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Hacienda intensifica la presión a los cambios de residencia, los extranjeros ricos y las sociedades pantalla
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PLAN DE ACTUACIÓN DE 2023

Hacienda intensifica la presión a los cambios de residencia, los extranjeros ricos y las sociedades pantalla

Eleva la persecución de falsos cambios de domicilio fiscal. También pone el acento en reestructuraciones societarias, empresas con alto volumen de efectivo y socimis

Foto: María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (EFE/Cabrera)
María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (EFE/Cabrera)
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Hacienda ha presentado un plan de actuación que no ha gustado a nadie. Los inspectores creen que no avanza lo suficiente, los técnicos que no se clarifica el papel de los funcionarios y los abogados fiscalistas temen una presión más elevada sobre sus clientes. De hecho, esto es lo que ya ha adelantado Hacienda en el BOE de este lunes.

El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2023 insiste en elevar la presión sobre altos patrimonios, en el primer año de entrada en vigor del impuesto de solidaridad para las grandes fortunas. Hacienda quiere perseguir los falsos cambios de residencia fiscal, tanto hacia otros países, especialmente Portugal, como entre comunidades autónomas.

Foto: María Jesús Montero. (EFE/Zipi)

Esto es una novedad respecto a la guía del año pasado, aunque, como informó este medio, desde hace meses hay inspecciones a altos patrimonios que han cambiado de región, especialmente a Madrid, donde está bonificado al 100% el impuesto al patrimonio.

Hacienda justifica que es necesario el análisis patrimonial y el control de patrimonios relevantes, ya que se ha demostrado con la experiencia acumulada que existen “conductas extremadamente lesivas para los intereses de la Hacienda Pública relacionadas con la simulación de la residencia fiscal fuera del territorio español”.

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Es decir, personas que residen en España, pero que “sitúan ficticiamente” su residencia en otros territorios. En los últimos años, ha habido movimiento de grandes patrimonios hacia Portugal, donde hay un régimen fiscal más atractivo para ellos y se ha formado una estructura de despachos de abogados y bancas privadas para atraer ricos europeos. Asimismo, este invierno se han disparado las consultas a despachos para el cambio de residencia de millonarios residentes en Madrid ante el impuesto a las grandes fortunas.

Además, señala Hacienda, “se atenderá a la simulación de la residencia fiscal de algunos contribuyentes por la diferente tributación existente en una comunidad autónoma distinta de la real, con la intención de aprovecharse indebidamente de una inferior tributación”. Ya en 2022 hubo este tipo de actuaciones, como informó este medio, y seguirán en 2023, en coordinación con las agencias tributarias autonómicas.

Foto: María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

También preocupa en Hacienda, según dice el plan, que hay extranjeros que residen en España pero sin establecer su residencia fiscal. Es decir, pese a que están más de 183 días en territorio nacional, tributan “incorrectamente” a través del impuesto sobre la renta de no residentes solo por la renta obtenida en España. “Estos comportamientos serán objeto de comprobación”, avisa Hacienda.

Para ello, además de intensificar las inspecciones y ahondar en la investigación sobre contribuyentes de alta capacidad económica (HNWI y UHNWI), habrá “esfuerzos en la implementación y explotación de herramientas para la utilización masiva de la nueva información sobre inmuebles y sociedades procedente del Consejo General del Notariado”. Hacienda también deja claro que vigilará la tributación de los nuevos impuestos temporales, tanto los gravámenes a bancos y energéticas como el de las grandes fortunas. Así, aunque son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, asumirá las competencias de “exacción, gestión, comprobación y recaudación”.

Uso de sociedades

Otro punto clave para el plan de este año es intensificar la vigilancia de sociedades que puedan usar una persona o grupo familiares para tributar por esta vía y pagar menos impuestos. Aquí hay un espectro gris muy amplio. En un extremo está un profesional (abogado, banquero, deportista, etc.) que tiene una sociedad para que todo el beneficio se tribute a través de la misma y esta está vacía. Paga menos impuestos y la sociedad no tiene ninguna utilidad salvo la fiscal. En el otro, un profesional que por su actividad tiene una sociedad con empleados, sueldos de mercado, incluyendo su remuneración, y la propia sociedad tiene lógica económica más allá de los impuestos. En el primer caso, hay fraude y en el segundo no. Pero, a menudo, la realidad está entre medias, y por ello hay muchas actas de inspectores recurridas, según fuentes jurídicas.

