rechazando el "electoralismo y postureo" de los conservadores.

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La síndica de Unidas Podemos, Pilar Lima, defendió que están a favor de "investigar" Azud y de mantener una "tolerancia cero" contra la corrupción. "Vamos a apoyar cualquier cosa que tenga que ver con la corrupción", recalcó, no sin criticar que "el partido más corrupto de Europa", en referencia al PP, proponga la comisión.

La luz verde a la iniciativa ha generado mucho malestar en las filas socialistas, que la siente como un mal gesto de sus socios de Gobierno en el último minuto de legislatura. La política valenciana tiene esas paradojas. Al mismo tiempo que se celebraba en las Cortes Valencianas el pleno parlamentario, Puig y su conseller de Hacienda, Arcadi España, cerraban con el vicepresidente segundo y candidato morado, Héctor Illueca, incorporar a su último paquete de medias sociales treinta millones de euros para complementar con fondos autonómicos el programa de ayuda a alquiler para jóvenes que tramita la Conselleria de Vivienda con recursos trasferidos por el Ministerio de Transportes.

En su defensa, el secretario de Organización del PSPV-PSOE y portavoz adjunto en la Cámara, José Muñoz, señaló a Catalá al afirmar que "la persona que defiende la comisión iba en una lista electoral en una campaña condenada por sentencia firme en Gürtel". Muñoz insistió en que hay que esperar a que se levante el secreto de sumario de todas las piezas de Azud y lamentó que Compromís y Unidas Podemos apoyen la comisión.