DEBATE DEL PROGRAMA SOCIALISTA EN COMISIÓN ANTES DE LA CONFERENCIA POLÍTICA

El PSOE promete endurecer las causas del despido y "revisar" la indemnización

La dirección incluye, por la presión de las federaciones, que derogará "toda" la reforma laboral del PP, pero no cambia su idea de negociar una nueva legislación y no concreta si repondrá los 45 días

Foto: Pedro Sánchez, durante su intervención este domingo en el debate de las enmiendas al programa electoral del 20-D, en el hotel Meliá Avenida de América. (EFE)
Pedro Sánchez, durante su intervención este domingo en el debate de las enmiendas al programa electoral del 20-D, en el hotel Meliá Avenida de América. (EFE)

Pedro Sánchez ha logrado apaciguar el malestar interno a cuenta de la posición del partido respecto a la reforma laboral. Cede en una parte, al poner por escrito, negro sobre blanco, que derogará "toda" la legislación que introdujo en esta materia el PP, pero gana al mantener firme su primera idea: que no se tocará de inmediato la indemnización por despido. En cambio, sí se compromete a "revisarla", sin especificar más, y a endurecer las causas de un fin de contrato. En definitiva, se trata de un toma y daca en el que las federaciones -especialmente Andalucía- vencen, pero también lo hace Ferraz. 

Este domingo se firmó esa solución de consenso, que satisface a todas las partes. Y se solemnizó en la reunión de las comisiones encargadas de debatir las más de 3.800 enmiendas presentadas al borrador de programa electoral de las generales del 20-D. Cita que congregó durante todo el día a unos 500 delegados en un hotel de Madrid, y que es la antesala de la Conferencia Política del próximo fin de semana. Hoy finalmente se aprobó, por unanimidad, un texto transaccional propuesto por el equipo de Sánchez, que retoca y amplía lo expresado en el primer documento, perfilándolo algo más, aunque sin llegar a la concreción que, por ejemplo, le pedían los sindicatos al secretario general en el encuentro que mantuvieron el pasado viernes. Además, se estudiaron y se sancionaron modificaciones en el conjunto del borrador. No hubo cambios sustanciales, salvo detalles como la limitación a dos de los mandatos del presidente del Gobierno, la mejora de la proporcionalidad de la Ley Electoral o la incorporación al currículum escolar de una asignatura cultural sobre "el hecho religioso". 

La enmienda sobre el mercado de trabajo aprobada, y a la que ha tenido acceso El Confidencial, comienza así: "Los socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP, que estableció un modelo de empleo precario, de bajos salarios, de despidos baratos y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios". Un modelo que ha sido "desautorizado" por la justicia, sigue el texto, que "preocupa" a la Organización Internacional del Trabajo y a la OCDE. La redacción final es calcada a la propuesta por la poderosa federación andaluza, la dirigida por Susana Díaz. "Y la sustituiremos [la reforma laboral del PP] por una norma dialogada con los agentes sociales", escriben los socialistas en su enmienda. 

Diferencias con CCOO y UGT

Si se compara este pasaje con el párrafo original [ver aquí el número 1.265 del borrador], se observan los cambios: la dirección acepta especificar que derogará "toda" la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Es lo que querían federaciones como Andalucía, Valencia, Extremadura, Castilla-La Mancha o Asturias, que se dejara claro que no se mantendrá en pie nada. Sánchez acepta, como de hecho ya venía diciendo él verbalmente en los distintos actos públicos y entrevistas que ha mantenido. Su equipo defiende que ya la palabra "derogar" implica una anulación total, y que ese era el compromiso, pero que si para calmar a los barones hace falta incluir el adjetivo "toda", lo incorpora. 

