El Gobierno presiona a los súper para aplicar el modelo francés de rebaja de la cesta de la compra

Moncloa ha tomado nota del acuerdo alcanzado en Francia entre el Gobierno de Emmanuel Macron y las grandes distribuidoras de la alimentación para rebajar el precio de una serie de productos básicos en la cesta de la compra. Una medida de carácter voluntario para combatir la inflación por la que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se ha interesado. Tanto es así que este martes tenía previsto ponerse en contacto con su homólogo francés, Bruno Le Maire, para pedirle información técnica sobre el acuerdo, según confirmaban desde su entorno. Previamente a esta llamada, Calviño ya aseguró en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que será la línea a seguir. "Damos por supuesto que aquellos grupos multinacionales que tienen presencia en España, extenderán cualquier política comercial que pueda beneficiar a los ciudadanos", declaró.

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Fuentes del Ejecutivo refuerzan este posicionamiento al poner en cuestión que las firmas con presencia en ambos países "hagan una cosa con los clientes francesas y otra distinta con los españoles". Las mismas fuentes inciden en que se trata de una medida voluntaria, por lo que la decisión última corresponde a los supermercados, pero subrayando que si lo aplican en Francia lo lógico sería que hiciesen lo propio en España. "Tendrán que extenderlo", coinciden fuentes de la parte socialista del Gobierno, a modo de presión. A pesar de ello, no se plantea por el momento una propuesta formal para buscar un acuerdo que siga el modelo francés.

Desde el Gobierno explican que el ministro de Agricultura, Luis Planas, está en contacto constante con todos los actores de la cadena alimentaria, deslizando que esta cuestión se podría abordar en próximos encuentros. En esta línea añaden que ha mantenido reuniones con toda la cadena alimentaria centradas en "contener el precio de los alimentos". El titular de Agricultura ya abría el camino este lunes con un llamamiento a las distribuidoras que operan en España para adoptar "una medida similar" a la francesa. Siempre dentro del margen empresarial de las empresas, Planas animó a fijarse en una medida que encajaría "perfectamente", según dijo, en un sector "maduro y competitivo como el español".

Yolanda Díaz presiona desde el verano para implantar una medida similar. Tras el acuerdo en Francia urge a tomar cartas en el asunto

Quien sí ha incrementado la presión dentro del Ejecutivo para pasar de las palabras a los hechos, con una posición más proactiva para buscar un acuerdo que rebaje el precio de la cesta de la compra, ha sido Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda lleva desde el pasado verano empujando por una medida de estas características y después del acuerdo implementado en Francia ha urgido a tomar cartas en el asunto porque "no solo es posible, sino que es imprescindible". Díaz también ha mantenido encuentros bilaterales con las grandes distribuidoras y considera insuficiente la supresión del IVA a los productos básicos con tipo superreducido del 4% y del 10 al 5% solo en el caso de las pastas y los aceites, y propone ir más allá "cuanto antes".

En el marco de estas conversaciones, la vicepresidenta segunda dejó caer la posibilidad de recurrir al artículo 13 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. En este, se determinan las excepciones por las que el Gobierno puede fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos. "El artículo 13 de la ley está ahí", explican las mismas fuentes de su entorno más cercano, para concluir que, frente a su aplicación, se considera más adecuada la limitación de precios en una lista de alimentos básicos seleccionados, acordada con las distribuidoras y adoptada de forma voluntaria.

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Un mensaje que de forma indirecta también tiene como destinataria a la vicepresidenta primera por la supuesta pasividad que le achaca en esta materia, tratando de poner en valor la voluntad de buscar acuerdos con las distribuidoras pese a contar con elementos más duros como la intervención. Desde la parte socialista del Gobierno, siempre han rechazado cualquier posibilidad de topar los precios, al considerar que va en contra de las leyes de libre mercado.

El ministro de Agricultura ya se limitó a pedir un "esfuerzo" a la industria para que reflejen de forma más realista en los precios pagados por los consumidores la positiva evolución de los costes en origen. Esta fue su petición en la reunión extraordinaria del Observatorio de la Cadena Alimentaria, celebrada el pasado mes de enero. Eso sí, desde el Gobierno se advirtió a las distribuidoras que estarían vigilante de la traducción en los precios finalistas de la rebaja de los costes. "Vamos a estar vigilantes y hacer un seguimiento. Espero que se cumpla", concluyó entonces Planas. Este martes, la vicepresidenta económica se mostraba favorable a que los grandes supermercados hiciesen públicos sus márgenes de beneficio. "Todos los elementos que arrojen transparencia son positivos", concluía.

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La iniciativa francesa ha reabierto el debate en el seno del Gobierno sobre medidas que combatan la inflación en los alimentos. Sobre la mesa sigue estando la opción de extender la rebaja del IVA a la carne y al pescado, situado en el 10%, mientras que desde Podemos reclaman bonificar el 14,4% de la cesta de la compra.

En el Ejecutivo confían en disponer de gasto extra para financiar nuevas medidas sociales a partir del mes de abril. En función de los datos de recaudación y déficit del ejercicio 2022, se definirá el alcance de un próximo paquete anticrisis. Según explicaban fuentes de la Moncloa, se espera un incremento para poder prorrogar iniciativas ahora en vigor que caducan en junio o adelantando otras nuevas en función de la coyuntura. El Gobierno pretende así retomar la iniciativa tras unas semanas aciagas por la reforma de la ley del solo sí es sí y la crisis derivada entre los socios, pero reservándose las medidas más vistosas para la precampaña de las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.