Gimeno pierde su primera guerra judicial contra las herederas de El Corte Inglés

La guerra judicial emprendida por Dimas Gimeno y su familia contra El Corte Inglés y sus directivos ya tiene su primera sentencia. Según indican fuentes conocoderas del caso, el juzgado de instrucción número 46 de Madrid ha sobreseído la querella que había presentado el expresidente del grupo de distribución contra el exdirector de seguridad Juan Carlos Fernández-Cernuda, Clara María Concepción Hidalgo —su madre—y Joaquín Domingo Martorell por presuntos delitos de administración desleal, delito societario y corrupción en los negocios.

Esta querella fue interpuesta por Dimas Gimeno después de recibir un anómino cuando todavía era el máximo responsable de la cadena de centros comerciales por los supuestos amaños de contratos entre El Corte Inglés y Mega 2 Seguridad, la empresa de Fernández-Cernuda, que al mismo tiempo gestionaba de forma externa la seguridad del 'holding' y de la que era presidenta su madre, la señora Hidalgo.

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Aunque el juez admitió a trámite en septiembre de 2018 la querella de Dimas Gimeno, al considerar que veía una "posible existencia de delitos societarios", lo que le llevó a abrir "diligencias previas", el magistrado ha sentenciado que "no concurren indicios que permitan la continuación del procedimiento con las personas investigadas, ya que de las diligencias practicadas no se deriva que ellos sean los autores de los delitos de administración desleal, delito societario y de corrupción entre particulares".

José María Escribano justifica su decisión en que "tal y como expresa el Tribunal Supremo en sentencia de la Sala Segunda de fecha 29 de enero de 2013, la carga de la prueba en el proceso penal corresponde a la acusación, sin que pueda hacerse recaer en el acusado la obligación de aportar elementos de prueba que supongan una autoincriminación, y en el supuesto que analizamos, la parte querellante no ha acreditado la concurrencia de los elementos del tipo de los delitos que constituyen la acusación”.

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El titular del juzgado 46 de Madrid añade en su auto que “resulta evidente que no se ha justificado la concurrencia del tipo de administración desleal, al tiempo que los sujetos activos no son administradores de hecho o de derecho de la sociedad". Escribano agrega que, en segundo lugar, "no se ha demostrado el elemento nuclear, es decir, que la contratación de obligaciones haya resultado perjudicial para la empresa, tal y como se refleja en el informe de auditoría".

Un asunto clave

El auto concluye que tampoco consta "la existencia de un perjuicio económicamente evaluable para los socios ni se ha acreditado la existencia de un beneficio propio en el sujeto activo". Con ello, se refiere a la acusación que se incluía en el anónimo que llegó al consejo de administración de El Corte Inglés, en el que se aseveraba que Mega 2 Seguridad se había quedado con los contratos de la casa cobrando un precio superior al de sus competidores, unos negocios que posteriormente estaría vendiendo a empresas del sector y para beneficio propio.

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Desde El Corte Inglés siempre han sostenido que no hubo ningún tipo de irregularidad en la concesión de la seguridad —el importe asciende a unos 300 millones— a la empresa de su máximo responsable, que ya cobraba una nómina del grupo. De hecho, el consejo, una vez ya despedido Dimas Gimeno, encargó un informe a la consultora BDO para que investigase los presuntos delitos. El estudio se concluyó a principios de agosto sin detectar ninguna irregularidad. Este informe era vital para que la compañía pudiera salir al mercado a emitir bonos por 600 millones, como hizo posteriormente en septiembre, sin ninguna advertencia por parte de su auditor.

Este es el primer combate judicial entre la familia de Dimas Gimeno y las actuales herederas de El Corte Inglés, Marta y Cristina Álvarez Guil. El próximo tendrá lugar el 21 de marzo, cuando se verán las caras en otro juzgado por el reparto de la herencia de Isidoro Álvarez.