Es noticia
Sánchez quiere que se reconozca en la Constitución el derecho a una renta mínima
  1. Elecciones Generales
PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY FUNDAMENTAL

Sánchez quiere que se reconozca en la Constitución el derecho a una renta mínima

El documento incorpora medidas como el refuerzo del derecho a la vivienda, hacer más proporcional la ley electoral, reconocer el matrimonio LGTB o igualar a hombres y mujeres en la sucesión a la Corona

Foto: Pedro Sánchez conversa con uno de los asistentes al mitin de su partido en Eibar (Gipuzkoa), este 27 de octubre. (EFE)
Pedro Sánchez conversa con uno de los asistentes al mitin de su partido en Eibar (Gipuzkoa), este 27 de octubre. (EFE)

Puede que la reforma de la Constitución en un sentido federal sea el capítulo más de actualidad de la propuesta de los socialistas, la que llevarán a las generales del 20-D. Pero no es el núcleo del documento que este martes Ferraz envió a las federaciones y que este miércoles se aprueba y presenta oficialmente. Hay otros ejes de reformas que los socialistas prometen cumplir, y que arropan y completan lo afirmado en la 'Declaración de Granada' de julio de 2013, centrada únicamente en el modelo territorial. El PSOE quiere blindar el Estado del bienestar, actualizar la carta de derechos e introducir en la Carta Magna mecanismos de regeneración democrática. Algunos ejemplos: que la Ley Fundamental recoja el derecho a una renta o ingreso mínimo vital, que se camine hacia un sistema electoral más proporcional -una reivindicación histórica de las minorías, especialmente de IU y UPyD-, que se cambie el artículo 135 para salvaguardar la "estabilidad social" junto al "principio de estabilidad presupuestaria" o dotar de contenido al derecho a la vivienda, para que los poderes públicos tengan obligaciones concretas en casos de desahucio.

Todos esos cambios aparecen en el borrador de propuesta de reforma constitucional, de 10 folios y al que ha tenido acceso El Confidencial [aquí en PDF]. El documento se organiza en cinco ejes u objetivos generales, aunque en ninguno llega a hilar fino, precisamente por su voluntad de que sea un texto "abierto" al consenso con partidos y ciudadanía. El primer apartado ni siquiera es el del modelo federal. Se dedica al fortalecimiento de los derechos sociales. ¿Cómo?

El PSOE pretende blindar la sanidad, obligar a los poderes públicos a actuar en caso de desahucio o recoger en la Carta Magna el derecho al aborto

  • Reconocimiento, como derechos fundamentales, de la protección de la salud y de la Seguridad Social ante situaciones previstas por la ley. Se trata del blindaje de la sanidad como derecho básico, al mismo nivel que la educación (artículo 27). En este punto, el PSOE incluye el reconocimiento "del derecho a una renta o ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna". Los socialistas llevan en su programa la propuesta más concreta, la definición de lo que entienden como ingreso mínimo vital y el coste de la medida, unos 6.450 millones de euros al año.
  • Mejora del reconocimiento del derecho al trabajo. Se incluiría la referencia expresa al derecho a la tutela judicial en caso de despido injustificado y al derecho a la seguridad, salud y dignidad en el trabajo.
  • Mejora también de la regulación sobre la protección a las familias, no entendidas estas de modo clásico, sino comprendiendo los distintos tipos de convivencia, y prestando "especial atención" a la conciliación de la vida familiar y laboral.
  • Dotar de contenido el derecho a la vivienda, recogido actualmente en el artículo 47 de la Carta Magna. Se recogerían "obligaciones concretas para los poderes públicos, especialmente en casos de desahucio".
  • Reforzar los derechos medioambientales.

El segundo bloque se especializa en el fortalecimiento de los derechos y las libertades. El PSOE defiende que hay que "actualizar" el catálogo de derechos recogidos en la Constitución, "reordenarlo" en ciertas materias, incorporar concepciones sociales que se han ido abriendo paso o atender a realidades que no se pudieron tener en cuenta en 1978. Las propuestas son estas:

  • Atribuir a "las personas" y no solo a los españoles el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Con ello se quiere garantizar la igualdad de trato a los inmigrantes, por ejemplo, equiparándolos con los que tienen la nacionalidad española.
  • Reforzar la igualdad entre sexos, para que se extienda a otros ámbitos, como las condiciones de trabajo, el derecho de las mujeres a su salud y a su vida, el reconocimiento de la libertad de estas a "decidir sobre sí mismas" -o sea, que los socialistas quieren llevar a la Constitución el derecho al aborto, presente en su Ley de Plazos de 2010- o el desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad.
  • Eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona. Esta era una de las reformas planteadas por Zapatero en su primera legislatura, pero que nunca llevó a término porque se trata de un cambio agravado de la Constitución que requiere, incluso, la disolución de las Cámaras.

