Las cartas del pago fiscal del financiador del PSOE valenciano que la UCO ha puesto bajo la lupa

El caso Azud ha dejado al desnudo maniobras irregulares de los socialistas valencianos durante las campañas electorales de las municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008. Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han destapado pagos de empresarios contratistas de la Administración en aquellos años, con la empresa estatal Acuamed en el ojo del huracán. El nexo entre las empresas y PSPV-PSOE es José María (Pepe) Cataluña, que ejerció de tesorero hasta 2004, pero que, según ha reconocido el exgerente Francisco Martínez, siguió teniendo mando en plaza de forma oficiosa en la contratación de material para las campañas durante varios años.

La jueza instructora, además, sostiene en sus autos que hay "indicios" que permiten sostener las medidas de investigación de la unidad policial a hechos más recientes, más allá de aquellas campañas de hace tres lustros. En concreto, se apoya en la "actual relación personal y de confianza" de Cataluña con uno de los empresarios investigados, el dueño de Facsa, Enrique Gimeno, "para obtener favores frente a la Administración gobernada por el partido socialista", afirma en referencia a la Generalitat, que preside Ximo Puig.

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Los indicios a los que se refiere aparecen en anotaciones de la propia agenda de Gimeno, con numerosas referencias a Cataluña y todo tipo de cargos políticos, y en el atestado policial en que se recogen conversaciones por WhatsApp mantenidas con Cataluña entre el 20 de septiembre y el 22 de octubre de 2019 al "objeto de conseguir una entrevista con los máximos responsables de la Agencia Tributaria valenciana, con motivo de un expediente que tenía en el año 2019 y que finalmente acabó en conformidad".

¿Hubo trato de favor en el tratamiento de ese expediente? El contenido de los mensajes todavía no ha trascendido. El soporte digital no se ha entregado a las partes y los investigadores no descartan solicitar a la Conselleria de Hacienda todos los documentos relativos al hecho fiscal relativo a Gimeno. Creen que las conversaciones con Cataluña revelan el grado de implicación del extesorero socialista con los empresarios investigados, pero tampoco concretan la existencia de irregularidades en este caso. Se limitan a manifestar que el asunto fiscal terminó con "una conformidad".

Entre los miles de folios incorporados a la causa a través de las carpetas en que se han ordenado los registros policiales en las sedes y domicilios de los investigados, aparecen varias hojas relativas al expediente tributario de Gimeno que fueron obtenidas de sus archivos personales. Entre ellas, figura un documento relativo a la solicitud y concesión de un aplazamiento/fraccionamiento de una deuda de 96.902.57 euros en concepto de liquidación de sucesiones, que Gimeno solicitó el 1 de junio de 2017, tras el fallecimiento de una tía sin descendencia cuyo patrimonio habían pasado a heredar sus sobrinos.

El 4 de octubre del mismo año, la Agencia Tributaria valenciana concedió el aplazamiento tras haberle solicitado "la justificación de las dificultades económico-financieras que le impiden realizar de inmediato el pago de la deuda de referencia". En el documento de resolución de aplazamiento de la ATV, con fecha de registro de salida del 10 de octubre de 2017, se fijaba un "importe garantizable" de 121.128,21 euros, con el 20 de julio de 2022 como límite de vencimiento.

Los documentos requisados incluyen también dos documentos de pago, una carta (pinche para verla) por valor de 96.902,57 euros con fecha de emisión por parte de la ATV del 10 de diciembre de 2019, y otra anterior (pinche) emitida el 16 de octubre por importe de 121.512,57 euros. Los dos documentos reflejan sobreimpresionado el ingreso con cargo a una cuenta de CaixaBank el mismo día, el 12 de diciembre de 2019. Un tercer escrito del 17 de febrero de 2020, firmado por el jefe de Tesorería de la Agencia Tributaria, comunica a Gimeno que está a su disposición el expediente de "devolución de fianzas" por importe de 121.128,21 euros.

Fuentes del Grupo Gimeno niegan cualquier irregularidad, aseguran que el empresario cumplió con sus obligaciones tributarias, que incluso adelantó los abonos sobre la fecha de vencimiento del aplazamiento, y deslizan que el dueño de Facsa mantenía algunas dudas sobre la aplicación del tributo de sucesiones en la empresa familiar, lo que explicaría su deseo de mantener encuentros con los responsables de la Agencia Tributaria valenciana, si bien no confirmaron la existencia de esas reuniones.

Según la UCO, las empresas de Gimeno, Facsa y Sitra, realizaron pagos a la empresa proveedora de servicios electorales, Cronosport

La bonificación de sucesiones a la empresa familiar ha estado encima del debate político durante casi toda la legislatura. Puig sacó adelante la ampliación de la bonificación al 99% para empresas medianas y grandes el pasado mes de noviembre, con los votos de su grupo y los de PP, Ciudadanos y Vox, y con la oposición de sus socios en el Botànic.

Desde la Conselleria de Hacienda, tampoco han querido ofrecer datos sobre el expediente, apelando a su confidencialidad y la prohibición legal de difundir datos personales fiscales de los contribuyentes. Se admite que se producen reuniones habituales cuando se solicitan, aunque se descarta cualquier irregularidad o trato de favor. Desde la Generalitat, apuntan además a que hubiera sido imposible una intervención política por el propio funcionamiento interno de la Agencia.

Según la UCO, las empresas de Gimeno, Facsa y Sitra, realizaron pagos a la empresa proveedora de servicios electorales, Cronosport, en beneficio del PSOE entre marzo de 2007 y julio de 2008. Cronosport fue la mercantil responsable de elaborar el material de merchandising para la campaña de la fallecida exministra de Cultura Carmen Alborch, en las municipales de 2007, de Valencia ciudad, y de la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como cabeza de lista por Valencia al Congreso de los Diputados.