Pedro Sánchez, con parte de su ejecutiva, antes del comienzo del debate de las 3.800 enmiendas al programa socialista. (EFE)
Pedro Sánchez, con parte de su ejecutiva, antes del comienzo del debate de las 3.800 enmiendas al programa socialista. (EFE)

Pero eso no quita para que se mantenga el planteamiento inicial: el candidato, si llega al Gobierno, quiere derogar la reforma del PP vía real decreto ley, sí, y al mismo tiempo abrir el diálogo con sindicatos y patronal para que negocien un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Si pasado un tiempo, no hay consenso, el Ejecutivo del PSOE legislará. Pero lo que no contendrá ese real decreto ley es una modificación de la indemnización por despido, que por tanto se quedaría, al menos durante un tiempo, en lo estipulado por el PP. O sea, los 33 días por año trabajado en los casos de despido improcedente -antes de 2012 era de 45 días- y los 20 cuando concurren causas objetivas (despido por razones económicas). 

Los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, explicaron el pasado viernes que la fórmula debe ser "derogar y reponer derechos", en el mismo acto, y que se han de recuperar, en consecuencia, los "derechos indemnizatorios". Una parte fundamental, aunque no la única, de toda legislación laboral. 

El PSOE asegura que recuperará “la causalidad y proporcionalidad del despido, incluyendo la revisión de los costes del mismo“ y la motivación de los ERE

Los socialistas dejan el párrafo 1.266 intacto, e introducen cambios en el siguiente. Aquí es donde perfilan algo más su propuesta. Se comprometen a incluir en ese real decreto ley, que se aprobaría "con carácter inmediato", nada más llegar a La Moncloa, medidas para recuperar "la centralidad de la negociación colectiva", elevar el salario mínimo interprofesional -el objetivo de la dirección es llegar al entorno de los 1.000 euros en ocho años, por los 648 euros actuales-, garantizar los derechos de los trabajadores y combatir la "precariedad en el empleo". 

"En paralelo, abriremos un proceso de diálogo social desde la voluntad de acuerdo con los sindicatos y las organizaciones empresariales que culmine en la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores". Esa nueva carta de derechos garantizará la "igualdad salarial" entre mujeres y hombres e incorporará nuevos derechos como la formación profesional, la igualdad en el acceso al empleo, la seguridad y salud en el trabajo, la libertad religiosa, el secreto de las comunicaciones o el derecho a la propiedad científica e intelectural de los empleados. 

Blindaje constitucional

También en ese Estatuto el PSOE plantea "incorporar la negociación y el acuerdo en los procesos de adaptación de las empresas para el mantenimiento del empleo, recuperar la causalidad y proporcionalidad del despido, incluyendo la revisión de los costes del mismo, y la razonabilidad de los despidos colectivos, garantizar que el despido sea la última medida en los procesos de reestructuración empresarial y asegurar una tutela judicial efectiva frente al despido".

Pedro Sánchez y Susana Díaz, en Viator, Almería, este sábado 7 de noviembre. (EFE)
Pedro Sánchez y Susana Díaz, en Viator, Almería, este sábado 7 de noviembre. (EFE)

Estas aclaraciones no se encontraban en el texto original, en el que no se hablaba nada del asunto de la indemnización o de que las empresas tengan que justificar por qué echan a un empleado. Con la reforma del PP, que un patrón finiquitase un contrato y le pagase sólo 20 días por año trabajado era bastante sencillo: se entienden que concurren causas económicas "cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas". Los socialistas pretenden, por tanto, endurecer las causas del despido, que haya que alegar más razones para prescindir de un trabajador. Como ya confirmó que harían el propio candidato el viernes pasado

La construcción de un nuevo marco laboral se hará en dos tiempos, como quería Sánchez, y si no hay consenso, el Ejecutivo socialista legislará

Respecto al controvertido asunto de la indemnización, no hay mayor precisión en la enmienda aprobada por la comisión de economía este domingo. Los sindicatos sí consideran que debe subirse, pero el PSOE no va más allá. Tampoco lo ha hecho el secretario general las veces que se le ha preguntado. No quiere entrar en ese charco porque considera que debe consensuarse con los agentes sociales y, sólo si no hay acuerdo, legislará por su cuenta, como dijo en TVE. Tampoco las federaciones habían hilado tan fino y no habían pedido volver de forma expresa a los 45 días. Y también porque Sánchez sabe que es un tema muy sensible para los empresarios, a los que ha prometido que no moverá las cuantías. La propuesta final parece apuntar a que si hay una revisión, será al alza, porque el candidato ha repetido que no "abaratará el despido". Pero no se concreta. Deliberadamente. 

