El PSOE cambiará la reforma laboral pero no tocará de inmediato el coste del despido

Pedro Sánchez ha reiterado que derogará la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP si llega a La Moncloa. Sigue sosteniendo que lo hará, pero sin embargo no tocará por ahora una de las cuestiones más polémicas y sustanciales de aquella medida que Mariano Rajoy adoptó nada más alcanzar el poder: el coste del despido. El PSOE pretende mantenerlo como está hasta que se pacte un nuevo Estatuto de los Trabajadores. O sea, que la indemnización por despido improcedente seguiría siendo de 33 días por año trabajado (antes de 2012, era de 45 días), y de 20 días por causas objetivas. Es decir, que no se trata de una derogación completa de la normativa vigente, ni de una vuelta a la anterior, a la que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, y que le valió una huelga general. No, se trata de una anulación a medias, pese a que hasta ahora el partido hablaba una y otra vez de "derogar" una ley que incluso llevó al Tribunal Constitucional.

La dirección del PSOE ha trabajado en los últimos meses en sus propuestas de empleo, y aunque ya hizo un anticipo a finales de abril, cuando contó su apuesta por un nuevo Estatuto de los Trabajadores, fue este miércoles cuando desveló ese capítulo estrella que incorporará a su programa electoral para las generales del 20 de diciembre [lee el documento aquí en PDF]. Desgranó toda una serie de medidas. Y una de las primeras que llevaría a cabo de alcanzar el Gobierno sería derogar, vía real decreto ley, la reforma laboral del PP, pero no en su integridad, sino en los aspectos de la negociación colectiva, la contratación y la desigualdad salarial.

Pero no tocará, sin embargo, la parte que afecta al coste del despido. Según explicó a los periodistas la secretaria de Empleo, Luz Rodríguez, España lleva "embarrancada" durante años en el debate de las indemnizaciones, cuando hay cuestiones cruciales como la negociación colectiva, las formas de contrato, la brecha salarial entre mujeres y hombres o atajar la temporalidad. En cualquier caso, ese real decreto ley no haría referencia a los 33 o 20 días. Ni al alza ni a la baja. Fijar el número de días quedará para cuando se elabore el nuevo Estatuto de Trabajadores, que el PSOE quiere negociar "en frío" con los agentes sociales, y en el plazo de "un año". No de forma tan inmediata, por tanto.

Rodríguez explicó a los informadores que hasta ahora se había "impuesto" en España la indemnización por extinción del contrato, y nunca se había "negociado". Y eso es lo que pretende revertir Pedro Sánchez: obligar a los agentes sociales a sentarse a una mesa para consensuar este asunto. O hacia arriba o hacia abajo, sin prejuzgar lo que salga de la negociación. La cúpula socialista entiende que el problema ya no estriba tanto en el abaratamiento del despido que propició el PP, sino en que se ha extendido con su reforma un modelo de "devaluación salarial" y de "empleo precario", y eso es lo que urge corregir, a su juicio.

En palabras de Rodríguez, esa "derogación" primera sería una "voladura de los elementos centrales" de la reforma del PP (aunque no del coste del despido), que se acompañaría del nuevo Estatuto, codificado ya "en frío", y de forma sosegada. No habría vacío legal, porque en el real decreto ley quedarían fijadas las reglas básicas de juego del mercado laboral, a la espera del nuevo marco pactado con los agentes sociales.

Fuentes próximas al candidato recordaban que este ha recalcado que quiere un programa que se pueda "cumplir", no falsas promesas que acaben siendo papel mojado. Y que no hay conformidad con las indemnizaciones de 33 y 20 días: tan sólo se pretende que se regule a través de un pacto, del "diálogo", y no por el "ordeno y mando", sello, según el PSOE, de la política de Mariano Rajoy.

El PSOE quiere ampliar ya a cuatro semanas el permiso de paternidad y dar ayudas a madres que no hayan cotizado hasta seis semanas tras el parto

Pedro Sánchez protagonizó justo después un acto en el mismo Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Se rodeó de dirigentes, concejales, diputados y representantes de la patronal y de los sindicatos, y los exministros de Trabajo de Zapatero Jesús Caldera y Valeriano Gómez. Quien no se acercó fue el coordinador del área económica del programa, Jordi Sevilla. El secretario general no citó esta importante salvedad en la anunciada derogación de la reforma laboral. Se centró en vender el plan de choque de formación y acreditación de 700.000 jóvenes.

Fuentes del entorno de Rodríguez aseguraron a El Confidencial que no fue una imposición del exministro Sevilla no tocar el despido, ya que "siempre" se tuvo la convicción de que "por primera vez en la historia", había que "pactar la indemnización", y no imponerla, e introducir un debate diferente sobre el mercado de trabajo.

Sólo tres contratos

El partido fía todo, por tanto, a la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, "y en el plazo de un año", manifestó Rodríguez. Estaría concebido como una "carta de derechos" de los trabajadores, que incluya, además de las condiciones laborales clásicas conquistadas, nuevos derechos de salud y seguridad en el trabajo, el secreto de las comunicaciones o la propiedad científica e intelectual.

La dirección alega que los grandes agujeros de la reforma del PP son la precariedad y la devaluación salarial, puntos que prioriza atajar

Ese nuevo estatuto incorporaría varias medidas importantes. Uno, eliminar la figura de los falsos autónomos, haciendo que estos sean reconocidos como trabajadores por cuenta ajena con los mismos derechos que los demás empleados. Dos, terminar con los falsos becarios (diferenciando entre aquellos que reciben formación y los que en realidad están cubriendo puestos poco cualificados). Tercera propuesta, establecer tres tipos de contrato únicamente. A saber, el de formación, el indefinido para cubrir puestos estables y el temporal . En este último caso, se estipularía que este tipo de contrato sólo puede durar un año, ampliable a dos por negociación colectiva, y se penalizaría a las empresas que superen el porcentaje medio en su sector de contratos temporales. El PSOE, asimismo, derogaría el contrato de fomento de los emprendedores que implantó el PP.

