El portazo de Juan Roig enfría el pacto con el Gobierno para limitar precios en el súper

La posibilidad de un acuerdo a la francesa entre el Gobierno y las principales cadenas de supermercados para limitar los precios de los alimentos parece cada vez más lejana. Juan Roig, dueño de Mercadona, la empresa que aglutina el 27,2% de la cuota de mercado en el sector de la distribución en España, se mostró este martes muy reacio a cualquier solución al impacto de la inflación sobre la cesta de la compra de las familias que pase por topar o congelar tarifas de venta al público. "Irrealizable", "un brindis al sol" o "imposible" fueron los calificativos que Roig dedicó a soluciones como las que Emmanuel Macron ha alcanzado en Francia, con un acuerdo de adhesión voluntaria de las empresas para 200 productos, o el tope de precios que están poniendo encima de la mesa los ministros de Unidas Podemos en el Gobierno o la propia vicepresidenta Yolanda Díaz.

Las conversaciones con la cadena alimentaria y, espacialmente, con las distribuidoras las está liderando el titular de Agricultura, Luis Planas, quien se mostró a favor de importar el modelo francés para rebajar los precios de la alimentación. Con todo, fuentes del Gobierno destacan que se trata de un acuerdo "voluntario" y, más allá de deslizar cierta presión pública para que se adopte en España "una medida similar", evitan una posición proactiva por parte del Ejecutivo para fomentarla. Se entiende, además, que el tope que propone la pata morada de la coalición va en contra de las reglas de libre mercado y ni siquiera se plantean su debate.

Desde el entorno de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien lleva defendiendo un modelo de actuación similar desde el pasado verano, no esconden sus críticas a lo que consideran una falta de iniciativa de sus socios de la parte socialista del Gobierno. Frente a ello, avanzan que no se resignan y que siguen insistiendo desde su esfera de influencia para empujar un acuerdo tanto dentro del Gobierno como con las distribuidoras para rebajar el precio de la cesta de la compra.

Para propiciar algún posible acercamiento, tampoco ayuda la agresividad con que los morados han recibido los resultados de la empresa de Roig, que ayer evitó entrar a confrontar las acusaciones de "capitalista despiadado" que los dirigentes de Podemos le vienen regalando desde hace meses. En la compañía valenciana, se tiene la percepción de que Podemos ha tomado Mercadona como diana en una estrategia de tintes electoralistas a la que no quieren contribuir. Este martes, la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, insistía en que "algunos están sacando mucho rédito de una crisis económica que está haciendo que cada vez a más gente le cueste llenar la nevera". El portavoz de la formación de izquierdas, Pablo Echenique, iba más allá todavía en el tono. "Además de meterte la mano en el bolsillo, se mea en tu cara", afirmaba sobre la presentación del balance del año pasado del empresario.

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La posición del presidente de Mercadona, que creció un 11% en ventas el año pasado como consecuencia de la repercusión de la inflación en las tarifas del lineal, es que intervenir de forma artificial en la cadena de suministro puede tener consecuencias negativas y hacer insostenibles algunos de los eslabones de la misma si se hace con brocha gorda. Según sostiene, sin el aumento de precios, "el desastre de la cadena de producción hubiera sido impresionante", si bien Mercadona logró crecer un 5,6% en rentabilidad hasta obtener 718 millones de euros de beneficio neto. Los márgenes operativos, no obstante, se redujeron en 0,2 puntos. La rentabilidad por cada euro vendido sigue siendo estrecha, en línea con el conjunto del sector: ha pasado de un 2,7% en 2021 a un 2,5% en 2022. El negocio está en el volumen.

"Topar los precios es imposible, es como decir que el agua no moja. Pasado mañana pueden subir los precios por cualquier acontecimiento y la única forma es compensarlo en otros productos. Cada producto que vendemos, cada palo, tiene que aguantar su vela", manifestó, dando a entender que fijar a priori cantidades puede acarrear tensiones en las cadenas de suministros con los proveedores, que se verían obligados a topar precios también y podrían buscar otras vías de salida a sus referencias. Puso el ejemplo de los tomates durante los meses en que más caro estaba el gas y los países del centro y norte de Europa optaron por reducir la producción en sus invernaderos comprando los tomates en la huerta española. "Los precios del tomate subieron un 50%. Ahora creemos que con la llegada del buen tiempo bajarán. Solo si generas ofertas, puedes bajar los precios".

Roig se mostró más partidario de perseguir rebajas de costes aguas abajo, evitando que se consolide la tendencia inflacionaria. También se mostró partidario de "ayudar" en medidas de apoyo promovidas desde las instituciones, como el bono para la cesta de la compra que está intentando habilitar la Generalitat valenciana, que preside el socialista Ximo Puig. No lo vinculó, pero tras repasar la contribución fiscal de Mercadona el año pasado, con 2.263 millones, un 12% más, advirtió de que la decisión de no deflactar el IVA y el IRPF "ha tenido un efecto inflacionario". El Gobierno, según recordó, bajó el IVA en algunos productos de alimentación el 31 de diciembre, "deprisa y corriendo", asestó.

Opinión

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La Administración valenciana está negociando con el sector de los supermercados la forma de aplicar un bono para rentas bajas o medias-bajas. Pero el diálogo está encallado, porque no hay pacto sobre el porcentaje de población que se vería beneficiado por el bono, una ayuda de 30 euros mensuales durante tres meses. La Generalitat quiere que los supermercados pongan el 10% del coste de la medida, abonándoles por adelantado el 90% del cheque, aunque las empresas parecen dispuestas a asumir el 5%. "Nosotros, si podemos ayudar, lo haremos. Lo que hagan las demás empresas lo haremos, no podemos ser más papistas que el Papa".

En esta línea, el Gobierno está trabajando en medidas de apoyo a las familias, como el cheque de 200 euros que ha puesto encima de la mesa la vicepresidenta Yolanda Díaz. Se pretenden prorrogar algunas de las medidas contenidas en el actual decreto anticrisis, que caducarían a mediados de año, y aprobar "otras nuevas". Todo ello, en función de los datos de recaudación y déficit del pasado ejercicio, de los que dependerá su financiación. Desde el Ministerio de Hacienda, confían en que serán positivos y poder así contar con un gasto extra para un nuevo paquete de medidas sociales, planteándose principalmente ayudas directas. El decreto anticrisis que entró en vigor el pasado 1 de enero supuso una movilización estimada de 10.000 millones de euros, por lo que se cuenta con disponer al menos de una cantidad similar.