El 'affaire' Metrovacesa o por qué Valencia es ahora tierra hostil para los promotores

Los chats de promotores y profesionales del sector inmobiliario en Valencia echan humo. Es miércoles, pasan pocos minutos de las tres de la tarde y acaba de saltar la noticia de que la reunión entre el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y los responsable de suelo de Metrovacesa, Miguel Díaz y Pilar Salvador, ha salido mal. Bastante mal. En el que es el primer encuentro con el primer edil valenciano, de Compromís, Ribó les comunica que no le gusta un proyecto en el que llevan trabajando cerca de dos años: el llamado PAI de Benimaclet, con 1.345 viviendas en altura, zonas verdes públicas y privadas, varias parcelas dotacionales y urbanización con cargo a los aprovechamientos residenciales obtenidos por los propietarios de los terrenos. La inversión prevista es de 280 millones.

Ribó no solo quiere que la almendra central de los 270.000 metros cuadrados de ese sector clasificado como urbanizable por el PGOU desde 1988 sea toda huertos urbanos, muchos de ellos ya ocupados de forma irregular, a lo que Díaz y Salvador llegan a plantearle que si esa es su voluntad podría dedicarse a tal fin todo el suelo dotacional que liberará el plan antes que desclasificar como él quiere. El alcalde, asesorado por el arquitecto David Estal, también exige una reducción de la edificabilidad a la que los directivos de Metrovacesa se niegan en redondo, alegando que es inviable por razones económicas y contraria a lo programado por el propio consistorio. El desacuerdo es completo y la reunión termina con malas caras.

El equipo que llevaba el área de Urbanismo, en manos del PSPV-PSOE, ya no está y Ribó ha impuesto su criterio a la vicealcaldesa socialista

La coexistencia entre el sector inmobiliario y el gobierno municipal de izquierda liderado por Compromís, con los socialistas como socios, había sido relativamente tranquila hasta este 8 de julio. Desde que en 2015 se produjo el vuelco electoral con la derrota de la fallecida Rita Barberá y el PP perdió la vara de mando, la ciudad no había experimentado grandes conflictos urbanísticos. En el reparto tras aquellas elecciones, el área de urbanismo quedó bajo la órbita socialista, con el concejal Vicent Sarrià al frente y un histórico del PSOE municipal como coordinador, Rafael Rubio.

Sarrià y Rubio dedicaron una buena parte de la pasada legislatura a tratar de deshacer la madeja heredada del anterior mandato popular y encontrar la forma de desatascar los desarrollos urbanísticos pendientes, principalmente el plan del Cabañal, el de Benimaclet o el del Grao, este para finalizar el último tramo del jardín del Turia y la conexión con la fachada marítima sobre los terrenos del antiguo circuito urbano de Fórmula 1.

Sin embargo, cuando se preparaban para un nuevo ciclo electoral en la que recoger los frutos viendo como las grúas se ponían en marcha, se cruzaron en el camino los eternos líos de familias en el PSPV-PSOE de Valencia ciudad. Sarrià se quedó sin hueco en la lista municipal para las locales de 2019 y se tuvo que reubicar en la candidatura al Congreso de los Diputados. La candidata socialista y vicealcaldesa, Sandra Gómez, se hizo cargo de urbanismo y mantuvo a Rubio. Pero hace dos semanas, la referencia que le quedaba al universo del ladrillo en el consistorio vio cómo le pasaba un tren por delante y se subió a él aceptando el cargo de subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

“Ahora tenemos un problema de interlocución. No sabemos con quién tenemos que hablar ni si Sandra [Gómez] se va a arremangar con esto o está en otras cosas”, señalan desde el sector inmobiliario.

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En las filas socialistas ha sentado a cuerno quemado el portazo de Ribó a Metrovacesa y su alineamiento con grupos vecinales y colectivos de izquierda alternativa reacios a cualquier intervención en el barrio de Benimaclet. Desautoriza todo el trabajo realizado durante la anterior legislatura para acercar posturas y tratar de desatascar el desarrollo de un sector al que nadie pareció dar tanta trascendencia ambiental y paisajística cuando se redactó el Plan de Acción Territorial de la Huerta aprobado por la Generalitat hace apenas año y medio. Este plan, reivindicado históricamente por los sectores progresistas, protegió los cultivos al otro lado de la Ronda Norte, pero no los de Benimaclet. Para el anterior equipo de Urbanismo, el proyecto pactado con la mayoría de dueños del suelo permitía completar equipamientos necesarios para el barrio, generar vivienda protegida y finalizar la urbanización de la franja norte de Valencia, pendiente desde hace años.

