Las subvenciones públicas crecen un 45% y se acercan ya a los 27.000 millones

La pandemia, primero, y la inflación, más tarde, han provocado un antes y un después en la política de subvenciones del Estado. Hasta el punto de que las ayudas públicas representan ya el 2% del producto interior bruto (PIB). O lo que es lo mismo, el año pasado alcanzaron una cifra históricamente elevada: 26.670 millones de euros. Para hacerse una idea del incremento, solo hay que tener en cuenta que supone un 45% más que un año antes. En total, 8.373 millones más que en 2022.

La parte del león de las ayudas tiene que ver con un real decreto publicado en marzo del año pasado que incluyó todo tipo de subvenciones y bonificaciones para paliar el alza de los productos energéticos. Tan solo esa partida ha supuesto un gasto adicional de 6.290 millones de euros. Es decir, prácticamente la cuarta parte del importe global.

* Si no ves correctamente este formulario, haz clic aquí.

Igualmente, se concedieron ayudas al sector del transporte por valor de 760 millones, mientras que las transferencias sin coste alguno a las empresas intensivas en consumo de gas totalizaron 101 millones. De la misma manera, se destinaron 258 millones a financiar la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural aplicable temporalmente a las comunidades de propietarios, mientras que otros 429 millones fueron a compensar los menores ingresos en el sistema eléctrico consecuencia de la reducción de peajes para los consumidores electrointensivos, para financiar la flexibilización de los contratos de energía eléctrica, además de actuaciones de almacenamiento subterráneo.

TE PUEDE INTERESAR

AIReF avisa de que la reforma de pensiones de Escrivá no cubre el aumento de gasto

M. L. M. R. P. Agencias

Algunas ayudas desaparecerán en los próximos trimestres, pero otras permanecerán en el tiempo en función de la marcha de la inflación. La AIReF ha advertido en ocasiones de que hay riesgo de que una parte del gasto extraordinario derivado de una coyuntura singular se convierta en gasto estructural. Algo que es todavía más evidente teniendo en cuenta que este año hay una doble cita electoral. La literatura económica ha encontrado numerosas ocasiones en las que el aumento del gasto coincide con ciclos electorales.

Gasto público y pandemia

Estos incrementos, como aclara la Intervención General del Estado, se han compensado, en parte, con la disminución de las bonificaciones y exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social relacionadas con la pandemia en un 95%, desde 2.695 millones en 2021 a 135 millones en 2022. Históricamente, las subvenciones de las distintas administraciones públicas han representado alrededor del 1% del PIB, y, de hecho, nunca han bajado de ese porcentaje, pero desde 2020, coincidiendo con la irrupción del covid, se han disparado con el objetivo de atender la emergencia sanitaria.

Lo cierto es que en tan solo tres años, hasta 2022, las ayudas extraordinarias a los distintos agentes económicos respecto de la media histórica —alrededor de 11.000 millones de euros al año— suman cerca de 30.000 millones de euros adicionales, lo que refleja claramente la singularidad del periodo. En 2009, en plena crisis financiera y en medio de la primera recesión que asoló a la economía española, el volumen de subvenciones alcanzó un máximo del 1,2% del PIB, lo que significa casi la mitad que en esta ocasión.

La diferencia entre ambos periodos radica, fundamentalmente, en la distinta estrategia seguida ayer y hoy, tanto por la Unión Europea (UE) como por España. Mientras que en la anterior crisis se optó por reducir el déficit público mediante políticas de austeridad, en esta ocasión una de las primeras decisiones que tomó el Consejo Europeo fue congelar las reglas fiscales, lo que ha permitido a los gobiernos gastar en ayudas públicas sin apenas restricciones. Las subvenciones, de hecho, ya representan el 85% de lo que destinaron a pagar los intereses de la deuda las distintas administraciones públicas (31.595 millones de euros).

TE PUEDE INTERESAR

Goldman Sachs sale en apoyo de Iberdrola gracias al plan de subvenciones de Biden

Agustín Marco

Este incremento de las subvenciones ha sido financiado ampliamente por los mayores ingresos del Estado derivados de la inflación, que al elevar los precios también incrementa la base imponible sobre la que se aplican los distintos tipos impositivos, en particular los relacionados con el consumo (IVA o impuestos especiales). Hacienda ha estimado que del 14,4% que creció la recaudación tributaria el año pasado, alrededor de la tercera parte (cinco puntos porcentuales) deriva del alza de la inflación. También, según Hacienda, del déficit público equivalente al 4,8% del PIB con que se cerró el año 2022, alrededor de 1,7 puntos porcentuales corresponden a las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la crisis inflacionista derivada de la guerra.

Una legislación deficiente

La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha sido a menudo muy crítica con la política de subvenciones, no tanto porque se concedan o por su volumen, ya que al fin y al cabo es una decisión de política económica que corresponde tomar al Gobierno de turno, como porque carecen de un marco normativo eficiente. En concreto, ha detectado una insuficiente transparencia, lo que llama a una falta clara de vinculación entre políticas, planes sectoriales, programación presupuestaria y planificación estratégica de las subvenciones.

La AIReF ha sido a menudo muy crítica con la política de subvenciones

En la misma línea, un reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre el Imserso —Instituto de Servicios Sociales— sostenía que esta entidad pública carece de datos que le permitan conocer “si las ayudas están sirviendo realmente para alcanzar el objetivo para el que se establecieron”. El informe puso de manifiesto, en concreto, que la mayoría de las entidades beneficiarias se repiten todos los años, siendo excepcional el acceso a las ayudas de nuevas entidades. De las 32 entidades beneficiarias, 19 lo han sido en, al menos, los últimos 20 años; y 27, en los últimos 14 años. La Ley General de Subvenciones obliga a las administraciones públicas a conceder las ayudas con criterios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.