El Gobierno critica la "trampa" de Ximo Puig y exige evitar "una espiral de bajada fiscal"

El Gobierno no puede disimular el roto que ha supuesto para el discurso fiscal de Pedro Sánchez la bajada de impuestos anunciada el martes por Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana. Fuentes del Ejecutivo rechazan meter "cizaña" contra Puig, y recuerdan que el PSOE no funciona como el PP, "que pega un toque Génova" y las comunidades autónomas que presiden "bajan el Impuesto de patrimonio". No pueden confrontar con uno de sus principales barones, pero no ocultan el malestar que les genera.

En privado, además, afirman que la bajada que plantea el presidente de la Generalitat Valenciana es "una trampa", ya que no solo afectará a los sueldos por debajo de los 60.000 euros, sino que también beneficiará a las rentas más altas. Explican que los tramos funcionan como una suerte de "escalera", en la que, "si adelgazas el escalón bajo" del IRPF, inevitablemente este efecto se refleja también en el alto.

Sin embargo, desde la Conselleria de Hacienda insisten en que no es esto lo que pretende hacer su reforma. Su plan es hacer una escala autonómica del IRPF nueva con una redistribución de los porcentajes impositivos en cada tramo, de forma que el efecto sea "neutro" a partir de 60.000 euros. Es decir, se actualizarán porcentajes en tramos por debajo de 60.000, pero también por encima, de forma que al final se evite el efecto escalera. El mensaje que traslada el Gobierno, señalan desde Valencia, "no es cierto".

La Generalitat sostiene que su propuesta es una nueva escala con efecto "neutro" en rentas altas

En público, desde el Gobierno eluden la confrontación, y exigen evitar "una espiral de bajada fiscal", y reclaman un debate "sosegado sobre cómo se debe comportar la fiscalidad". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incidió este miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados que competir a la baja "no es bueno", y por ello reclamó a todas las CCAA que sean "coherentes", en sus decisiones y en sus peticiones. Coherentes con la UE, que aprobó transferir a España los 140.000 millones de euros del fondo Next Generation, y también con las reclamaciones desde los Gobiernos autonómicos de cara al Ejecutivo central, al que "la gran mayoría" pide "más recursos" mientras bajan impuestos.

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El Gobierno, además, sugiere que no contempla hoy actuar en la línea de Puig en lo que toca al IRPF, y mantiene su rechazo a la deflactación que reclama el PP, con base en los mismos argumentos (inevitablemente, afecta a todos los contribuyentes, también a los que más tienen). La lógica es que, para bajar a los tramos más bajos, necesariamente habría que aumentar la presión sobre los más altos, para no perder recaudación. Sin embargo, la Generalitat niega que sea esto lo que quiere hacer y que tiene estudiada su propuesta para "neutralizar" el efecto de la bajada para rentas medias y bajas en las rentas altas.

El Ejecutivo ultima estos días el paquete fiscal que podría presentar este mismo jueves si logra previamente un acuerdo con sus socios de Unidas Podemos, y hasta entonces trata de mantener un silencio sepulcral. La ambigüedad de sus mensajes en los últimos días, en aras de no desvelar un solo detalle, podía sugerir que Hacienda se abría a adoptar las tesis de Puig y del PP, que hoy rechazan. Al Partido Popular, además, le afeaban su "populismo fiscal", que quiera actuar siguiendo la senda de Reino Unido, con una "bajada masiva" de impuestos que podría perjudicar a la economía. "Ha ocurrido con la libra", apostillaba Montero, recordando que esto va en la dirección contraria a las recomendaciones del BCE, de la OCDE o del FMI.

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En cualquier caso, el malestar del Ejecutivo con Puig, que el PP sacaba a relucir en la sesión de control, tapaba estos días el incremento de la tensión entre los socios de la coalición. Después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sacara nuevamente a relucir el bloqueo en las negociaciones de los presupuestos para 2022 —no ha habido reuniones entre ambos socios en una semana—, Montero circunscribió esta llamada de atención al "ámbito de tensión" de las conversaciones.

Dijo sentir "respeto" ante las palabras de Díaz, pero también insistió en que, cuando una negociación está en su recta final, cada parte "expresa como quiera" esa "tensión". Y, sobre la ley de vivienda, otro de los grandes escollos y prioridad para Unidas Podemos, Montero les reprochó que incorporaran enmiendas al texto consensuado en el Consejo de Ministros —"Quien ha cumplido es el PSOE"—, e incidió, nuevamente, en que habrá acuerdo, dejando entrever su hartazgo.