La CNMC señaló por los pactos entre contratistas obras de Acuamed investigadas en Azud

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) incluyó varias obras investigadas en el caso Azud en el expediente contra las principales constructoras contratistas del país que se saldó con una histórica multa de 203 millones de euros. El supervisor resolvió en julio de este año sancionar por conductas anticompetitivas muy graves a las compañías Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr por haber concertado durante 25 años, entre 1992 y 2017, cientos de licitaciones públicas de edificación y obra civil de todo tipo de infraestructuras, desde obras hidráulicas hasta hospitales, carreteras o aeropuertos. La sanción incluía la prohibición de contratar con administraciones públicas españolas y ha quedado ahora en suspenso de forma cautelar después de que las empresas recurriesen ante la Audiencia Nacional, que tiene pendiente sentenciar sobre la legalidad de las multas.

En el largo listado de contratos y licitaciones incorporados al expediente de la CNMC por un presunto reparto ilegal del mercado, figuran dos obras que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han puesto bajo sospecha en la causa que salpica al PSOE valenciano por haberse beneficiado de forma presuntamente irregular de pagos a empresas proveedoras de material electoral de firmas contratistas. Están bajo lupa las campañas Valencia ciudad en 2007 y de generales al Congreso por Valencia en 2008, en las que la fallecida Carmen Alborch y la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega fueron las respectivas cabezas de lista.

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Uno de los grupos empresariales señalados por los investigadores y la jueza instructora es el Grupo Gimeno, dueño de Facsa y Sitra. En enero de 2008, una UTE participada por OHL, Isolux y Facsa se hizo con la adjudicación de las obras de construcción de la desaladora de Moncofa, con un presupuesto de 51 millones de euros. La jueza señala que en la agenda personal del que fue responsable de finanzas del PSPV-PSOE José María Cataluña aparece una anotación del mismo día de la adjudicación recogiendo un importe muy cercano ("51m") y la empresa adjudicataria Facsa. Poco después, en concreto el 28 de marzo de 2008, la mercantil Cronosport emitió a Facsa una factura por importe de 70.817,40 euros relacionada con las elecciones generales del año 2008, en concreto actos de campaña electoral, cuyo pago se llevó a cabo el día 31 de julio de 2008.

"En este caso, tal y como se recoge en el informe policial, al igual que ocurre con la empresa Sitra del Grupo Gimeno, no forma parte de la cartera de clientes de Cronosport, apareciendo en dos archivos de la empresa relacionados con las elecciones generales de 2008 de PSPV-PSOE. El abono se corresponde con los gastos electorales de dichas elecciones no declarados por el partido socialista", afirma la instructora.

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La de Moncofa, una obra licitada por la empresa estatal Acuamed, es una de las licitaciones incorporadas al expediente de la CNMC. Los investigadores vinculan la posible adjudicación de esa obra con los pagos al proveedor de la campaña socialista. Sin embargo, las defensas planean esgrimir el expediente de la CNMC para señalar que difícilmente tendría sentido amañar una licitación desde la empresa adjudicadora cuando las propias contratistas se habrían concertado para repartirse los contratos.

Otra de las obras que aparecen en el expediente de la CNMC y a las que se hace alusión en el sumario de Azud es la de contrato de obras de reutilización de aguas residuales Albufera Sur en Valencia, con un importe de licitación de 25,5 millones de euros. Los agentes de la UCO han encontrado otra "anotación" de Cataluña en el registro que hicieron en su domicilio sobre esta obra, aunque con la referencia a las empresas Sedesa y Comsa. La primera formaba parte del grupo empresarial de la familia Cotino y la segunda no está vinculada a las empresas sancionadas por Competencia.

La vertiente de los amaños de contratos es importante en la causa porque la jueza ha descartado por ahora imputar delito electoral (estaría prescrito) o financiación ilegal (no existía este delito en esos años) a los socialistas valencianos. Las diligencias van dirigidas a investigar delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación y falsedad documental, según los autos judiciales a los que tuvo acceso El Confidencial.

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El cohecho sería el vínculo con las campañas socialistas de 2007 y 2008, en las que se atribuye un papel "nuclear" a José María Cataluña. A ese rol ha contribuido también la declaración de Francisco Martínez, que fue gerente de los socialistas valencianos. Martínez compareció ante la Guardia Civil en calidad de testigo el 21 de octubre de este año. Según explicó, Cataluña dejó de ser tesorero del partido en 2004, cuando fue nombrado vicepresidente de Bancaja, y sus funciones fueron asumidas formalmente por el entonces secretario de Organización, el actual diputado en el Congreso, Vicent Sarrià. Hasta que, en 2007, después de las autonómicas, la dirección federal de Ferraz designó una gestora y fue nombrado responsable de Organización y Administración Alfred Boix, que ocupó este cargo hasta el mes de septiembre u octubre de 2001.

Sobre Cronosport, receptora de los pagos del Grupo Gimeno o Construcciones Luján, Martínez declaró que Cataluña era "la persona que tenía una relación próxima a esta empresa". "Dadas las fechas en las que se producen las elecciones, considera que, de haberse contratado, habría sido Cataluña el encargado", recoge el atestado de la declaración. La presencia de Cataluña en la vida de los socialistas valencianos se produce porque, pese a que en el año 2007 era Vicent Sarrià quien tenía "la capacidad de contratar", en la práctica "seguía ostentando las funciones de secretario de Administración". "Era, por así decirlo, asesor de Vicent Sarrià con estas funciones", testificó el exgerente. "José María Cataluña tenía esta capacidad de contratar en periodo electoral y fuera de este", dijo.

"Esto sucedió hasta octubre del año 2007, cuando Vicent Sarrià cesa. Cuando se nombra la nueva ejecutiva (una gestora), José María Cataluña pasa a tener un papel más secundario en el partido", indicó.

Martínez aseguró posteriormente ante la magistrada que desconocía la existencia de algunas de las empresas proveedoras bajo la lupa de los investigadores y que se enteró cuando una de ellas le reclamó el pago. "Entonces es cuando se les puso en contacto con el Sr. Cataluña y alguno de ellos se dirigieron a este directamente. Y es entonces cuando el declarante recibe instrucciones de Cataluña en el sentido de que emitiesen las facturas a nombre de la empresa Gigante", una de las que presuntamente recibió fondos del empresario Jaime Febrer, también investigado por el pago de comisiones para el partido. "El declarante cree que págo parte del presupuesto de las campañas tanto municipal como autonómica a través de la empresa Gigante", recoge el acta de la comparecencia.