El PP blinda las subvenciones a los sindicatos en sus gobiernos sin Vox

El PP gobierna de dos formas en las comunidades autónomas. Con Vox y sin Vox. Y los resultados, en ocasiones, son dispares. Las subvenciones a los sindicatos y las patronales empresariales son un ejemplo muy claro de esta situación, con realidades casi contrapuestas. Los populares mantienen e incluso elevan las ayudas públicas destinadas a los agentes sociales en los territorios que dirige con mayoría absoluta, como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Galicia, mientras que en los Ejecutivos regionales y los ayuntamientos de coalición con la formación ultraconservadora, la tendencia es a la baja, con la exigencia de recortar las partidas.

Los presupuestos de 2024 reflejan esta diferencia. Fuentes de la dirección nacional de Vox explican a El Confidencial que la reducción de estas subvenciones es una de sus líneas rojas en las negociaciones para las cuentas del próximo ejercicio, tanto en las administraciones donde gobierna como en las que presta su apoyo externo. Y la realidad es que no puede sorprender a nadie. El partido ha puesto en la diana a estas organizaciones, consideradas como una forma de "casta" con privilegios contrarios a los de los trabajadores. Tanto, que la formación incluso impulsó su propio sindicato "patriótico": Solidaridad. Pero el PP rehúye de este discurso.

Los barones populares que gobiernan con mayoría absoluta no han retirado un solo euro para estas entidades. Ni Juanma Moreno, ni Isabel Díaz Ayuso, ni Alfonso Rueda, que ya han articulado sus cuentas, avanzan en ese sentido. La Comunidad de Madrid presentó el pasado martes su proyecto de presupuestos, con la misma asignación económica para UGT, CCOO y la patronal CEIM. El Ejecutivo adjudicará cada año 300.000 euros a los dos primeros, mientras que los empresarios recibirán 600.000 en el mismo periodo. Una partida de 1,2 millones de euros, idéntica a la prevista en el plan para 2022 y 2023.

El Gobierno de Ayuso tiene manos libres desde el pasado 28 de mayo, cuando logró la mayoría absoluta en las elecciones, pero ni siquiera atendió la exigencia cuando sus cuentas dependían de Vox. Abascal, de hecho, criticó públicamente la actitud de la presidenta madrileña y de su homólogo andaluz. "Hemos conseguido en Castilla y León reducir las subvenciones a sindicatos y organizaciones patronales de una manera drástica. Sin embargo, en Andalucía y en la Comunidad de Madrid se niegan a hacer tal cosa. La diferencia entre que Vox esté y que Vox no esté es importante", dijo el líder de la formación ultraconservadora en un encuentro reciente con sus dirigentes territoriales, donde precisamente les instó a presionar a sus socios en los gobiernos de coalición para imponer su discurso.

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El PP de Madrid, no obstante, también ha criticado a los sindicatos por los recientes escándalos publicados por El Confidencial, que apuntan a gastos presuntamente irregulares en UGT, especialmente a cargo de la antigua administrativa Mayka Tomás López, hija de la exdiputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Carmen López. "Tenemos una izquierda que dice representar a la gente humilde y hablar en nombre de los menos favorecidos, pero luego se gasta el dinero en Moët&Chandon. Pedimos a los sindicatos a que hagan una reflexión y un examen de conciencia, porque se está utilizando el dinero de un sindicato en beneficio propio", declaró Alfonso Serrano, número dos de Isabel Díaz Ayuso en el partido.

Subvenciones en Andalucía

Juanma Moreno ha mantenido las asignaciones presupuestarias concedidas a sindicatos y empresarios durante la etapa del PSOE. El diálogo social es una de las máximas del Gobierno autonómico, que mantiene encuentros con ambas partes y ha sellado varios acuerdos de concertación. Las partidas dedicadas a UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han sido las mismas tanto en la pasada legislatura, cuando el PP gobernaba con Ciudadanos y llegaba a pactos puntuales con Vox, como en el último año y medio de mayoría absoluta.

