Mientras, el Ejecutivo en funciones

El sector energético evitará el recorte de la CNMC si no se aprueba antes de fin de año

Los gigantes del sector planean entorpecer el proceso de aprobación de la nueva batería de directivas que reducen su retribución y que se prolongue el escenario actual seis años más

Foto: El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en una conferencia. (EFE)
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en una conferencia. (EFE)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las grandes gasistas están en plena guerra. La propuesta de reducir la retribución del transporte y distribución de gas no ha gustado en el sector, que se ha levantado en armas, ante la posibilidad de que sus cuentas se vean afectadas por la decisión del regulador. El conflicto puede recrudecerse o suavizarse, pero tiene fecha límite: el 31 de diciembre de 2019.

Por primera vez, es este organismo el que se está encargando de plantear el marco de los peajes que cobrarán las gasistas durante los próximos seis años, después de años de presión por parte de la Comisión Europea para que el Gobierno le traspasara esas competencias. Hasta ahora, el encargado de llevar a cabo esta tarea era el ministerio responsable del sector energético, ahora llamado Ministerio para la Transición Ecológica, y Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de España en la legislatura anterior. De este modo, el Ejecutivo se ha evitado gestionar directamente el previsible conflicto con el sector, pero ha perdido buena parte del control que tenía sobre él.

Lo que ha planteado el regulador es un ajuste de la retribución de los peajes, el coste del sistema, alegando que la situación económica del país no es la misma que en el año 2013, cuando se establecieron las reglas de juego para el periodo que acabará en 2021 (2020 para las eléctricas). De esta manera, la rebaja en la distribución del gas sería del 17,8%, mientras que habría que descontar un 7% para la de electricidad. En cuanto al transporte, bajarían un 21,8% y un 8,2% respectivamente.

Sabiendo que parte de sus ingresos están en juego, el sector del gas ha puesto en marcha una estrategia que consiste en embarrar el proceso de aprobación del nuevo marco regulatorio aprovechando la situación de interinidad del Gobierno.

Su gran baza es el Real Decreto Ley 1/2019 del 11 de enero, que dice que si para el próximo 31 de diciembre no están aprobadas las nuevas directivas, se prolongarán automáticamente las vigentes durante seis años más. Los gigantes del sector estarían más que satisfechos manteniendo la situación actual durante mucho más tiempo.

Los plazos, muy justos

La CNMC planteó hace algunas semanas un total de 14 circulares y dio al sector un plazo de hasta dos meses para presentar las alegaciones que consideraran oportunas. Desde el regulador, explican que la intención era encontrar el máximo consenso posible, teniendo en cuenta que es la primera vez que tienen que encargarse de tomar estas decisiones.

Ese plazo está a punto de finalizar, pues el último día para reclamar en alguna de estas directivas es hoy, 9 de agosto, mientras que sobre otras se podrán presentar alegaciones hasta finales de septiembre. Dichos recursos se irán haciendo públicos según se cumplan los plazos.

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. (EFE)
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. (EFE)

Hasta ahora, el Gobierno presentaba el marco en el que convivían las gasistas sin más explicaciones. Sin embargo, la CNMC ha decidido justificar sus propuestas sobre aspectos puramente técnicos para mantener el carácter independiente del organismo.

Fuentes del regulador no entienden cómo es posible que las gasistas hayan puesto el grito en el cielo al conocer el recorte en la retribución de los peajes. Consideran que los plazos "son bien conocidos por todos" y que la CNMC "ha avisado en muchas ocasiones de que había que ajustar la retribución del sector gasista", apuntando a que es algo que ya propuso en su momento el popular Álvaro Nadal cuando era ministro de Energía.

Entonces, dicen, no era el momento "de cambiar las reglas del juego en mitad del partido", pero ahora que comienza un nuevo plazo de seis años sí que piensan que es el momento adecuado.

Largo procedimiento

Desde la CNMC, temen que la estrategia del sector, empezando por la patronal Sedigas, sea la de conseguir que los diferentes plazos se alarguen lo suficiente para que, llegado el día 31 de diciembre, no se haya aprobado ninguna directiva y, por lo tanto, haya que prorrogar las actuales como si de unos Presupuestos Generales del Estado se tratara.

Las 14 directivas a aprobar han pasado por el periodo de estudio y redacción y se encuentran ahora en pleno plazo para la reclamación. Una vez que los gigantes del gas planteen sus alegaciones, llegará el momento de que la CNMC las estudie con detalle y determine cuáles tienen base y cuáles son descartadas.

Les tocará entonces el turno a los técnicos, que tendrán que introducir las modificaciones en las directivas. Entre eso y la aprobación del Consejo de la CNMC, bien puede pasar otro mes. Estaríamos ya tocando noviembre.

En cualquier caso, no es esa la última estación, ya que el Consejo de Estado puede tomarse un mes más para estudiar las normativas mientras, en paralelo, el Ministerio de Transición Ecológica estudia si la CNMC se ha excedido en sus competencias, limitadas únicamente a esos peajes.

Desde el propio regulador reconocen que el de los peajes es un campo de acción que bien puede afectar a otros, por lo que cuentan con la posibilidad de que el Ejecutivo les devuelva alguna de las directivas para realizar modificaciones. La posibilidad de que haya que hacer horas extra en fechas navideñas es muy real.

Y todo esto, en funciones

La CNMC tendrá que afrontar esta negociación sin poder renovar buena parte de sus cargos, incluido el de su presidente, José María Marín Quemada, cuyo mandato no renovable de seis años se cumple el 10 de septiembre. Además de Marín, también llegan al final de su mandato la vicepresidenta, María Fernandez, y la mitad del Consejo.

De la misma manera que ocurre con otros organismos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno en funciones no está capacitado para nombrar nuevos cargos, tal y como explica el artículo 101 de la Constitución española.

Sede de la CNMC, situada en la calle Barquillo de Madrid. (EFE)
Sede de la CNMC, situada en la calle Barquillo de Madrid. (EFE)

Para nombrar a la cúpula del regulador de Competencia hace falta que la Comisión de Economía del Congreso, recién constituida, nombre a un candidato que proponga la ministra de Economía, Nadia Calviño. Sin embargo, al estar en funciones, no tiene la capacidad de hacerlo.

La situación se agrava si tenemos en cuenta que el director de Energía de la CNMC, Fernando Hernández, ya ha anunciado que en octubre dejará su cargo para marcharse a la embajada española en Japón en labores comerciales. Se dan todas las condiciones para que las gasistas puedan pescar en aguas revueltas.

No es la primera vez que la CNMC sufre por el carácter de interinidad de un Gobierno. Ya en el año 2016, cuando Mariano Rajoy no consiguió ser investido en su primer debate, hubo un pequeño grupo de consejeros que estuvo operando con su mandato caducado.

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