Ximo Puig apura el límite legal para los anuncios sociales antes de disolver las Cortes

Perfil institucional hasta el último minuto como eje de la precampaña. El barón socialista Ximo Puig está apurando hasta el límite las posibilidades legales de hacer anuncios de gestión antes del apagón que marca la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para los periodos electorales. La norma fija el próximo martes 4 de abril como fecha de arranque de la convocatoria a la urnas. Será también el día tope en el que tiene que estar publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la disolución del Parlamento autonómico y la llamada al voto de las autonómicas, que coincidirán con las municipales el 28 de mayo.

A partir de entonces, la LOREG establece muchas restricciones a la hora de realizar promoción institucional. Están prohibidas las campañas organizadas y financiadas por los poderes públicos que exhiban logros de gestión, así como la participación y realización de actos de inauguración de obras o servicios públicos, incluídos los proyectos. Puig no podría, por ejemplo, anunciar después del martes de la semana que viene iniciativas como el bono de ayuda a la cesta de la compra de alimentos para rentas inferiores a 21.000 euros que presentó ayer. Podrá hacerlo solo como promesa de candidato a la reelección, no como presidente.

El conseller de Hacienda, Arcadi España, ha liberado 48,4 millones de euros del presupuesto para poner en marcha esta medida, que comenzará a andar el 18 de abril y supone repartir tarjetas prepago con 90 euros a alrededor de medio millón de residentes en la Comunidad Valenciana, que podrán gastar durante cuatro meses en cualquier establecimiento cuyo CNAE permita la venta de alimentos.

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El bono llega en un momento de dificultades para las familias por el aumento de precios en los líneales. La inflación de segunda ronda como consecuencia de la guerra de Ucrania existe y es real. Pero es inevitable no ver cierto tono electoralista en una medida que se venía negociando desde diciembre por el momento elegido para ponerla en marcha. Lo mismo ocurre con la lluvia de propuestas y promesas los últimos días, que van desde un nuevo Hospital Arnau de Vilanova en Paterna hasta el anuncio de un concurso internacional de ideas para ampliar la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia en la parcela de 20.000 metros que la empresa pública que gestiona el recinto tiene sin urbanizar desde hace más de una década.

El complejo diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava ha tenido un coste de más de mil millones de euros desde que arrancó en los años noventa del siglo pasado. La parcela en cuestión, conocida como M3, ha sido la ubicación de varios proyectos fallidos, desde unas torres por cuya maqueta Calatrava cobró 15 millones y nunca llegaron a hacerse hasta una noria gigante que tampoco prosperó. Allí duermen al raso desde 2011 las lamas de 13 millones de euros del remate del edificio del Ágora, hoy el Caixa Fórum, que nunca se usaron. El solar regresa a la actualidad a escasos días del final de la legislatura.

Y, sin embargo, no serán los únicos anuncios que se hagan esta semana, al límite de la prohibición legal. Además de actos y iniciativas como un gran encuentro sobre educación financiera con personas mayores, la Generaltat tiene previsto comunicar en breve los detalles plan de ayudas a las hipotecas para las familias vulnerables más afectadas por el incremento de los tipos de interés. La concreción de este programa todavía se desconoce, aunque el desembolso público será de unos 17 millones de euros, según ha posido saber El Confidencial. El Consell del Botànic ha estado hablando con las entidades financieras para intentar hacerlas partícipes.

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Las ayudas a la vivienda también contarán previsiblemente con un bono de ayuda al alquiler joven (personas de menos de 35 años) que complemente el que ya tramita la Generalitat con fondos procedentes del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana. La convocatoria de 2022, con 3.641 solicitudes concedidas por valor de casi 22 millones de euros, se agotó con más demanda que oferta y el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, ha puesto encima de la mesa del Botànic la demanda de que la Administración autonómica complemente los recursos estatales para ampliar el número de beneficiarios. El acuerdo no está cerrado, pero fuentes de la Vicepresidencia de Unidas Podemos, señalan que sí encarrilado. Los morados han condicionado su apoyo al decreto ley de medidas sociales que debe recoger todas estas iniciativas a que incluya una partida para el bono de alquiler joven.

La cuestión es cuándo podrán todas estas medidas de corte social pasar el filtro de las Cortes Valencianas que necesitan para su puesta en marcha. El último pleno de la legislatura, el conocido como pleno escoba, ha sido convocado para esta semana, los días 29 y 30 de marzo, hoy y mañana. Por ahora, el decreto con el paquete de ayudas contra los efectos de la inflación no está en el orden del día. Se baraja usar la diputación permamente del Parlamento para validarlo, quizás la próxima semana.