UGT recibe un total 1.267.500 euros, algo más que CCOO, cuya partida se limita a 1.072.500 euros. Desde su llegada al poder, Moreno ha priorizado el diálogo con los sindicatos, lo que le ha permitido evitar grandes protestas en las calles. Tanto es así que, bajo su mandato, la Junta de Andalucía alcanzó un acuerdo con UGT para fraccionar la devolución de los 36 millones de euros que la Administración autonómica le reclama por el caso de los ERE. Según informó ABC, Moreno dio el paso a finales del año pasado, cuando la organización se comprometió a devolver a plazos el dinero de las subvenciones.

UGT recibe en Andalucía 1.267.500 euros y CCOO, 1.072.500 euros. Galicia asignará 6 millones en 2024 a sindicatos y patronal

Tampoco ha variado la cantidad destinada a la principal organización de los empresarios andaluces, la CEA, que recibirá en 2024 prestaciones públicas por valor de 1.050.000 euros. Es la misma cifra que en los últimos años, según reflejan las cuentas publicadas desde la llegada del PP al poder. La Junta sí ha redoblado las líneas de ayudas a empresas, especialmente a raíz de la pandemia, destacando su apoyo al colectivo de los autónomos.

En Galicia el escenario es idéntico. El PP, que acumula cuatro mayorías absolutas de la mano de Alberto Núñez Feijóo, ha incrementado ligeramente la asignación para el próximo ejercicio. Desde la Xunta detallan que en 2024 los sindicatos y la patronal recibirán un total de 6 millones de euros, mientras que en 2023 fue de 5,7 millones. En La Rioja, donde el partido también gobierna en solitario desde mayo, las cuentas están todavía en fase de elaboración y desde el Ejecutivo no han querido adelantar ninguna de las partidas.

El escenario en los Ejecutivos autonómicos de coalición es muy distinto. Vox ha impuesto la revisión de estas partidas como una línea roja irrenunciable a cambio de sus votos. El partido de Abascal ya lo exigió durante las negociaciones para la investidura de los presidentes populares y ahora asegura que ha hecho lo propio en las conversaciones para las cuentas del año que viene. Aragón, Extremadura o Murcia son algunos ejemplos, aunque en ningún caso han detallado cuáles serán las partidas previstas.

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El PP y Vox pactaron en las tres comunidades una fiscalización de las subvenciones en su acuerdo de Gobierno. En Aragón, por ejemplo, se habla de una "racionalización de las subvenciones a los agentes sociales y las ayudas al desarrollo", mientras que en Extremadura directamente se exige a María Guardiola a rebajar la cantidad asignada: "Reducción considerable de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos respecto de lo percibido en el año 2022". En Murcia, aunque el documento no apela a los agentes sociales, sí se habla de cambiar el modelo de adjudicación. "Modificaremos la Ley de Participación Institucional para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos", señala.

Las fuentes de Vox consultadas advierten de que estas exigencias deberán reflejarse en los presupuestos autonómicos y municipales, los primeros de la legislatura. En casos como Aragón, incluso, dan por hecho que quedará incluido en las cuentas, que presentarán este lunes Jorge Azcón (PP) y Alejandro Nolasco (Vox). En los ayuntamientos el escenario también se presenta convulso, especialmente en grandes ciudades como Sevilla.

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El alcalde popular, José Luis Sanz, no cuenta con la mayoría suficiente y aprobó junto al PSOE subvenciones por valor de 31.500 euros a los sindicatos. La modificación recibió el voto en contra de la formación ultraconservadora, que acusa al nuevo regidor de "dar más dinero al sindicato socialista que el mismo PSOE". En las últimas semanas, la formación de Santiago Abascal ha criticado el "despilfarro" del equipo de Gobierno e insiste en forzar su entrada en el Consistorio, aunque Sanz quiere evitarlo a toda costa.

Vox pone como ejemplo el recorte de las subvenciones en Castilla y León, donde incluso han presumido de ahogar las cuentas de los sindicatos clásicos. El hachazo, en cualquier caso, no supone la retirada total del dinero. En la Comunidad Valenciana, donde el PP y Vox comparten Ejecutivo, se prevén ayudas públicas para CCOO, UGT y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) por participación institucional, prevención de riesgos y la implantación de los planes de igualdad. Algunas de las partidas alcanzan los 400.000 euros individualmente.