Moncloa prepara un nuevo paquete de medidas sociales y busca ampliar los cheques

El Gobierno estudia ya un nuevo paquete de medidas sociales para retomar la iniciativa y coger impulso de cara a la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Fuentes de la Moncloa apuntan a la prórroga de algunas de las medidas contenidas en el actual decreto anticrisis, que caducarían a mediados de año, y a la aprobación de "otras nuevas" que podrían llevarse al Consejo de Ministros antes de los comicios de mayo. Entre estas últimas, se plantean principalmente ayudas directas, como la ampliación del cheque de 200 euros, que también ha puesto sobre la mesa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

El alcance de este futuro paquete de medidas dependerá de los datos de recaudación y déficit del pasado ejercicio. Unas cifras que se conocerán a finales de este mes y que, según confían desde el Ministerio de Hacienda, serán positivas. Esperan contar con un considerable gasto extra para financiar las nuevas medidas. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, avanzó durante su última comparecencia en el Congreso que la recaudación se situaría unos 10.000 millones por encima de lo previsto. Se trata de los datos provisionales hasta noviembre, pero en este departamento entienden que no variará mucho la cifra final. La clave en la que ponen ahora el foco para calibrar los recursos disponibles es la cifra de déficit público. Con todo, fuentes cercanas a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se muestran seguras de que estos datos "irán bien" para permitir al Ejecutivo sufragar nuevas ayudas.

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El decreto anticrisis que entró en vigor el pasado 1 de enero supuso una movilización estimada de 10.000 millones de euros, por lo que se cuenta con disponer al menos de una cantidad similar. El socio minoritario del Ejecutivo ya ha ido trasladando propuestas a la parte socialista en las últimas semanas, como bonificar el precio de la cesta de la compra en un 14%. La Moncloa ha rechazado esta medida y en los últimos días se ha inclinado más por la propuesta de Yolanda Díaz, que pasa por explorar un acuerdo voluntario con las distribuidoras para limitar precios.

Se trata del modelo francés de la "cesta antiinflación", sobre cuya implantación se interesó la vicepresidenta económica. Nadia Calviño telefoneó a su homólogo Bruno Le Maire para pedirle información técnica sobre el acuerdo. Antes de ello, ya declaró en público que "damos por supuesto que aquellos grupos multinacionales que tienen presencia en España extenderán cualquier política comercial que pueda beneficiar a los ciudadanos".

El titular de Agricultura ya abría el camino este lunes con un llamamiento a las distribuidoras que operan en España para adoptar "una medida similar" a la francesa. A pesar de ello, no se plantea por el momento una propuesta formal para buscar un acuerdo que siga el modelo francés. Entre las medidas con coste para frenar el precio de los alimentos, el Gobierno tampoco descarta extender la rebaja del IVA a la carne y el pescado.

Los departamentos económicos del Ejecutivo, incluido Trabajo, que pertenece a Unidas Podemos, apuestan por que las nuevas medidas se focalicen en ayudas a las familias. Díaz coincide en hacerlo a través de la ampliación del cheque de 200 euros o con fórmulas directas desde la Agencia Tributaria, pero con la exigencia de acelerarlas lo máximo posible. En cualquier caso, no se prevén para antes del mes de abril, a la espera de los datos de déficit.

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Para la ampliación del cheque de 200 euros, el Ejecutivo deberá analizar primero si acaba llegando de forma satisfactoria a sus potenciales beneficiarios. Su solicitud se puede realizar todavía hasta el 31 de marzo y el Gobierno espera cubrir a 4,2 millones de familias. La experiencia de otras ayudas es que no siempre cubren un alto porcentaje de los ciudadanos a los que se dirigen. De ahí los llamamientos de la vicepresidenta segunda a "tener imaginación" y buscar alternativas para que lleguen de forma más efectiva a través de la Agencia Tributaria.

Tope a los alquileres

Tras varias semanas marcadas por los choques dentro de la coalición, que alcanzaron su punto crítico con la ruptura de puentes en la votación para reformar la ley del solo sí es sí, la Moncloa quiere cambiar el foco de la agenda. Este mismo jueves, desde Economía se lanzaba una oferta en la mesa de negociación para intentar desbloquear el texto de vivienda, superando el escollo del tope a los alquileres. Los ministerios de Transportes y Derechos Sociales llegaron a un preacuerdo para fijar un límite de entre el 3 y el 4% en la subida máxima que puedan experimentar los contratos anualmente. Cuando la propuesta llegó a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, encargada de peinar el texto final de la futura norma, desapareció de los documentos de trabajo. Los morados y el resto de socios parlamentarios lo calificaron como un retroceso y enfriaron la posibilidad de acuerdo. Ahora, desde el departamento de Calviño propusieron establecer este límite vía decreto durante todo 2024 (actualmente, se encuentra en el 2%) y posteriormente elaborar un índice que defina un límite a las subidas.

En el Ministerio de Transportes, el proponente de la ley, confían —tras lanzarse esta última oferta de Economía— "en que pronto haya un acuerdo sobre las cuestiones pendientes". Calviño se ha mostrado igualmente optimista esta mañana en los pasillos del Congreso, al asegurar que "quedan muy pocas cuestiones por cerrar" y mostrándose confiada en llegar a un acuerdo "cuanto antes". Los socios, sin embargo, no se fían de esta última contrapropuesta y exigen que se plasme en la norma como se había acordado en un principio, sin quedar la limitación de precios a expensas de la elaboración de un índice en el futuro.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales argumentan, además, que desde el equipo de la vicepresidenta primera no se ha aclarado cómo se elaboraría ese índice ni con base en qué elementos, temiendo que esté ligado a "datos viciados" del propio mercado inmobiliario. De ahí que la propia ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, asegurase este jueves que "hoy no estamos más cerca de un acuerdo que ayer". Fuentes de la dirección parlamentaria de ERC son más optimistas y explican que esta propuesta supone "un avance". La valoran como un paso positivo para seguir negociando, aunque comparten con Derechos Sociales que el tope debe estar reflejado en la norma. Desde EH Bildu, fuentes de este grupo son igualmente optimistas y trasladan que "el acuerdo está cerca", aun reconociendo que "no se ha cerrado nada".