Acuamed adjudicó una desaladora a un financiador del PSOE con ocho ofertas más baratas

La empresa estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) adjudicó en enero de 2008 el proyecto de ejecución y obras complementarias de la desaladora de Moncofa (Castellón) a una UTE compuesta por OHL, Isolux y la castellonense Facsa, del Grupo Gimeno, pese a contar con ocho ofertas económicas más baratas de otros consorcios empresariales. El contrato se adjudicó por un importe de 50,8 millones de euros (IVA incluido) gracias a la mejor baremación técnica que obtuvo por parte de la comisión evaluadora.

Gimeno es uno de los empresarios señalados en el caso Azud por haber financiado de forma presuntamente irregular material electoral que el PSOE valenciano empleó en la campaña de las municipales en Valencia de Carmen Alborch, en 2007, y en las generales de 2008, en las que la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega concurrió como cabeza de lista al Congreso por Valencia. En concreto, según señala la instructora del caso Azud a partir de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), Facsa desembolsó casi 180.000 euros a la mercantil Cronosport, proveedora del PSPV-PSOE. El delito electoral habría prescrito y la financiación ilegal no existía, pero se investigan un posible cohecho y falsedad documental.

Gimeno ya fue condenado también en 2018 por tres delitos electorales y falsedad documental, pero en las campañas del Partido Popular valenciano de Francisco Camps en que participó la trama Gürtel.

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Los investigadores han puesto el foco en los pagos que el empresario hizo en beneficio del PSOE valenciano y en su actividad como contratista de la Administración pública. En concreto, señalan la contratación de la desaladora de Moncofa, en cuya UTE tenía un 10% de participación. Según las pesquisas de la UCO, el mismo día de la adjudicación (25 de enero) figura en una de las agendas intervenidas en el domicilio del extesorero del PSPV-PSOE, José María Cataluña, una anotación relacionada con la infraestructura hídrica, "recogiendo tanto el importe aproximado de la adjudicación como una referencia a Facsa". En marzo, añaden los investigadores, Cronosport emitió a Facsa una factura por importe de 70.817,40 euros, "que tendría como finalidad el justificar el abono de una serie de servicios prestados en beneficio del PSOE con motivo de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado".

Según las actas de la mesa de contratación, a las que tuvo acceso El Confidencial, Acuamed constituyó una comisión especializada para hacer un análisis técnico de las ofertas presentadas. La mesa de contratación estaba presidida por el que era director general, Adrián Baltanás, pero la comisión técnica se compuso de directivos de la empresa estatal y dos asesores externos: Fernando Troyano y Miguel Torres. Todos ellos participaron también en otras licitaciones, como la de la desaladora de Torrevieja, adjudicada dos años antes a Acciona Infraestructuras.

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Esta comisión otorgó a la UTE de OHL, Isolux y Facsa la mayor puntuación técnica (60,41 puntos), casi cuatro puntos por encima de la segunda mejor valorada, la oferta de Ferrovial, Agroman, Cadagua y Ocide. Esa diferencia permitió a la UTE ganadora compensar la peor oferta económica sobre sus competidores y hacerse con el concurso en enero de 2008.

El antecedente de Torrevieja

El nombre de Troyano aparece en un informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa sobre la gestión de Acuamed que se instruye en la Audiencia Nacional y al que tuvo acceso El Confidencial. El documento refleja que una empresa denominada Agua, Planificación y Gestión, vinculada a la mujer de Troyano, recibió cuatro trasferencias por un total de 279.120 euros procedentes de dos sociedades: Jescar y Prhido, que a su vez habían recibido fondos procedentes de Acciona Agua por labores de asistencia técnica en la preparación de la oferta para el concurso de la construcción de la desaladora de Torrevieja.

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Troyano, al igual que en el expediente de Moncofa, había formado parte de la comisión técnica responsable de valorar los proyectos de los aspirantes al contrato de Torrevieja. Y como ocurrió también con la UTE de OHL y Facsa en Moncofa, la ganadora del concurso no fue la que hizo la mejor oferta económica, sino la UTE liderada por Acciona Infraestructuras, gracias a la mayor puntuación técnica que recibió.

Pese a poner bajo sospecha el contrato de la desaladora castellonense, la jueza del caso Azud no ha tipificado los hechos investigados como un posible delito de malversación de caudales públicos. La causa se centra en posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación o falsedad documental.