El Gobierno cambia el paso en su política de subvenciones y las recorta un 42%

Tiempos nuevos en la política de subvenciones del Gobierno. Tras una política fuertemente expansiva vinculada a la pandemia y, posteriormente, a la inflación, ahora llegan los recortes, y lo hacen a un ritmo vertiginoso. Durante los primeros nueve meses del año, la partida de subvenciones del Estado ha caído un 42,2%. O lo que es lo mismo, se ha pasado de los 8.247 millones en el mismo periodo del año pasado a 4.767 millones en 2023.

La nueva política del Gobierno es coherente con lo reclamado por la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional (FMI), que han pedido a los gobiernos un nuevo enfoque a la política de subvenciones para que sea más selectiva. Es decir, que afecten de manera fundamental a los colectivos más vulnerables y no se concedan con criterios generalistas, como sucedió con las subvenciones al consumo de gasolina, que no diferenciaban el nivel de renta de los beneficiarios.

El coste de las subvenciones públicas se ha movido desde la anterior crisis económica en torno a los 12.000 millones de euros, con un mínimo de 9.896 millones en 2012, tras los recortes de la era Montoro, pero en 2020, tras la irrupción de la crisis sanitaria, alcanzaron los 21.600 millones. En 2022, sin embargo, se batió ese récord tras el fuerte incremento de la inflación, lo que llevó al Estado, incluidas todas las administraciones públicas, a un máximo histórico de 26.965 millones de euros, equivalente al 2% del PIB. Es decir, una cantidad cercana a los 31.800 millones que destinó a pagar el servicio de la deuda pública.

No se trata de un recorte coyuntural, sino un auténtico cambio de tendencia. El Gobierno ya ha anunciado a Bruselas en el plan presupuestario que este año las subvenciones caerán hasta representar el 1,6% del PIB, mientras que el año próximo se situarán en el 1,2%, ya cerca de su media histórica.

Ayudas al transporte

Lo que se han recortado, fundamentalmente, son las ayudas destinadas al transporte para paliar los altos costes de la energía. Por ejemplo, a los transportistas con derecho a devolución parcial del impuesto de hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional o a la compensación del sistema eléctrico por la reducción de peajes a consumidores intensivos de electricidad. Igualmente, se ha recortado la financiación de la TUR (tarifa de último recurso) en el gas natural o las subvenciones al consumo de gasóleo de productos agrarios. Estas partidas llegaron a suponer 4.249 millones, de los que 3.529 millones fueron las ayudas al consumo de combustible recogidas en un real-decreto ley aprobado un mes después de la invasión de Ucrania por Rusia.

Junto a las subvenciones, la otra línea de apoyo al sistema productivo y a los consumidores se materializa a través de las ayudas públicas, que se dispararon en 2020 tras la irrupción de la pandemia y prácticamente se mantuvieron sin cambios al año siguiente, como registra el Marcador de ayudas estatales que elabora la Comisión Europea, y que muestra que España es uno de los países, en términos relativos, que se ha comportado de una forma más parca.

Las ayudas públicas —concepto distinto al de subvenciones— en el conjunto de la Unión Europea alcanzaron en 2021 los 334.540 millones de euros, lo que representa el 2,3% del PIB, incluyendo todos los objetivos, a excepción de las ayudas relativas al sector ferroviario y a los servicios de interés económico general (SIEG, por sus siglas en inglés)

Alemania, con diferencia, encabezó la política de ayudas, absorbiendo nada menos que el 36% del total (121.210 millones de euros), muy por encima de su peso económico en el conjunto de la región. Francia fue el segundo país con mayores gastos, con 63.300 millones de euros (19%), también por encima de su peso económico. Italia, 31.530 millones de euros (un 9%) y España, 20.450 millones de euros (6%), se quedaron por debajo de su nivel de representación.

Aunque no existe una definición formal sobre lo que son las ayudas públicas, el Tratado de Funcionamiento de la UE entiende que son aquellas que han sido otorgadas por los Estados mediante fondos públicos bajo cualquier forma que no falseen o amenacen la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. Es decir, siempre que no sean declaradas incompatibles con el mercado interior, en cuyo caso serían declaradas ilegales. En esta definición entran los 74.314 millones de euros que hasta ahora ha concedido el Estado a las instituciones financieras, las cajas de ahorros y los bancos, con efectos sobre el déficit público, con un máximo de 46.693 millones en 2012, el año de la intervención parcial de la economía.

Los datos más recientes de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) muestran que durante el primer semestre de este año se han publicado 36.632 nuevas convocatorias de subvenciones y ayudas públicas, lo que supone un incremento del 45% respecto de 2018, que es un ejercicio digamos normal. La causa del incremento tiene que ver con las ayudas en el marco del programa Next Generation.

Los beneficiarios

Según los datos de la propia IGAE, el Estado ha concedido el 67% del total de las subvenciones y ayudas públicas durante el primer semestre del año, mientras que los gobiernos autonómicos han concedido el 28%. El 5% restante corresponde a las corporaciones locales. La mayor parte de los beneficiarios que han obtenido más ayudas públicas en el último trienio son las pymes y las personas físicas que desarrollan actividades económicas.

El importe de las ayudas concedidas desde 2020 que aparecen registradas en la base de datos asciende a 234.918 millones de euros. La mitad corresponde al primer ejercicio, y desde entonces se ha producido una fuerte caída. En el primer semestre de este año ascienden a 12.169 millones, la cuarta parte que en el conjunto de 2022. Por su naturaleza, los beneficiarios que han obtenido más ayudas públicas desde 2020 han sido las pymes y las personas físicas que desarrollan actividades económicas, si bien la gran empresa ha obtenido casi 40.000 millones de euros.

La firma que más subvenciones ha recibido del Estado es Barna Steel, matriz de Celsa, recientemente intervenida por los fondos acreedores, que se van a hacer con el 100% del capital. Barna Steel ha recibido una ayuda acumulada de 346,3 millones, lejos de los 207 millones ingresados por Técnicas Reunidas, una compañía española que se dedica a montar plantas industriales. En tercer lugar, se encuentra la línea aérea de bajo coste Volotea, con 200 millones de ayudas públicas. La Corporación RTVE, Telefónica o Renfe, también se encuentran entre las compañías más beneficiadas por las ayudas públicas.

Dentro del capítulo de subvenciones se encuentran también los fondos procedentes del programa Next Generation, de la Unión Europea, que durante el primer semestre de este año ha generado la publicación de 2.515 convocatorias de ayudas públicas. Sin embargo, una cosa es la convocatoria y otra distinta la concesión. De los 43.598 millones de euros convocados se han concedido, finalmente, 18.883 millones.

A destacar que gracias al control del buen uso de las subvenciones y ayudas públicas, la rúbrica de enajenación de inversiones reales ha pasado de 114 millones en 2022 a 374 millones en 2023, mayoritariamente por incumplimientos o defectos de forma en los expedientes presentados por los beneficiarios.