La Comunidad de Madrid se juega 400 M en la guerra judicial de El Corte Inglés

La batalla entre las dos familias herederas de El Corte Inglés vive las horas previas a los juicios para dilucidar la propiedad de los más de 1.300 millones de euros que legó Isidoro Álvarez. La que también se juega mucho en el envite es la Comunidad de Madrid, que dispone de apenas unos días para evitar que prescriba la posibilidad de reclamar una factura de al menos 400 millones de euros a las hijas del fallecido presidente si el juez decanta la balanza hacia los demandantes.

Porque María Antonia Álvarez, hermana de Isidoro Álvarez—el presidente hasta 2014—, madre de Dimas Gimeno —el sucesor relevado en 2017— y tía de Marta y Cristina Álvarez Guil, las vencedoras hasta la fecha de la guerra familiar, ha solicitado a la Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid que active las medidas necesarias para que, en el caso de ganar la demanda sobre la presunta ilegalidad en la adopción de las hijas, les reclame el pago de los impuestos de sucesiones por el 14% del capital de El Corte Inglés.

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Conforme al régimen fiscal de la Comunidad de Madrid, Marta y Cristina Álvarez Guil, herederas directas, pagaron tan solo el 1% por el 68,4% de Cartera de Valores IASA, propietaria a su vez del 21% del capital del grupo de grandes almacenes. Un paquete que, según el expediente 1-11-16 de liquidación del impuesto de sucesiones, fue valorado en 945,87 millones de euros. Por tanto, apenas abonaron 9,45 millones por el patrimonio legado por su padre al ser descendientes en primer grado, sin contabilizar edificios y participaciones en fondos de inversión.

Por su parte, Dimas Gimeno, María Álvarez y César Álvarez —el otro hermano de Isidoro—, que recibieron el 31,6% de Cartera de Valores IASA, equivalente al 7% de El Corte Inglés, tuvieron que desembolsar 100 millones por ese paquete que tenía un valor inicial de 315,2 millones. No obstante, esta tasación fue minusvalorada por tratarse de acciones de una sociedad instrumental en la que los beneficiarios eran y son minoritarios, siguiendo el caso de uno de los herederos de una rama de la familia que vendió años atrás sus títulos. En cualquier caso, pagaron como impuesto de sucesiones cerca del 53,9% de la base imponible.

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No obstante, si la demanda por la nulidad de la adopción, que fue admitida a trámite en septiembre del pasado año y cuya vista está prevista para el próximo 27 de mayo, prospera, las hijas de Isidoro deberían tributar por la herencia con el mismo tipo impositivo que su primo y sus dos tíos, por lo que, cuanto menos, deberían abonar entre 400 y 500 millones. Pero para que la Comunidad de Madrid pueda apuntarse ese potencial ingreso, la Consejería de Hacienda tiene que activar la interrupción de la prescripción, ya que el próximo 14 de marzo expira el plazo para una potencial reclamación.

El asunto no es baladí para los afectados. Por ejemplo, Dimas Gimeno tuvo que alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo de Madrid para aplazar el pago de sus obligaciones —40 millones por el 3% individual de El Corte Inglés— durante 10 años, con cinco de carencia, al no disponer de ese dinero. Posteriormente, negoció un crédito con Banco Santander para hacer frente a partir del quinto de la factura fiscal, por lo que ha tenido que hipotecar sus acciones del grupo de grandes almacenes. Situación similar tiene su madre, no así su tío, que posee una fortuna propia gracias a, en parte, un paquete relevante de la constructora ACS.

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Isidoro Álvarez se casó en 1992 con María José Guil en una ceremonia discreta —apenas asistieron cinco testigos— en una capilla de un convento de Madrid. Lo hizo cuando ya tenía 57 años y tras muchos años de relación durante los cuales siguió viviendo en casa de su madre. Posteriormente, en 2004, adoptó a Marta y Cristina cuando ya eran mayores de edad, estaban casadas y tenían sus propios hijos, por lo que la demandante considera que aquel apadrinamiento se hizo sin respetar la norma del momento, que impedía esa filiación si el adoptado había superado los 14 años de edad.

De ser nula esta adopción, Marta y Cristina pasarían a ser legatarias, por lo que deberían pagar ese mínimo del 53,9% de base imponible. No obstante, las hijas han recurrido la demanda al considerar que su tía no tiene potestad para presentar la citada reclamación al no ser hija de Isidoro, sino hermana del expresidente y tía de las herederas.