Pedro Sánchez: "El presente de los jóvenes es paro, precariedad y pasaporte"

En la redacción del programa han confrontado, por añadidura, dos visiones, la del exministro Jordi Sevilla, a quien Sánchez fichó para coordinar el área económica, y al que en el partido acusan de imponer el dogma más liberal, y la perspectiva más socialdemócrata clásica, abanderada por la secretaria de Empleo de la ejecutiva federal, Luz Rodríguez, número uno al Congreso por Guadalajara. La pugna queda en tablas: Sevilla asume la precisión de que se anulará "toda" la reforma del PP, pero preserva las dos fases: derogación y diálogo con empresarios y sindicatos. 

Por último, se indica en la enmienda que en la reforma constitucional que proponen los socialistas se verán reflejados como derechos laborales fundamentales, entre otros, "el derecho a la seguridad, salud y dignidad en el trabajo y la tutela judicial efectiva ante los despidos injustificados". Algo que ya aparecía en el documento aprobado por el Consejo Político Federal del pasado 28 de octubre. En la reunión con los sindicatos, también se observó consenso sobre este asunto

Una Ley Electoral más proporcional

Los trabajos en comisión, que se prolongaron hasta las seis de la tarde, discurrieron sin mayores sobresaltos y sin apenas seguimiento mediático. Lo más polémico era esta cuestión laboral y el abordaje de la prostitución. En este último caso, se mantiene la posición inicial: penalización del proxenetismo, cierre de los burdeles y sanción a los clientes. Los que defendían una regularización de esta práctica no la sometieron a votación porque veían que se perdía.

El PSOE quiere limitar a dos los mandatos a presidente, llevar el Senado a Barcelona o incorporar la enseñanza cultural del hecho religioso

En la ponencia de regeneración democrática, se acordaron algunas cuestiones: establecer un "límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del Gobierno" -que ya aprobó el partido en su 'Declaración de Valencia' de noviembre de 2014-, mejorar "la proporcionalidad del sistema electoral" -que estaba recogida en la propuesta de reforma constitucional-, o regular "de manera exhaustiva los conflictos de intereses para evitar el fenómeno de las puertas giratorias", fijando un periodo de incompatibilidad de cinco años posteriores al desempeño del cargo público para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión. Es la misma línea que el PSOE defendió en la tramitación de la Ley del Ejercicio del Alto Cargo impulsada por el Gobierno. Asimismo, se aprobó trasladar el Senado a Barcelona, como ya había planteado Sánchez en la campaña catalana, pero que no figuraba en el borrador inicial. 

Los socialistas ya lanzaron su propuesta de sacar la religión del currículum y del horario escolar. Y ahora, tras el paso por el debate en comisión, la mantienen. Ahora, añaden que promoverán "la incorporación de la enseñanza cultural sobre el hecho religioso en términos de integración y convivencia", como parte del patrimonio cultural y "para evitar, por ignorancia, los riesgos de los fundamentalismos", una enmienda que iba en la senda de lo planteado por el colectivo de Cristianos Socialistas

Por último, en la comisión de economía se aprobó la creación de un "fondo verde para la transición energética", con tres vertientes básicas: social, para acompañar a las familias vulnerables subvencionando las inversiones que garanticen el ahorro y la eficiencia energética de sus hogares; otra para facilitar el crédito para la inversión en ahorro y eficiencia (para pymes y para el sector residencial), y otra para ofrecer préstamos a bajo interés para asegurar la movilidad limpia en secotres como la logística y las empresas de transporte. 

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