Los socialistas promueven la abolición de la pena de muerte incluso en casos de guerra o la consolidación de la laicidad del Estado

La regeneración democrática configura el tercer pilar de la propuesta de reforma de los socialistas. Se pretende atajar así la desafección política por los casos de corrupción o las "insuficiencias" en la representación y participación de los ciudadanos en el sistema. Y para ello plantea incorporar a la Ley Fundamental varios principios:

Exigencia de participación de los militantes en la elección de sus dirigentes y candidatos a las elecciones. Es decir, que el PSOE da un paso más allá. No solo quiere que sean obligatorias por ley las primarias, sino que la Constitución también demande a los partidos que articulen mecanismos de participación a sus bases.

  • Limitar el aforamiento de parlamentarios y miembros del Gobierno a los supuestos relacionados con el ejercicio de su cargo y suprimir la inmunidad parlamentaria. Propuesta que también figuraba en el borrador del programa.
  • Incrementar la proporcionalidad del sistema electoral para el Congreso. Esta sí es una novedad, porque hasta ahora el PSOE hablaba de desbloquear las listas, de forma que los votantes pudiesen marcar sus preferencias acerca de los candidatos, pero era remiso a introducir más proporcionalidad en el modelo, como han demandado siempre formaciones como IU y UPyD, a lo que el partido respondía con portazo. Ahora se aviene a estudiar una mejora del sistema.
  • Rebajar las condiciones para la presentación de una iniciativa legislativa popular (ILP) y permitir a sus promotores defenderla en sede parlamentaria. La Constitución actual fija un mínimo de 500.000 firmas. Los socialistas, en su programa, hablan de 300.000 apoyos.
  • Despolitizar los nombramientos de órganos constitucionales y de organismos reguladores. El PSOE quiere instaurar un sistema más parecido al de una oposición: convocatoria pública de vacantes a cubrir, evaluación de los candidatos por un comité asesor de composición profesional variable (y cuyos informes se harán públicos), audiencias en las comisiones correspondientes de Congreso y Senado y elección final por parte del Parlamento.
  • Atribuir en exclusiva a las Cortes la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Actualmente, según el artículo 159 del texto de 1978, son elegidos cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial.
  • Deshacer la rigidez que existe actualmente para reformar la Constitución.

El cuarto capítulo se consagra a la reforma del Estado en un sentido federal. Y el quinto y último, a la doble vocación "europea e iberoamericana de España". Los socialistas sienten que España necesita "reafirmar en la Constitución su compromiso con el proceso de integración en la UE", sobre todo ahora que está siendo cuestionada por "eurófobos, euroescépticos y por quienes apuestan por nuevos localismos y nuevas fronteras". Y también debe reflejarse en la Ley Fundamental el "hondo sentimiento" de vinculación con Iberoamérica. Las propuestas concretas son estas:

Se exige dar más poder a los militantes para elegir a sus candidatos y cargos, despolitizar los órganos del Estado o incluir la ligazón con la UE e Iberoamérica

  • Reafirmar en el preámbulo constitucional el compromiso de España con el objetivo de hacer realidad "una Europa unida en su diversidad".
  • Reconocer el carácter "vinculante" del derecho europeo y su primacía respecto del derecho interno, en armonía con el ordenamiento constitucional.
  • Garantizar la participación de las comunidades autónomas en la fijación de posiciones en temas que sean de su competencia o que afecten a sus intereses.
  • Incluir la referencia expresa al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, además de adecuar la interpretación del Título I de la Carta Magna a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la UE.
  • Reflejar en el preámbulo la ligazón de España con los "países hermanos de Iberoamérica" en varios ámbitos (cultural, económico, político, educativo, científico y diplomático).

[Aquí, el borrador de propuesta de reforma constitucional del PSOE en PDF]

Puede que la reforma de la Constitución en un sentido federal sea el capítulo más de actualidad de la propuesta de los socialistas, la que llevarán a las generales del 20-D. Pero no es el núcleo del documento que este martes Ferraz envió a las federaciones y que este miércoles se aprueba y presenta oficialmente. Hay otros ejes de reformas que los socialistas prometen cumplir, y que arropan y completan lo afirmado en la 'Declaración de Granada' de julio de 2013, centrada únicamente en el modelo territorial. El PSOE quiere blindar el Estado del bienestar, actualizar la carta de derechos e introducir en la Carta Magna mecanismos de regeneración democrática. Algunos ejemplos: que la Ley Fundamental recoja el derecho a una renta o ingreso mínimo vital, que se camine hacia un sistema electoral más proporcional -una reivindicación histórica de las minorías, especialmente de IU y UPyD-, que se cambie el artículo 135 para salvaguardar la "estabilidad social" junto al "principio de estabilidad presupuestaria" o dotar de contenido al derecho a la vivienda, para que los poderes públicos tengan obligaciones concretas en casos de desahucio.

Estado del bienestar Reformas Constitución Pedro Sánchez Susana Díaz Derechos humanos Campañas electorales Aborto Monarquía
El redactor recomienda