Macron adelanta por la 'izquierda' a Sánchez: Carrefour Francia acepta congelar precios

A partir de mediados de marzo, en menos de diez días, los franceses contarán de facto con una cesta de la compra básica a precios reducidos, como pretendía implantar el Gobierno de Macron desde hacía meses. Visto de cerca, hay menos mérito del que parece. Pero el camino ha sido tortuoso y se podría decir que París ha sido tan comparsa como director de este resultado. En gran medida, esto ha sido gracias a las propias distribuidoras y los dueños de los supermercados, que no estaban obligadas a ceder ante la presión del Gobierno.

Primero abrió la veda Carrefour el domingo, anunciando en boca de su director general, Alexandre Bompard, que aplicaría una tarifa plana de hasta dos euros a 200 productos, entre ellos cotidianos y de higiene, además de otros considerados "sanos" desde mediados de marzo a mediados de junio en sus casi 6.000 establecimientos.

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EFE

Los demás han seguido en cascada aplicando la "cesta antiinflación" ante el temor de que el gigante de los supermercados acapare más cuota de mercado: Intermarché (más de 2000 supermercados en territorio francés) ha lanzado enseguida sus "500 productos antiinflación", al igual que Système U (1500 tiendas) con sus "150 productos (a precio de coste)" o Casino (1400), con sus "500 productos a menos de un euro con precio bloqueado". La magia de la libre competencia. Pero, ¿cómo lo ha conseguido cuando otros gobiernos como el español lo ven como una quimera irrealizable?

"Creo en la libertad del comercio. No podemos bloquear los precios administrativamente", declaraba el ministro de Economía, Bruno Le Maire, al presentar al día siguiente (lunes) el "trimestre antiinflación", la escenificación de que París había conseguido convencer a las grandes distribuidoras de que moderaran los precios. Todos los presidentes de los grupos de distribución, menos el de Leclerc, declarado en rebeldía, estuvieron en el acto.

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El Instituto Nacional de Estadística (INSEE) había señalado que los precios de la alimentación subieron en febrero un 14,5%: las medidas para retener la escalada de la inflación a través de la moderación de los precios de la energía parecían empezar a hacer aguas por el lado de los supermercados. El Ejecutivo quiso tomar medidas. En plena tensión por la reforma de las pensiones, limitar el impacto de la inflación en los bolsillos de los consumidores es fundamental para evitar estallidos sociales y para recuadrar la agenda en otros asuntos.

La ceremonia del lunes quedó bastante deslucida precisamente porque Carrefour se adelantó al anuncio, con lo que el papel del ministro quedó reducido a anunciar lo ya sabido. Un gol a medias. Al menos los productos rebajados llevarán una etiqueta tricolor con el lema "trimestre antiinflación", por lo que el mensaje de que es mérito del Gobierno puede terminar calando.

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La historia de esta limitación de precios ha sido la de la marcha atrás del Gobierno hasta al final conseguir su objetivo. La viceministra encargada de las Pymes, Olivia Grégoire, ya propuso hace unos meses una "canasta antiinflacionaria", compuesta por una cincuentena de artículos de primera necesidad, cuyos precios habrían sido bloqueados para todas las marcas. Entonces los supermercados se le echaron encima quejándose por la libre fijación de precios, oferta y demanda.

La exigencia de Le Maire a los distribuidores tras el anuncio, eso sí, es que la bajada de precios se haga a costa de sus márgenes de beneficio. Estos costes se calculan en el orden de las decenas millones de euros. Por eso las distribuidoras han pedido contrapartidas. Esas contrapartidas afectan especialmente a los grandes proveedores y a los agricultores, que tendrán que asumir en efecto gran parte del coste de este acuerdo, con la aquiescencia del Gobierno. El sector industrial acababa de renegociar las tarifas con las distribuidoras para hacer frente a las subidas del coste de los combustibles, los embalajes, el transporte… y ahora el Ejecutivo les va a obligar a abrir de nuevo la negociación a la baja. Los proveedores han asegurado que las bajadas "no pueden ser instantáneas", y se quejan de que los distribuidores, que a regañadientes habían aceptado alzas "insuficientes" de los precios, pedirán ahora bajadas rápidas. Los representantes de los proveedores advierten de que las bajadas se harán con la misma cadencia con la que se aplicaron las subidas. En román paladino: despacio.

Pero el eslabón más débil de esta cadena son los agricultores y ganaderos, que pueden verse forzados a reducir todavía más sus ingresos en un sector ya de por sí precario, a pesar de las ayudas europeas y del estado. El ministro de economía ha instado a respetar la ley Egalim, que está diseñada para preservar los márgenes de ganancia del sector primario. Pero con la rápida evolución de la inflación y el poder de negociación de los grandes distribuidores, el margen se puede quedar en migajas. De hecho, fue el sector primario el que en cierto modo frenó la cesta básica de Olivia Grégoire, temeroso de quedarse sin margen para seguir operando.

Los expertos dicen que mientras productos insustituibles, como las grandes marcas multinacionales, puedes mantener el pulso, los vendedores de frutas y verduras, más intercambiables dentro del sistema, pueden verse obligados a ceder más allá de lo razonable. El ministerio de Economía se ha comprometido a publicar de manera trimestral los datos de inspección de los márgenes y costos de los proveedores.

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En un país en el que un cuarto de los ciudadanos se priva de al menos una comida al día, el Gobierno puede ver cómo estas medidas de los supermercados se quedan en mera cosmética. Por eso, además se ha comprometido a empezar un programa piloto de distribución de un cheque de ayuda a los más desfavorecidos, a nivel local, que costará unos 20 millones de euros, enmarcado en un programa de mejora de la alimentación.

Esta cesta básica va a tener que ser controlada por la administración muy de cerca. Los críticos con el control de precios piden al Gobierno que se garantice que los distribuidores, detrás de estas "buenas intenciones" cumplen las normas, y por ejemplo, no bajan las calidades de los productos para mantener beneficios. París deberá además estar muy pendiente de que no se produzca escasez de los productos más demandados en estas cestas. Hay productos en Francia, como cierta pasta, que ya se encuentra en riesgo de escasez por los coletazos de la pandemia y de la guerra en Ucrania