La inflación dispara la presión fiscal sobre los salarios al mantener Hacienda las tablas del IRPF

Los datos los acaba de publicar la Agencia Tributaria, y lo que revelan es un aumento de los impuestos que gravan los salarios —la llamada subida de la presión fiscal en frío— con pocos precedentes. En concreto, el tipo medio de retención sobre las nóminas alcanzó el año pasado el 16,5%, un nivel que no se conocía desde hace una década, cuando el primer Gobierno de Mariano Rajoy elevó de forma intensa la presión fiscal para hacer frente a la crisis.

En 2022, ha sucedido algo parecido, pero en esta ocasión se explica por la inflación, que ha disparado las bases imponibles (incremento de un 8,1% respecto del año anterior) y, por lo tanto, al ser el IRPF un impuesto progresivo, también subieron los tipos medios de retención, que en el último trimestre del año pasado alcanzaron un histórico 17%, ya muy cerca del 19% que pagan las rentas del capital.

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El incremento (un punto más que en 2019, antes de la pandemia) es especialmente significativo en el caso de las pensiones, cuyo tipo medio de retención en el IRPF se sitúa ya en el 9%, siete décimas más que hace un año. Este nivel contrasta, por ejemplo, con el 6,5% de retención que se aplicaba a las pensiones en 2010, lo que tiene que ver, como se ha dicho, con el crecimiento de las bases imponibles, ya que las pensiones son las únicas rentas que tienen garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo, y tanto 2021 como 2022 han sido años de fuerte repunte de la inflación.

El resultado se sustancia en que si en 1995, que es cuando comienza la serie histórica, el tipo medio de retención (teniendo en cuenta tanto los salarios como las pensiones) se situaba en el 11,5%, el año pasado alcanzaba ya el 13,3%, lo que supone algo más de dos puntos de incremento. Por el contrario, las rentas del capital mobiliario, las acciones, han visto cómo la retención media ha pasado del 25% al 19% actual, lo que supone un descenso de seis puntos.

Unos suben y otros bajan

Si la comparación se hace entre la renta bruta de los hogares (que incluye todo tipo de ingresos) y la base imponible en el impuesto de sociedades, el resultado es muy parecido. El tipo medio que pagan las familias ha pasado en ese mismo periodo del 12,3% al 14,5%, mientras que en el caso del impuesto que grava los beneficios empresariales ha pasado del 22% al 20,5%. Es decir, han realizado trayectorias muy diferentes. Los primeros suben y los segundos bajan.

Hacienda, en todo caso, todavía no ha sido capaz de recuperar los niveles de recaudación de 2006, cuando en plena burbuja inmobiliaria y de crédito las bases imponibles en sociedades, sobre las que posteriormente aplica el tipo impositivo, alcanzaron los 158.332 millones. El año pasado, y pese al fuerte crecimiento de la recaudación, que se produjo, entre otras razones, a causa de la inflación y de la recuperación de los beneficios empresariales, se rozaron los 150.000 millones, muy por debajo en euros constantes (teniendo en cuenta la inflación).

El nivel de presión fiscal, en cualquier caso, es muy diferente en función de la naturaleza del empleador. En el caso del sector privado, la retención media sobre los salarios se situó el año pasado en el 16%, muy por debajo del 19,6% que se aplicó en las nóminas medias del sector público. Esto tiene que ver, lógicamente, con los mayores salarios que se pagan en las distintas administraciones. Existen incluso diferencias muy acusadas dentro del propio sector privado. Mientras que el tipo impositivo de las pequeñas y medianas empresas baja hasta el 12,7%, en el caso de las grandes aumenta hasta el 19,4%, lo que hay que achacar, igualmente, a que las nóminas son más elevadas.

En el caso del sector público, es muy significativa la distancia que existe en función de la Administración que pague el sueldo. Mientras que en la Administración central el tipo medio se sitúa en el 18,6%, si se trata de una comunidad autónoma sube hasta el 21%, lo que tiene que ver con los mayores salarios que se pagan.

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Con todo, el impuesto en que es más significativa la subida de la presión fiscal es en el IVA. Los datos de la Agencia Tributaria muestran, en concreto, que desde 1995 se ha pasado de un IVA medio del 11% al 15,2% actual, pese a que a consecuencia de la crisis el Gobierno central bajó los tipos en algunos productos o bienes básicos, como ciertos alimentos o la electricidad.

Mínimo personal

Hay que tener en cuenta que 2008, hace 15 años, fue el último ejercicio fiscal en el que se actualizó la tarifa del IRPF, entonces un 2%, para tener en cuenta la evolución de los precios. Un estudio publicado por la propia Agencia Tributaria, precisamente, puso recientemente números a ese proceso de subida encubierta de los impuestos, y el resultado es algo más que significativo. Es tan llamativo, que una actualización del mínimo personal y familiar supondría un incremento "no despreciable", reconoce el estudio publicado por Crónica Tributaria, de sus cuantías y, por lo tanto, un beneficio para los declarantes. Por ejemplo, el mínimo exento de tributación por contribuyente se tendría que situar hoy en 6.238,20 euros, lejos de los 5.550 en que se aplica ahora. Es decir, la pérdida sería de 688,2 euros por contribuyente.

Hay que tener en cuenta que 2008 fue el último ejercicio fiscal en el que se actualizó la tarifa del IRPF, entonces un 2%

Cuando el declarante tiene a su cargo ascendientes o descendientes, las cantidades se incrementan de forma significativa, pudiendo llegar a los 1.116 euros en el caso de las personas discapacitadas con más de 65 años. Si el contribuyente tiene un segundo hijo menor de tres años, el coste de la no deflactación de la tarifa son 347,20 euros al año, o 558 euros a partir del cuarto descendiente a cargo.

El estudio ya advertía de que si se tiene en cuenta lo que ha pasado en 2022, cuando la inflación media en el año se ha situado en el 8,5%, esas cifras serían incluso superiores. El coste para el contribuyente, por lo tanto, sería más elevado. El estudio, publicado en una revista que edita Hacienda, advierte de que no solo se está produciendo un aumento de la presión fiscal respecto de la cuantía de las rentas salariales, es decir, lo que grava directamente el fisco, sino también en los gastos, ya que los precios suben al mismo ritmo que la inflación, y al aplicarse los tipos impositivos sobre niveles más altos, también se pagan más impuestos de forma encubierta.