Ximo Puig se apoya otra vez en PP, Cs y Vox para bonificar sucesiones a empresas familiares

Los socialistas valencianos han vuelto a encontrar en las fuerzas de la oposición al Consell del Botànic un aliado para sacar adelante una iniciativa de rebaja fiscal. El partido del president, Ximo Puig, obtuvo este jueves en la comisión de Hacienda y Presupuestos de las Cortes Valencianas el respaldo de los representantes de PP, Ciudadanos y Vox a una enmienda a la ley de acompañamiento de las cuentas de 2023 que bonifica en un 99% la cuota del impuesto de sucesiones para los herederos de participaciones en empresas familiares de más de 10 millones de euros de facturación anual.

Este tributo estaba hasta ahora bonificado para las compañías más pequeñas. Para el resto, la exención ya era del 95%. Sin embargo, las grandes empresas familiares, representadas en la Comunidad Valenciana por organizaciones como la Asociación Valenciana de Empresarios, venían reclamando desde hace tiempo una extensión de las ventajas fiscales con el argumento de que el abono del impuesto por parte de los herederos podía poner en riesgo la continuidad o el equilibrio patrimonial del proyecto empresarial. La bonificación al 99% alcanza a las empresas individuales agrícolas, a empresas individuales o de negocio profesional y a las empresas con participaciones.

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Hace algo más de un mes, en un encuentro con el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (Ivefa), el barón socialista insinuó que iba a tratar de incorporar la reivindicación a la ley de medidas fiscales del próximo año. En ese tránsito, Puig pactó con sus socios de Compromís y Unidas Podemos una reforma fiscal dirigida a atenuar el impacto de la inflación que incluye rebajas en el IRPF, mayores bonificaciones y recortes en tasas a rentas inferiores a los 60.000 euros anuales. Pero tanto los valencianistas como los morados reclamaron también incrementos fiscales a las grandes fortunas para compensar la pérdida de ingresos públicos, de unos 160 millones de euros.

Finalmente, la reforma retroactiva con rebajas de impuestos salió adelante por unanimidad, con los votos de los tres grupos del Botànic y los de la oposición PP, Ciudadanos y Vox. La sorpresa se produjo cuando, una vez pactada toda la reforma, el PSPV-PSOE incorporó de forma unilateral al debate parlamentario una enmienda para elevar las bonificaciones a la transmisión por sucesión de las empresas familiares de más de 10 millones. La propuesta suscitó el rechazo de los dos grupos a la izquierda de los socialistas, por entender que beneficiaba a las grandes empresas y, en definitiva, a las grandes rentas.

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Ante la falta de acuerdo, finalmente ha salido la enmienda con los dos votos en comisión de los socialistas y los tres votos de PP, Cs y Vox, en lo que ha sido un claro gesto de Puig al universo empresarial dirigido, aparentemente, a compensar la subida a las rentas altas en el IRPF para 2023 aun a riesgo de evidenciar una ruptura de criterio en el Botànic. A nadie escapa, además, que, a seis meses de las elecciones municipales y autonómicas, los socialistas buscan reforzar su perfil más centrista, al tiempo que Compromís y Unidas Podemos no han querido ceder para evidenciar su espacio de izquierdas.

Por su parte, las fuerzas de la oposición vuelven a tomar una decisión que defienden en coherencia con su discurso, pese al evidente balón de oxígeno que lanzan al barón socialista. En los despachos queda el secreto de cuánto ha habido de presión de los lobistas de la empresa familiar. Tras producirse la votación, la portavoz del PP valenciano, María José Catalá, reclamó que, además de a las empresas, la mejora en las bonificaciones en el tributo de sucesiones se extienda también a las familias. “En el ADN del PPCV está bajar impuestos y nosotros siempre hemos apostado por bajar impuestos a las empresas, pero no nos podemos olvidar de las familias. Una persona que herede un piso de sus padres debería poder disfrutar de esta bonificación. Nuestra propuesta incluía a todo el mundo, en el PPCV estamos en contra del impuesto a la muerte en todas sus formas”, señaló.

Con la aprobación de la enmienda, la propuesta fiscal queda recogida en la llamada ley de acompañamiento, que todavía tiene que votarse en pleno. Si la votación se produce por tramos del articulado, lo lógico es que tenga que volver a replicarse el posicionamiento político de los grupos para que salga adelante de forma definitiva y entre en vigor el año que viene.