La crisis fiscal quiebra el idilio entre Pedro Sánchez y Ximo Puig a ocho meses de elecciones

La crisis fiscal que esta semana han protagonizado el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat Valenciana que preside Ximo Puig ha abierto una grieta en el idilio político que los dos dirigentes socialistas vivían desde que decidieron dejar atrás las heridas en la batalla por el liderazgo del PSOE, en 2017, cuando el barón valenciano respaldó a Susana Díaz en las primarias internas que ganó ampliamente el actual jefe del Ejecutivo.

Desde aquella confrontación interna, que tuvo su réplica pocos meses después en las elecciones a la secretaría general del PSPV, donde Puig se impuso al sanchista Rafa García, se había producido un progresivo acercamiento entre los dos dirigentes, especialmente por el lado del 'president' valenciano, interesado en pasar página, reconstruir la relación y engrasar la comunicación Moncloa-Generalitat. La foto conjunta que los dos se hicieron el viernes 23 de septiembre en el despacho de Puig, antes de su participación en el festival organizado por 'elDiario.es' en Valencia, no hacía presagiar la división que se ha abierto esta semana a propósito del debate tributario, a ocho meses de las elecciones autonómicas de mayo de 2023. En ese encuentro, Puig trasladó su plan a Sánchez, sin llevarse la impresión de que fuese a convertirse en un problema tan importante.

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Todavía están haciendo la digestión en el Palau de la Generalitat de la agresividad con la que creen que el Ministerio de Hacienda e importantes dirigentes del PSOE reaccionaron a la decisión del barón valenciano de lanzar su propuesta de reforma fiscal, anuncio estrella del debate de política general celebrado el martes en el Parlamento autonómico. La reacción se ha mantenido varios días, señal de que Sánchez no ha intervenido para frenarla. Que la inclusión de una rebaja del IRPF a las rentas de menos de 60.000 euros, entre otras medidas, no era del agrado de la ministra María Jesús Montero era conocido en el Consell. Se lo dijo la propia ministra al 'conseller' del ramo, Arcadi España, aunque la retirada era una opción que Puig no contemplaba, apelando a su autonomía y a su propia coyuntura política.

Lo que no esperaban en Valencia es que el Gobierno no fuese capaz de coordinar, o no quisiese, un argumentario de respuesta eficaz para establecer un marco compartido: ayuda a clases medias y bajas, frente a los "regalos" del PP a los ricos. La primera respuesta de la portavoz Isabel Rodríguez, apelando a la responsabilidad de las autonomías y a que bajar tributos podía significar "recortes" en el gasto, fue interpretada de inmediato como un distanciamiento por parte los medios de comunicación, que no tardaron en oler la fractura interna y elevarla a portada.

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El Gobierno ha visto en la reforma fiscal que llegaba desde uno de sus principales barones una ruptura de su discurso de respuesta a la inflación, basado en elevar principalmente la presión sobre las grandes fortunas y no en hacer "bajadas generalizadas de impuestos" como reclama el PP. Que Puig optase por reivindicar su espacio y mantener sus planes terminó por interpretarse como un desafío, que explica el choque de trenes interno, con Montero agitando contra el barón valenciano y advirtiendo de un posible riesgo de contagio en otros territorios gobernados por el PSOE.

Una interpretación no compartida por el equipo de Puig, molesto por la falta de cintura e imaginación de la Moncloa para contrarrestar la réplica de los populares ante su propuesta, que considera muy distinta a la derecha. En ese campo de juego, Génova se apresuró a intentar arrimar a su orilla la rebaja fiscal valenciana, pese a lo descolocado que había quedado en la Comunidad Valenciana el PP de Carlos Mazón y la portavoz en las Cortes y responsable de la réplica en el debate, Maria José Catalá. El enfrentamiento Madrid-Valencia ha sido combustible gratis para los conservadores, que han aprovechado para poner el énfasis en las contradicciones del PSOE.

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Finalmente, el jueves compareció Montero para exponer su plan tributario, con la creación de un nuevo impuesto para las grandes fortunas dirigido a neutralizar las bonificaciones en el impuesto de patrimonio de las autonomías del PP; Madrid y Andalucía, especialmente. El paquete incluía también una serie de medidas dirigidas a las clases trabajadoras, con cambios en el IRPF para las rentas hasta 21.000 euros. Aunque el límite es inferior al de los 60.000 euros de Puig, no son pocos los socialistas valencianos que no entienden el incendio que se ha organizado para que al final el Gobierno haya terminado por aplicar también rebajas en los tramos inferiores de la renta.

Rebajar la tensión

"Me parece muy correcta esa decisión que se ha tomado, tiene que haber un reequilibrio fiscal claramente y tiene que haber una solidaridad porque forma parte de lo que es la constitución y de lo que es la conveniencia. En este momento, más que nunca, lo que no se puede hacer es fracturar más la sociedad, por eso creo que es la vía correcta", manifestaba este viernes el barón socialista sobre el plan de Montero, en un claro intento de rebajar la tensión.

La consigna a los cuadros y altos cargos del PSPV-PSOE es defender sin complejos la reforma autonómica y hacer lo mismo con la del Gobierno, presentándolas como compatibles. Queda por ver hasta qué punto ha quedado tocada la relación, especialmente entre el Ministerio y la Conselleria de Hacienda, y si esto tendrá repercusiones en la negociación de los presupuestos generales del Estado, donde seguro que Puig aspiraba a apuntarse tantos en forma de compromisos de inversión.

La Generalitat sigue negociando con sus socios, Compromís y Unidas Podemos, que reclaman al barón socialista más presión fiscal sobre las rentas altas que compense la pérdida de ingresos (150 millones de euros sobre un presupuesto de 28.000 millones) derivada de las bonificaciones, deducciones y rebaja del IRPF. Hasta el momento, se han presentado ya cuatro documentos elaborados por el equipo de expertos en tributación autonómica que asesora a la Generalitat. La pata socialista del Botànic no ha bajado impuestos a rentas altas, pero se está mostrando también muy reacio a subirlos para equilibrar el saldo de la reforma, pese a que así ha quedado plasmado en un primer acuerdo político presentado en forma de resolución en las Cortes Valencianas.