En lo que no está de acuerdo Ferraz es en el contrato único, porque "significa de facto convertir en temporales a todos los trabajadores", porque si el despido "no cuesta nada, el empresario puede echar a sus empleados en cualquier momento".

En el nuevo texto, se garantizaría la "igualdad salarial" entre trabajadores de empresas principales y de servicios, preservando el principio de que a igual trabajo, igual salario. Y se recuperaría la "fortaleza de la negociación colectiva como instrumento de igualdad y de equilibrio de poder" entre los trabajadores y el empresario. Los socialistas, pues, pretenden devolver a los sindicatos la capacidad de diálogo, por la mayor debilidad de los comités de empresa de las pequeñas compañías.

[Lee el documento 'Empleos con derechos' del PSOE aquí en PDF]

Salarios como dinamizadores del consumo

Otra propuesta estrella del PSOE es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para que alcance, al cabo de dos legislaturas, el 60% del salario medio neto, que es el umbral que aconseja la Carta Social Europea como retribución mínima suficiente. ¿De qué cantidad hablamos? De estirar el SMI desde los 648 euros al mes en 14 pagas actuales al "entorno de mil euros" en ocho años. Un incremento del 40%. Rodríguez explicó que hace falta un mayor "dinamismo en el consumo", y por tanto, que las nóminas sean más altas. Dicho de otra forma: se necesita que los salarios sean "el motor de creación de empleo". Defendió que en el poder económico "no preocupa especialmente" que se incremente el SMI.

Los socialistas quieren subir el salario mínimo, en el plazo de dos legislaturas, de los 648 euros actuales al entorno de los 1.000, el 60% del sueldo medio neto

El otro gran capítulo del programa socialista es la lucha contra la brecha salarial de hombres y mujeres. El partido quiere que las empresas dispongan de un registro donde hagan constar, de forma desagregada, los salarios y complementos que perciben sus trabajadores, por sexos. También plantea levantar, "de forma inmediata", la moratoria que pesa, ya desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el permiso de paternidad. Así, pasaría de los 15 días actuales a un mes (ese salto de dos semanas tiene un coste de 200 millones de euros). El PSOE propone que ese permiso de paternidad sea "obligatorio e intransferible", y que se vaya ampliando su duración hasta equipararlo al de maternidad (16 semanas), aunque para esto no se marca plazo.

Dos medidas más en este campoo: reconocer la prestación no contributiva de maternidad a todas las mujeres demandantes de empleo durante las seis semanas siguientes al parto (periodo que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, considera de descanso obligatorio vinculado a la recuperación de la salud de la madre). Esto beneficiaría a unas 130.000 mujeres que no han alcanzado una cotización suficiente. Recibirían 426 euros. El impacto en las cuentas del Estado sería de "unos 73 millones de euros", según Rodríguez.

Por último, el PSOE quiere obligar a todas las empresas a que tengan a un 40% de mujeres en sus consejos de administración. En la Ley de Igualdad de 2007 no se fijaba esa obligatoriedad: el resultado es que las mujeres, como explicó Rodríguez, no llegan a copar más del 10% de las cúpulas de sus compañías.

La novedad principal es el plan de choque para formar y acreditar a 700.000 jóvenes que no tienen titulación de ESO, para poder reconducirlos en el mercado

Pero si para algo había convocado la dirección a los medios es para anunciar la que calificó de propuesta estrella: el plan de choque para la formación y acreditación de competencias, destinado a unos 700.000 jóvenes que no disponen de titulación de ESO.

Rodríguez recordó que los que no tienen completada la secundaria no pueden acceder a Formación Profesional ni a los estudios de bachiller. Así que hay que desatascar ese "cuello de botella". Lo que pretende el PSOE es formar y acreditar en 6 meses a esos 700.000 jóvenes de entre 16 y 29 años. Se trataría de ofrecer cursos de 500 horas de cuatro meses de duración, y luego realizar pruebas de acreditación masivas para que esos jóvenes dispongan de competencias clave para su recualificación profesional, y para ello deben formarse en materias como lengua y matemáticas. El plan de choque costaría unos mil millones de euros, que saldrían de la supresión de las bonificaciones a la contratación (sólo se mantendrían estas ayudas para los casos de fichajes de discapacitados, personas en riesgo de exclusión social y víctimas de la violencia de género). El programa se desplegaría al poco de llegar los socialistas al Gobierno, y de una sola vez.

"Queremos que todos los trabajadores y, especialmente, los que necesitan un nuevo proceso de formación o reciclaje profesional, tengan la edad que tengan, vuelvan a tener la oportunidad de comprar ese billete que les permita volver a viajar por el mercado laboral con empleo con derechos y de calidad", aseguró Sánchez durante el acto en el COAM. Para el líder del PSOE, urge "cambiar el paro y la precariedad, que es la marca España del Gobierno del PP", además de la devaluación salarial, "por empleo y retribuciones dignas". Y aplicar "diálogo, diálogo, diálogo", que es lo que ha faltado en esta legislatura, a su juicio.

La autoenmienda socialista fue criticada al poco por Podemos. Fuentes del partido morado recordaron cómo su secretario de Política, Íñigo Errejón, se había referido horas antes, en una entrevista en TVE, al "doble juego" del PSOE.