La reforma de Ximo Puig abre una grieta fiscal en el PSOE y compromete al Gobierno

La batalla fiscal entre el Gobierno y el Partido Popular y las autonomías donde gobierna sobre la respuesta a la inflación se convirtió este martes en un triángulo después de que Ximo Puig abriese el melón de una alternativa de rebaja tributaria dirigida a las clases medias y bajas y que excluye de forma deliberada a las grandes rentas. La propuesta del presidente socialista de la Generalitat valenciana de aplicar un paquete de reducciones, con una nueva tarifa autonómica de IRPF (no una deflactación), la elevación en un 10% del mínimo exento y nuevas bonificaciones y deducciones fiscales para quienes ganen menos de 60.000 euros al año, cogió con el pie cambiado a los populares, pero también al Ejecutivo central, pese a que desde la Conselleria de Hacienda aseguran que las grandes líneas se habían comunicado al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, que se desmarcó de la propuesta valenciana. "No es bueno que las CCAA inicien esa espiral", dijo Montero en referencia a una competición fiscal entre territorios.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto anunciar este jueves su propuesta fiscal de lucha contra la inflación, con nuevas medidas de presión tributaria para las grandes fortunas. Hasta ahora, no entraba en el guion abordar los cambios en los tramos estatales del IRPF. La primera respuesta a la reforma llegada desde Valencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros fue bastante fría, apelando a la "responsabilidad" de las autonomías y recordando que las rebajas pueden obligar a acometer "recortes". En cierto modo, el paso dado por Puig pretende desnudar la complicidad de los populares con los grandes patrimonios, pero eleva la presión sobre el Ejecutivo para que añada a su plan de gravar más a las rentas altas medidas adicionales para beneficiar a las clases medias y bajas. La portavoz, Isabel Rodríguez, abrió la puerta a cambios en el impuesto sobre la renta. Si estos se producen, la duda por despejar es si es como consecuencia del giro fiscal del barón socialista o si ya estaban previstos.

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En cualquier caso, según el entorno de confianza de Ximo Puig, la intención no era incomodar a Sánchez. La propuesta, muy medida y consensuada en sus rasgos fundamentales en una negociación 'in extremis' en la noche del lunes entre el 'conseller' de Hacienda, Arcadi España, y sus socios de Compromís y Unidas Podemos, confronta claramente con la que están enfatizando barones populares como Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno. Los dirigentes del PP también han aplicado rebajas para las rentas bajas y medias, pero han incorporado a los contribuyentes más ricos en sus medidas, al optar, por ejemplo, por una deflactación general de la tarifa propia del IRPF.

En esta línea, la iniciativa más evidente ha sido la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio anunciada por el presidente andaluz, concebida para atraer grandes fortunas a su territorio. Se trata de un eximente que ya se aplicaba en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad Valenciana, comienza a pagarse a partir de los 500.000 euros de patrimonio declarado, excluyendo la vivienda habitual.

Puig se esforzó este martes en dejar clara la distancia en el tratamiento fiscal a los grandes patrimonios en plena crisis económica, un hecho que el Consell del Botànic busca convertir en rasgo diferencial de su política tributaria, junto con otras medidas de respaldo público a los más desfavorecidos, y con el que intenta dejar en evidencia a los populares. El primero de estos, el que se presenta como alternativa al Ejecutivo autonómico de izquierdas, es el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, que lleva meses reclamando una rebaja general de 1.500 millones de euros que incluya también patrimonio y sucesiones y donaciones.

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La "reforma fiscal progresiva" de Puig es mucho más modesta, con un impacto de 150 millones sobre un presupuesto de 28.000 millones de euros. Habrá que ver también si, en términos de presión fiscal, la autonomía deja el furgón de cola de la que tiene los impuestos más altos. "Ni inmovilismo, ni regalos fiscales a las fortunas. Unos bajan los impuestos a los más ricos, aquí ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a llegar a fin de mes a la mayoría de las familias", asestó Puig, que vendió "keynesianismo y cohesión social".

Es verdad que tampoco pretende subir los impuestos a ese 2,6% de los contribuyentes (unas 45.000 personas) que ha quedado excluido de las rebajas. La actualización del IRPF tendrá un efecto neutro a partir de 60.000 euros, según fuentes de Hacienda. Compromís y Unidas Podemos, por su parte, quieren aprovechar la negociación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2023 para meter más presión a esos grandes contribuyentes. Esa es la parte donde no hay consenso entre los socios.

Tras su primera réplica dejando entrever su incomodidad, la Moncloa fue modulando su valoración sobre la reforma del Botànic de Puig a lo largo del día. Fuentes del Ejecutivo matizaban que "la propuesta valenciana es diferente a la del PP". Es lo que se esperaba en el flanco socialista valenciano desde el primer momento. Los titubeos argumentales del Gobierno solo han alimentado una imagen de discrepancia interna. Podría no ser la única, porque el presidente de Aragón, el también socialista Javier Lambán, se abría a su vez a retocar el IRPF para las clases medias y bajas, pero rechazaba entrar en “un fuego cruzado entre subastas de reducción o aumento de impuestos”. En caso de que se haga en Aragón una reforma, primero deberá haber consenso con el cuatripartito, donde están desde la izquierda de Podemos al centro derecha del PAR. Difícil encaje.

Opinión

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A Génova le faltó tiempo para salir en tromba a reivindicar que la bajada impositiva anticipada por el barón valenciano lleva el ADN de Alberto Núñez Feijóo. En el PP se asume que esta maniobra forzará a la Moncloa a revisar su negativa a actuar sobre el IRPF, y creen que el Gobierno "no tiene otra salida" que incluir una deflactación del impuesto de la renta en el paquete fiscal que el Ejecutivo prevé presentar este mismo jueves y que, hasta la fecha, solo contemplaba una ofensiva impositiva que gravase a las rentas más altas.

Los populares se ha esforzado por presentarse en los últimos días como adalides de los intereses de las clases populares, en parte para desmontar el discurso de que Feijóo solo defiende a los ricos por la bonificación del impuesto de patrimonio en sus comunidades autónomas. Si el Gobierno se abre a rebajas del IRPF, Génova se volcará en vender el argumento de que Feijóo ha ganado el pulso fiscal a Sánchez. "El PSOE de la Comunidad Valenciana también se une a nuestra propuesta de bajar el IRPF a las rentas medias y bajas", celebró este martes el líder del PP. "Deberían ponerse de acuerdo y dejar de descalificar al PP para después copiar nuestras medidas".

El modelo fiscal de Feijóo, sin embargo, presenta grandes diferencias con el defendido por Puig y al que podría abrirse la Moncloa en los próximos días. Para empezar, el PSOE repudia la eliminación del impuesto de patrimonio que defiende el PP para atraer a grandes fortunas, del mismo modo que Feijóo se opone frontalmente al diseño de un impuesto a los ricos que ya plantean en el Ministerio de Hacienda. La Generalitat valenciana también ha optado por un diseño nuevo de la tarifa de IRPF, descartando una deflactación selectiva de la que se beneficiarían también en sus tramos bajos las rentas de más de 60.000 euros.

Con todo, Génova saca pecho de su política de bajos impuestos y tratará de anotarse el tanto de la guerra fiscal desatada contra Ferraz. Este lunes, Feijóo anunció otra propuesta: rebajar el IVA del 10% al 4% en los productos básicos de la cesta de la compra, entre los que incluye los útiles de higiene femenina e infantil, una reivindicación histórica de Unidas Podemos que ahora trata de abanderar el PP para minar el rechazo del Gobierno a nuevas reducciones impositivas.