Foto: ¿Hay que declarar la ayuda de 200 euros del Gobierno? Así se tributa el cheque a ojos de Hacienda (iStock)

En el plan anual, Hacienda señala que se realizará un “análisis detallado” de sociedades de personas físicas o grupos familiares para evaluar “de modo conjunto” las operaciones desarrolladas, lo que “es esencial dado que se pueden derivar ciertos incumplimientos e irregularidades muy relevantes para la fiscalidad, como son la minoración improcedente de la correcta tributación de la actividad desarrollada o la traslación de bases imponibles hacia entidades jurídicas sometidas a menores tipos impositivos”.

En la misma línea, “se programarán actuaciones dirigidas a evitar el uso abusivo de la personalidad jurídica con la principal finalidad de canalizar rentas, o desviar indebidamente gastos personales de personas físicas, de manera que se reduzcan improcedentemente los tipos impositivos aplicables”.

Hacienda también quiere poner el foco en negocios intensivos en efectivo, en los que pueda haber alto riesgo de economía sumergida. Es decir, aquellos donde no se admiten pagos con tarjeta, cuando las rentas se obtienen de servicios realizados al consumidor final, y en los casos en que hay “signos externos” de riqueza o patrimonio incoherentes con lo que se declara.

También insiste en las derivaciones de responsabilidad. Esto es, perseguir a los dueños o administradores de empresas que tienen deudas con Hacienda y no las pagan, para evitar un desvío de fondos fraudulento de las empresas a estos.

Beneficios fiscales

En el apartado empresarial, Hacienda incluye una mención para las socimis. La Agencia Tributaria controlará el cumplimiento de los requisitos de inversión y de reparto de dividendos previstos. También, a los socios de las socimis por los dividendos que puedan percibir, “comprobando la realidad de las operaciones financieras existentes entre sociedad y socio por la posibilidad de que pudieran estar encubriendo beneficios”. Básicamente, quiere poner el foco en socimis que, aunque estén en bolsa, no tienen apenas negociación y pueden ser un vehículo instrumental para reducir la factura fiscal de grandes patrimonios que invierten en inmuebles.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el pleno celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados. (EFE/J.J. Guillén)

Como es habitual en los últimos años, Hacienda hace mención a los precios de transferencia para avisar de que tiene la atención puesta en que las operaciones internas de las empresas o grandes grupos multinacionales se hagan a precios de mercado. El plan menciona explícitamente las reestructuraciones empresariales, la valoración de transmisiones o cesiones intragrupo de activos, la deducción de partidas que pueden erosionar la base imponible, las operaciones vinculadas de carácter financiero, o la existencia de pérdidas reiteradas.

También pone el acento en deducciones inapropiadas en la base imponible de sociedades. Por ejemplo, en los dos últimos años ha habido una campaña de inspecciones por posibles fraudes con las deducciones por I+D+i. También quiere vigilar la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.

Quejas de los funcionarios

Hacienda está ante sí a un cambio de modelo en el funcionariado, ante la mayor facilidad o incentivo para la promoción interna y el cambio en las oposiciones. Esto ha provocado quejas y enfrentamientos entre colectivos. El más beligerante es el de los inspectores de Hacienda, que quieren mantener el sistema actual.

Foto: María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (EFE/Fernando Villar)

Los que sí quieren cambio son los técnicos. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha aseguran que el plan “debilita” la lucha contra los delitos fiscales al no definir la cualificación de los empleados públicos. En su opinión, faltan 20.000 funcionarios destinados al control tributario, lo que impide reforzar las inspecciones in situ. Entre 2011 y 2021, el número de denuncias contra por fraude contra la Agencia Tributaria cayó un 82%, desde el récord de 1.014 hasta 179. Advierte de que seguirán descendiendo. También recuerda que la Ley de prevención del fraude de 2021 obliga a estimar la economía sumergida.

Por su parte, la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) critica que hay “pocas novedades” respecto a años anteriores, y que se sigue con “un modelo de control de la AEAT agotado”. El plan repite estructura y gira en torno a cinco pilares (información y asistencia, prevención de incumplimientos y fomento del cumplimiento voluntario, la investigación y las actuaciones de comprobación del fraude, el control del fraude en fase recaudatoria, y la colaboración de la AEAT con otras administraciones). Y hay novedades, pero “ninguna tiene una gran repercusión en las actuaciones que se tendrían que realizar para erradicar el fraude más grave y sofisticado”.

Hacienda ha presentado un plan de actuación que no ha gustado a nadie. Los inspectores creen que no avanza lo suficiente, los técnicos que no se clarifica el papel de los funcionarios y los abogados fiscalistas temen una presión más elevada sobre sus clientes. De hecho, esto es lo que ya ha adelantado Hacienda en el BOE de este lunes.

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