“Es muy probable que a partir de ahora haya gente que se ponga de verdad a trabajar contra nosotros y contra Compromís”, dicen fuentes del PSPV

El problema ya no es solo de frustración por la ausencia de resultados en el trabajo realizado. Compromís defiende que había mucha resistencia de los colectivos vecinales, un caladero en el que pesca muchos votos, y que la edificación en altura que propone la promotora de Santander y BBVA no encaja con el modelo de ciudad que buscan. Pero en las filas socialistas preocupa que se haya lanzado el mensaje de que el consistorio puede actuar de forma arbitraria y cambiar la reglas de juego a mitad de la partida.

Esto es lo que genera más desconcierto. La pasada legislatura, Compromís votó a favor de las conclusiones de la estrategia participativa a la que se conminó a colaborar a Metrovacesa, que incorporó esas directrices a su alternativa urbanística, incluyendo huertos urbanos en las zonas verdes, asumiendo el nuevo campo de fútbol del club del barrio o situando la densidad de edificación entre las más bajas de la ciudad.

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Sin embargo, la misma asociación de vecinos que hizo aportaciones a esa estrategia participativa y le dio el visto bueno se descolgó posteriormente reposicionándose en contra junto con la plataforma Cuidem Benimaclet y reclamando un hachazo importante en la edificabilidad y número de viviendas previstas, de los 1.345 pisos propuestos a menos de la mitad. Ribó ha asumido ese discurso y finalmente ha tomado partido contra el proyecto cuando este había llegado ya a la orilla de la junta de gobierno municipal, a las puertas del último trámite para darle la gestión a la agrupación de interés urbanístico (AIU) encabezada por la promotora cotizada.

Los colectivos vecinales contrarios al proyecto urbanístico son un caladero de votos para Compromís

“Es muy probable que a partir de ahora haya gente que se ponga de verdad a trabajar contra nosotros y contra Compromís”, señala con preocupación una fuente de los socialistas valencianos sobre la reacción de los sectores económicos de la ciudad. “El problema es la inseguridad que ha generado todo esto. Si no llegan a un acuerdo, nadie se va a atrever a invertir o hacer operaciones porque no sabes cómo va reaccionar el Ayuntamiento”, dice el responsable en Valencia de una importante consultora inmobiliaria.

Presión para Momentum Real Estate

Las dudas se han apoderado de los despachos inmobiliarios. El alcalde también ha mostrado su rechazo a un proyecto de Momentum Real Estate para construir una residencia de estudiantes en otra parcela calificada como industrial cerca de Benimaclet, junto a la V-21 en el acceso norte de Valencia, cuestionado por los mismos colectivos que rechazan el plan de Metrovacesa. El argumento ha sido idéntico: el plan debe incluir una reserva de dos tercios de suelo para huerta pese a tratarse de unos terrenos no protegidos para tal fin. Así se lo dijo en persona en una reunión mantenida con los responsables de Momentum.

Otro de los proyectos, el que Atitlán y Hayfin preparan para el PAI del Grao, tampoco ha recibido todavía una frase de halago del alcalde, que cuestiona algunos de los aspectos del primer diseño propuesto el urbanista José María Tomás Llavador por encargo del equipo de Vicent Sarrià.

En el universo local del ladrillo aún se confía en que la cuerda no se haya roto y puedan producirse acuerdos. En Benimaclet, se plantea como posible solución que el equipo municipal ofrezca una salida permutando edificabilidad en algún otro espacio de la ciudad para compensar los aprovechamientos a los que Metrovacesa tendrá que renunciar si quiere mantener vivo algún tipo de proyecto con las condiciones marcadas por el alcalde. Sería una forma de saber a qué atenerse. De lo contrario, se avecina una larga batalla judicial que puede que se resuelva dentro de una década con un importante coste para las arcas municipales.

Mientras tanto, las parcelas sin urbanizar del Benimaclet seguirán albergando un puñado de huertos, muchos en desuso, y miles de metros de descampados sin más función que acumular mala hierba y servir de aparcamiento irregular para los coches del barrio de Valencia más hostil a los promotores inmobiliarios.