La Audiencia Nacional investiga los pagos del Grupo Planeta al comisario Villarejo

El caso Villarejo se extiende como una mancha de aceite en los tribunales. La Audiencia Nacional acaba de abrir una pieza separada por la contratación del comisario de policía José Manuel Villarejo por parte del Grupo Planeta. La compañía se puso en manos de Villarejo, hoy en prisión preventiva, para espiar al árbitro que determinó el laudo de 220 millones por Kiss Miss y a Javier Pérez Dolset, su socio en Grupo Zed.

Según un auto emitido el pasado lunes por Manuel García-Castellón, magistrado del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, se ha decidido incorporar a las diligencias previas del denominado caso Villarejo los audios presentados por Pérez Dolset el pasado 15 de julio, en los que aparece Luis Elias, secretario del consejo de administración de Grupo Planeta y responsable de los asuntos legales de la corporación de medios de comunicación.

La decisión del juez se produce después de que El Confidencial publicase la factura por la que el mayor accionista de Grupo Atresmedia abonó 40.000 euros a una empresa de Villarejo por unos informes en los que se detallaba si el árbitro que tenía que enjuiciar la batalla con el dueño de Kiss FM había recibido ingresos por parte de Blas Herrero para fallar a su favor. En los audios en poder del juez, Elias reconoce las reuniones con el comisario, al que asegura que le pagará hasta dos millones de euros en el caso de que efectivamente encontrase pruebas de que el abogado Julio González Soria hubiese sido comprado por el empresario asturiano.

Planeta optó por encargarle a Villarejo un primer informe sobre González Soria para conocer si tenía activos —casas, coches, etc.— que no fuesen acordes a sus ingresos como abogado. Pero el estudio demostró que las propiedades del árbitro no eran excesivas y que no ponían de manifiesto que hubiese percibido una cantidad por parte de Blas Herrero.

En conversación con este medio, Elias admitió esos encuentros con Villarejo, si bien aseguró que el informe que le entregó carecía de valor informativo y que, por tanto, se acordó pagarle 40.000 euros para finiquitar la relación. Un pago que el secretario del consejo quiso que se hiciera a través de cualquier vía externa a Planeta Corporación, pero que finalmente se hizo desde el 'holding' por imposición del que entonces era su presidente, José Manuel Lara.

González Soria sentenció a favor de Blas Herrero en 2004. Pero Antena 3, participada por Planeta, recurrió el laudo a la Audiencia Provincial de Madrid y posteriormente al Tribunal Constitucional. Ambas instituciones rechazaron la petición de los perdedores, que finalmente se repartieron el coste a razón de casi 100 millones a cargo de Telefónica, unos 60 millones contra el patrimonio de la cadena de televisión y los 35 millones restantes contra el de Grupo Planeta-De Agostini.

García-Castellón también quiere investigar si Elias mintió en su declaración ante el juez por el caso Zed, la quiebra de la empresa española de tecnología de la que Planeta llegó a tener el 25% del capital. Después de una pelea descarnada entre Pérez Dolset, el inversor ruso Mikhail Fridman y el propio grupo de comunicación, el primero acabó en la cárcel en junio de 2017 por supuestamente desviar dinero de la compañía a una empresa particular suya en Panamá. Así lo solicitó la Fiscalía Anticorrupción dirigida por José Grinda, que dio validez a un informe de Elias en el que aseguraba que Pérez Dolset tenía 100 millones de euros ocultos en el país centroamericano.

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García-Castellón dejó en libertad al empresario a las tres semanas tras el pago de una fianza de 60.000 euros al no poder corroborar la existencia de ese dinero e incluso comprobar que algunos de los bancos donde se decía tenía aparcados esos millones ni existían. En las grabaciones en disposición del juez, Elias asegura que tiene toda la documentación, incluidos correos electrónicos, para llevarse por delante al que había sido su socio.

El propio Javier había denunciado en julio de 2016 haber sufrido un 'hackeo' informático y el robo de información personal. Una guerra sin cuartel, en la que intervinieron servicios de seguridad de Estados Unidos y empresas de inteligencia como Diligence, dirigida por exmiembros de la CIA americana y el MI6 británico.