La adquisición de Air Europa tendrá que pasar por la lupa de Bruselas

El futuro del transporte aéreo en España estará, al final, en manos de Bruselas. La Comisión Europea se muestra implacable con las normas de competencia, y la adquisición de Air Europa por parte de IAG promete ser un caso que exigirá una mirada atenta por parte del brazo ejecutivo de la UE.

“Esta transacción no ha sido notificada a la Comisión Europea”, ha explicado un portavoz del Ejecutivo comunitario, que ha recordado que cuando una operación tiene una dimensión europea, corresponde a las empresas informar al equipo de Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, para que esta estudie su posible impacto en la competencia.

Por lo tanto, IAG y Air Europa tendrán que notificar su operación a la Comisión Europea, porque en principio cumple los requisitos para que Bruselas considere que tiene una dimensión comunitaria: que las empresas combinadas tengan un volumen de negocio a nivel global de más de 5.000 millones de euros y que ambas empresas tengan un volumen de negocios a nivel europeo de 250 millones de euros.

En caso de no cumplir esos requisitos, también pueden ser sometidas a investigación en otra serie de supuestos, como que tengan una presencia relevante en tres o más Estados miembros de la Unión (100 millones de euros en cada uno de ellos) y que las dos firmas juntas tengan un volumen de negocio de 2.500 millones de euros. Cada año, Bruselas analiza unas 300 operaciones que cumplen estos requisitos.

El proceso

Eso sí: las empresas no tienen una fecha límite para comunicar su operación, aunque IAG ha expresado que pretende completar el proceso en la segunda mitad de 2020, por lo que tendría que pasar antes por los despachos de la capital comunitaria. Los plazos empiezan a correr desde el mismo momento en que llega la notificación a la Comisión Europea.

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El Ejecutivo comunitario tiene 25 días para analizar el acuerdo durante la primera fase de la investigación, donde se resuelven casi el 90% de las operaciones. Durante este periodo, lo normal sería que Bruselas pidiera más información y que consultara con la competencia, así como con consumidores, sobre su visión de la misma.

Al final de esta fase, la Comisión informa a las empresas sobre sus conclusiones. Si cree que puede dañar la competencia en el mercado interior, las compañías pueden ofrecer soluciones, como desinversiones, para convencer a la Comisión Europea. Esto alarga la fase durante otros 10 días. Bruselas “analiza si los compromisos propuestos son viables y suficientes para eliminar los problemas de competencia”, teniendo también en cuenta las opiniones de los participantes del mercado.

Llegado a este punto, el Ejecutivo comunitario puede declarar aprobada la operación o entrar de lleno en la segunda fase de la investigación en caso de que los compromisos ofrecidos no sean suficientes: se trata de “un análisis en profundidad de los efectos de la fusión en la competencia y requiere más tiempo”.

Esta “fase generalmente implica una recopilación de información más extensa que incluye documentos internos de las empresas, datos económicos extensos”, señala la normativa de la Comisión Europea.

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¿Qué tiempos se manejan? Sobre el papel, la segunda fase dura unos 90 días, aunque puede alargarse otras 15 jornadas en caso de que las partes ofrezcan cesiones después de que se haya superado el ecuador de este segundo tramo, más allá del día 55 de investigación. Pero la realidad es que dura lo que tiene que durar: puede extenderse otros 20 días “a solicitud de las partes”, y si las mismas “no proporcionan información relevante que la Comisión les ha solicitado, el reloj puede detenerse hasta que se proporcione dicha información”.

Bruselas no tiene prisa ninguna. Es metódica, y el apuro que puedan tener las compañías por cerrar el acuerdo y ponerlo en marcha no va a hacer que la Comisión Europea se precipite.

En la segunda fase, el equipo de Vestager pondrá en una balanza los pros y contras de la operación para los consumidores. Si los beneficios para los clientes superan los efectos negativos de la fusión, el camino está despejado. Pero esos beneficios necesitan ser verificables, que se puedan lograr solo a través de dicha operación, y deben transmitirse a los consumidores, no ser únicamente positivos para las empresas implicadas.

Cuando se llega al final de la fase dos, en caso de que la Comisión Europea siga creyendo que la operación distorsionará el mercado, envía un pliego a las partes implicadas, donde se especifican las conclusiones preliminares. IAG y Air Europa podrían entonces responder al pliego defendiéndose de las conclusiones alcanzadas por Bruselas, teniendo acceso al expediente y pudiendo celebrarse una audiencia oral.

Solo hay tres formas de salir de esta situación: que las empresas convenzan a Bruselas en el último momento y esta dé luz verde a la operación; que el Ejecutivo comunitario la apruebe pero sujeta a condiciones, o, por último, que la Comisión Europea rechace la operación.

Con el Brexit en el horizonte

La operación es compleja, porque tendrá un impacto importante no solo sobre el mercado español sino también sobre el europeo. A ello hay que sumar el hecho de que IAG, la matriz de Iberia, es una compañía británica a la que la Comisión Europea ha pedido que cambie su accionariado para cumplir con las normas europeas y poder así contar con una licencia de vuelo después del Brexit. Es decir, IAG necesita que el 51% de sus accionistas sean comunitarios.

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En caso contrario, y después de un periodo de adaptación que la UE daría a las aerolíneas, los aviones de IAG no podrían realizar vuelos intracomunitarios (es decir, de Barcelona a Madrid, o de Valencia a Bruselas), pudiendo solo hacer una parada dentro de la UE (es decir, de Londres a Málaga, y de Málaga a Mánchester, pero no dentro del bloque comunitario).

Eso también afectaría a Iberia, lo que sería un problema importante para el transporte dentro de España, y en caso de quedar aprobada esta adquisición también afectaría a Air Europa, lo que empeoraría todavía más el daño que pudiera hacer a la conectividad en el país. En caso de que el Reino Unido apruebe el acuerdo del Brexit que Londres cerró con Bruselas, este asunto quedaría ya resuelto hasta que finalice el periodo transitorio en enero de 2021. Independientemente del resultado del Brexit, este problema quedaría definitivamente solucionado si IAG cambia su accionariado y se convierte en una compañía mayoritariamente europea.

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Es pronto para saber si la salida del Reino Unido de la Unión Europea jugará un papel en la investigación que la Comisión Europea pueda realizar sobre esta adquisición. Lo que es seguro es que el Ejecutivo comunitario no tiene en cuenta los discursos políticos en este tipo de operaciones: la creación de una compañía 'fuerte' que pueda tener un rol global no impresiona a Bruselas.

Hace algunos meses, Vestager vetó la fusión de Alstom y Siemens, dos gigantes, uno francés y el otro alemán, que habrían dado como resultado un auténtico mastodonte de los ferrocarriles. La danesa sufrió fuertes ataques de Berlín y París, pero días después explicó su decisión: defiende que, a diferencia del americano, el ecosistema europeo es muy delicado, y la aparición de una nueva especie, grande, poderosa, puede acabar con la existencia de todas las otras pequeñas especies, menos relevantes, pero cruciales para el consumidor final.