La industria se suma a la CNMC en su pugna con las gasistas: "La reforma es necesaria"

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha encontrado un aliado inesperado en la batalla que mantiene contra las energéticas para tratar de reducir las retribuciones en el nuevo marco regulatorio que entrará en vigor en 2020 para las eléctricas y en 2021 para las gasistas.

Un total de 11 asociaciones industriales, responsables de generar casi 1,4 millones de empleos entre directos e indirectos, han presentado unas alegaciones ante el regulador en que piden endurecer aún más las condiciones al sector del gas, tal y como explica el escrito al que ha tenido acceso El Confidencial.

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"Valoramos muy positivamente cada una de las propuestas de la CNMC, pero consideramos que existe un amplio margen de mejora en la sostenibilidad y la eficacia del sistema gasista", explican en cuatro escritos que han presentado en la mañana de este viernes, justo el día en que se acababa el primer periodo de reclamaciones a las 14 directivas planteadas por el regulador.

Señalan en dicha nota que el sector industrial es el responsable del 62% del consumo de gas en España, generando una factura anual de 4.700 millones de euros. Cifran en hasta 4.000 empresas las conectadas a las redes de transporte y distribución del gas.

Desde el año 2014 se ha sobrerretribuido con 586 millones de euros anuales, pese a que los gigantes del sector no han aumentado su nivel de inversión

Para estas asociaciones, el proceso de establecer la nueva normativa, que estará en vigor durante seis años tal y como dicta Bruselas, tiene "una elevada complejidad" y piden a la CNMC "una visión de futuro y no histórica" para endurecer aún más la reducción de la retribución del sector. Apuntan que las actividades reguladas, como la de generación o transporte de gas, "son de muy bajo riesgo y deben ser remuneradas como tal".

Así, denuncian que desde el año 2014 se ha sobrerretribuido a los propietarios de activos de distribución con 586 millones de euros al año, pese a que estos "han mantenido una fuerte y sostenida reducción en las inversiones". En total, el exceso de capital que ha llegado a manos de los gigantes energéticos en estos seis años del marco regulatorio en que todavía nos encontramos superaría los 3.500 millones de euros.

Pocos incentivos y aumento de los peajes

Las agrupaciones industriales piden al regulador que busque la manera de "incentivar de forma más elevada" a las gasistas, con la intención de que busquen captar nuevos clientes en redes ya consolidadas "que no exijan inversiones adicionales".

También solicitan eliminar de forma total la retribución transitoria de distribución, cifrando el efecto de mantenerla en vigor en 879 millones de euros para el periodo entre 2021 y 2024.

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Del mismo modo, consideran que el Ministerio de Transición Ecológica y antes el de Energía se han equivocado a la hora de establecer los peajes al gas. Entre 2012 y 2018, España los aumentó en un 10%, mientras que la tendencia en la Unión Europea fue reducirlos de media un 2,9%. La situación es todavía más sangrante si se compara con Alemania, donde estos peajes se redujeron un 16,4% en ese periodo.

"Las alegaciones presentadas no tienen más objetivo que garantizar la estabilidad económica del sistema gasista español", dice la reclamación presentada ante la CNMC por las agrupaciones industriales. Señalan que quieren "evitar situaciones adversas como las que se dieron entre 2010 y 2017, cuando el déficit del sistema generó una deuda que todavía no se ha devuelto".

En cualquier caso, no todo son alabanzas para la labor de la CNMC. Estas 11 asociaciones afirman que "a pesar de que la metodología es correcta, algunos parámetros son notablemente laxos" y piden "evitar el empleo de cifras que están muy lejos de la realidad actual y de las proyecciones futuras de dichos valores", si bien no concretan mucho más en la nota a que ha tenido acceso este diario.

Guerra abierta

Las energéticas y la CNMC mantienen una guerra abierta desde que el organismo presentara las 14 directivas con las que pretende recortar las retribuciones del sector durante los próximos seis años. La idea del sector es, por supuesto, otra bien distinta. Y tienen una hoja de ruta bien marcada para conseguir mantener las condiciones actuales.

Las nuevas directivas deben estar aprobadas antes de que acabe el año, mientras que las energéticas tratan de embarrar todo el proceso burocrático

Según el Real Decreto-ley 1/2019 del 11 de enero, antes del 31 de diciembre tienen que estar aprobadas todas estas circulares porque, en caso de no ser así, se prorrogaría automáticamente el marco actual durante seis años más.

Pese a que todavía quedan meses para que acabe el año, lo cierto es que los plazos están muy ajustados. El pasado 9 de agosto se cerró el primer plazo de alegaciones, pero todavía se podrán recurrir algunas directivas hasta el mes de septiembre. Una vez todas estén recogidas, la CNMC tendrá un mes para analizar si los recursos tienen o no sentido.

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Los técnicos del regulador pasarán luego sus conclusiones a los miembros del consejo de la CNMC y, tras una semana y siempre que todo esté correcto, habrá que esperar a que el Consejo de Estado dé luz verde. Ya estará bien entrado el otoño.

Mientras todo esto ocurre, el Ministerio de Transición Ecológica trabajará en paralelo para determinar si la CNMC se ha ceñido únicamente a los peajes. En caso de que la normativa afecte a otras competencias, habrá que rehacer las directivas y los tiempos se alargarán todavía más. Desde el propio regulador reconocen que es muy probable que esto ocurra, ya que es la primera vez que se encargan de establecer este complejo marco normativo.

El presidente de la CNMC acaba su mandato el 10 de septiembre, pero tendrá que seguir en funciones porque el Gobierno no puede nombrar sustituto

La situación de interinidad del Gobierno es otra piedra en el camino de estas directivas. El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, agota su mandato a primeros de septiembre, así como la mitad del consejo, pero tendrá que seguir en funciones ya que es la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la que debe designar a un nuevo presidente para que la comisión de Economía del Congreso lo apruebe.

Dicha comisión fue constituida el 29 de julio, pero no puede dar el paso de aprobar los nuevos mandatos porque Ribera, por estar en funciones, no tiene capacidad de designar altos cargos.