El Gobierno pagará parte del gas a comunidades vecinales frente a la tarifa regulada sin subvención

El Gobierno pagará con dinero público el 50% del recibo del gas de los más de 1,6 millones de hogares con caldera central. Fuentes del Gobierno explican que la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) de ahorro vecinal estará subvencionada con presupuestos generales del Estado. La Administración asumirá la mitad del recibo de estos usuarios, según una nueva normativa que pretenden aprobar en Consejo de Ministros el próximo martes.

Aunque en el plan de ahorro presentado esta semana habla de "medidas presupuestarias necesarias para su financiación", fuentes al tanto de los planes del Ejecutivo especifican que se trata de gasto público a fondo perdido que los usuarios cuya calefacción está en una vivienda con caldera central no tendrán que devolver.

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Aunque el Gobierno advirtió ayer de que la nueva medida era una "extensión del esquema de protección de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural a una nueva TUR de ahorro vecinal", en realidad se trata de sistemas de apoyo muy desiguales.

Pagar vs. financiar

Mientras el Gobierno pretende ahora costear con dinero público la mitad del recibo de los 1,6 millones de hogares con calefacción central, donde existen colectivos de todo tipo sin ningún tipo de discriminación por renta, el resto de usuarios acogidos a la tarifa regulada TUR con caldera individual —más de 1,5 millones de hogares— solo cuentan, por ahora, con un esquema de limitación de precios.

Es decir, las subidas trimestrales del recibo solo recogen una parte del coste. El 50% del coste del gas que compran las comercializadoras en los mercados internacionales lo asumen las propias empresas bajo el compromiso de que el usuario de la TUR posteriormente deberá devolverlo. Además, los consumidores tendrán que pagar posteriormente esa deuda contraída con las suministradoras (Naturgy, Endesa, Iberdrola y TotalEnergies), con los correspondientes intereses, según especifica el Real Decreto-ley 27/2021.

La cuestión no es menor. Esto supone que mientras que los consumidores con caldera individual tienen actualmente un compromiso de pago ante las comercializadoras, obligado por ley, los usuarios de caldera central lo tendrán pagado por el Estado con dinero de los contribuyentes. O dicho de otro modo, la deuda que están generando los 1,5 millones de consumidores con tarifa regulada TUR se enfrentan al pago de alrededor de 400 euros por usuario al término de este invierno, mientras que el Gobierno asumirá la deuda generada por los consumidores con caldera central.

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Fuentes del sector consideran la diferenciación una clara discriminación entre unos usuarios con respecto a otros, ya que no entienden que se pague el 50% del recibo del gas a los usuarios con caldera central y a los otros solo se les permita financiarlo (dejan de pagar parte ahora, pero tendrán que devolverlo después). En este punto, desde el sector cree que aunque este sea el planteamiento que esté manejando el Gobierno en los borradores, puede aún cambiar con respecto a lo que se acabe publicando en el BOE el próximo miércoles.

En términos globales, fuentes del sector estiman que los usuarios de tarifa TUR ya deben más de 200 millones de euros a las comercializadoras y al final del invierno la deuda se ampliará hasta los 700 millones de euros. Frente a lo anterior, el Gobierno costeará los 500 millones de euros de deuda que generarán los usuarios de calefacción central hasta marzo, según las estimaciones sectoriales basadas en la fórmula de cálculo del coste de la TUR a la que han aplicado los valores de futuros del gas del próximo invierno. El Ejecutivo ha englobado esta medida dentro de una partida presupuestaria de 3.000 millones de euros.

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Otras fuentes, sin embargo, argumentan que mientras los usuarios de la TUR llevan ya un año beneficiándose de la tarifa intervenida, los consumidores de calderas centrales no han tenido ninguna ayuda hasta ahora. Fueron precisamente los administradores de fincas los que dieron la voz de alarma ante el próximo invierno, cuando preveían subidas de la factura de hasta cuatro y cinco veces el precio que venían pagando.

No obstante lo anterior, de ahí se ha pasado a que ahora la idea es subvencionar a un colectivo donde existen rentas de todo tipo. Es más, fuentes del sector argumentan que hay muchas viviendas en las zonas más acomodadas de España, como el Barrio Salamanca de Madrid, las cuales tienen calefacción central, que ahora se beneficiarían de una ayuda pública. Frente a ello, el resto de usuarios con caldera individual como mucho obtienen una financiación, gracias al mecanismo de la TUR.

Tampoco reciben ningún tipo de ayuda los 6,5 millones de clientes con tarifa de mercado libre, que son la mayoría, y que, sin embargo, sí tienen la posibilidad de acogerse a la regulada TUR. En el sector se especula que si se subvenciona a los usuarios con calefacción central, tarde o temprano se tendrá que ayudar de igual modo a los de la TUR individual, ya que de otra forma se incurriría en una fuerte discriminación entre colectivos donde ninguno es vulnerable. La situación podría ser susceptible de demandas.

Muchas viviendas en las zonas más acomodadas, como Barrio Salamanca de Madrid, se beneficiarán de la subvención a la caldera central

Subvencionar a todos los usuarios con tarifa regulada, sin embargo, provocaría, a ojos del sector, una avalancha de peticiones de los clientes de mercado libre a la tarifa regulada, que actualmente es un 50% más barata que las que están en mercado libre y pagan el 100% del precio del gas en los mercados internacionales. La materia prima se ha disparado: de 20 euros por MWh en el mercado de referencia en Europa, el TTF, se ha pasado a rondar los 200 euros por MWh.

Organismos como la OCDE, el FMI, el Banco de España o el Banco Central Europeo están pidiendo focalizar las ayudas en los colectivos vulnerables y evitar dar subvenciones indiscriminadas al grueso de la población. Además, los expertos de estos organismos creen que al tratarse de ayudas regresivas, que pueden beneficiar a quienes más tienen, contribuyen a estimular la demanda en este caso de la energía y presionar aún más la inflación, en récord desde los años ochenta. Ello desemboca en una política más agresiva de los bancos centrales para evitar la pérdida de poder adquisitivo, que, sin embargo, por el camino puede contraer la actividad por los mayores costes de financiación y ser un lastre para el empleo y la economía.