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La burocracia y la agresividad de Hacienda lastran las ayudas en I+D a las empresas
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ESPAÑA, A LA COLA

La burocracia y la agresividad de Hacienda lastran las ayudas en I+D a las empresas

Un informe de Ayming advierte de las dificultades para acceder a los beneficios fiscales. También avisa de la agresividad de la Inspección de la Agencia Tributaria

Foto: Exhibición de robots. (EFE/Robichon)
Exhibición de robots. (EFE/Robichon)

España es generosa en las ayudas al I+D sobre el papel, pero no 'de facto'. Esta es la principal conclusión de un informe global de la consultora Ayming, que compara el volumen de ayudas a la investigación, el desarrollo y la innovación entre diferentes países. Los expertos alertan también de un incremento de las inspecciones en esta materia que genera incertidumbre en el sector empresarial.

La deducción fiscal para actividades de I+D en España es del 25% de forma general, aunque, cuando el gasto excede el promedio de los dos años anteriores, este exceso recibe una deducción del 42%. Asimismo, explica Ayming en su informe, hay disponible crédito fiscal monetizado o ‘cashback’ si hay aprobación previa, aunque hay que esperar dos años para recibir el importe.

Foto: Foto: iStock.

La ayuda media estaría en el 30% en términos fiscales, por encima de otros países del entorno. El problema es que es difícil acceder a las ayudas, según advierte el análisis de la consultora, especializada en innovación y fiscalidad. “La definición de I+D aplicada para la evaluación de los proyectos es bastante estricta, exigiéndose un mayor grado de novedad”, avisa.

En contrapartida, existe la calificación de los proyectos como “innovación tecnológica”, siendo más fácil por tener criterios de evaluación “más ligeros”, pero en este caso la deducción fiscal es del 12%, inferior a la de otros países. De hecho, España es el único que distingue I+D de innovación a la hora de otorgar ayudas diferentes.

En cualquier caso, son la burocracia exigida y el papel de Hacienda las barreras a las que se enfrenta Hacienda. Fuentes consultadas coinciden en que es algo que pesa en las multinacionales como desincentivo a la hora de elegir a España para establecer centros de I+D+i. En la comparativa internacional, Ayming deja a la cola a España por la facilidad de aplicación de las ayudas, a pesar de que solo Francia, Canadá o Portugal tendrían ayudas teóricas superiores en I+D.

placeholder María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (EFE)
María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (EFE)

Hay en países donde la aprobación de la deducción es ‘ex ante’, lo que elimina incertidumbre. Pero en España hay una posible fiscalización posterior por parte de Hacienda que pone en riesgo la ayuda, ya que las inspecciones de la Agencia Tributaria pueden cuestionar la cuantía deducida. De hecho, esto pasa cada vez más, según fuentes jurídicas.

Existe la opción de acogerse a un mecanismo más complejo por los pasos que hay que seguir, pero que arroja más certidumbre, aunque no elimina el riesgo con Hacienda. Aun así, cada vez más empresas optan por el esquema. Según explica Javier Saldaña, director de Innovación de Ayming, existe la opción de tener un certificado de I+D para aplicarse la deducción.

Si se opta por esta vía, la empresa solicita certificación de un tercero. El más común es Aenor, según fuentes consultadas. Hay un ‘pool’ de expertos que depende de criterios marcados por ENAC. Si se da el visto bueno al proyecto, entonces se emite un informe vinculante que aprueba el Ministerio de Ciencia e Innovación. Hacienda ya no puede discutir con sus expertos la certificación del proyecto de I+D, pero 'a posteriori', las inspecciones pueden cuestionar la base del gasto.

Foto: La ministra Montero recibe el libro blanco de la reforma del sistema tributario. (EFE)

De esta forma, hasta cuatro años después, plazo de prescripción con Hacienda, las empresas tienen incertidumbre sobre las deducciones aplicadas. Cada vez hay más agresividad por parte de las inspecciones en este tema, según despachos consultados. Desde la Agencia Tributaria, aseguran que "las comprobaciones inspectoras de las deducciones por I+D son las habituales. Se comprueban las irregularidades que se detectan, las cuestiones que no se ajustan a la norma".

“Desde 2016, ha habido una actividad muy intensa de Inspección. Está haciendo que muchas empresas, cuando ven las dificultades de estos procesos, se planteen si es un retorno que vale la pena. Hay multinacionales midiendo el riesgo y valorando si compensa, y en muchos casos solo se considera innovación [deducción del 12%]”, explica Javier Saldaña, de Ayming.

En 2003 se reguló la calificación del gasto en I+D, pero Hacienda dejó de considerarlo vinculante hace algo menos de una década. Y “desde 2016 hay una revisión exhaustiva”, señala Saldaña. Coincidiendo con otros expertos, añade que es una tendencia que va a más, con inspecciones que empiezan con carácter amplio, más comunes en grandes y medianas empresas, y que ponen el foco en las deducciones en I+D y en otros incentivos a la innovación: “Todo lo que es subjetivo lo atacan”, critica un fiscalista.

Existe la opción de los acuerdos previos de valoración con Hacienda. El problema, advierte el ejecutivo de Ayming, es que es difícil que no haya un desvío. Es decir, que se planifique un gasto en un proyecto y que posteriormente el alcance sea muy diferente, punto que podría atacar la inspección. Todo esto, resume, “hace que el proceso para obtener ayudas sea más farragoso en España que en la mayoría de países”.

Foto: XXXI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado. (EFE/Sas)

De hecho, “el apoyo a través del gasto fiscal articulado en forma de beneficios fiscales a la I+D+i en la imposición societaria es reducido en porcentaje del PIB en relación con la ratio de las principales economías avanzadas y de la Unión Europea”, refleja el Libro Blanco para la Reforma Tributaria presentado hace un mes por un comité de expertos designado por Hacienda.

Estos investigadores señalaron que los incentivos fiscales se situaron en 0,1 puntos porcentuales del PIB en 2019, con un “estancamiento” en la última década. La media de la OCDE es del doble. Esto se produce pese a que las deducciones teóricas a las que tienen acceso, como se ha dicho y como admiten los expertos, están entre las más altas.

“La generosidad teórica del beneficio fiscal a la I+D+i en España contrasta con el escaso impacto del mismo en términos recaudatorios. La explicación de esta contradicción fue señalada por la AIREF en su evaluación de estos incentivos fiscales. Las conclusiones de la AIREF señalan que el actual diseño del incentivo limita su potencial”, indica el informe.

Foto: María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (EFE/Jorge Zapata)

La AIREF indicó la necesidad de mejorar el proceso de certificación de gasto en I+D+i fiscalmente deducible, y valorar el impacto de las distintas reglas que se aplican, que limitan a muchas empresas el acceso. El comité de expertos señala cuatro problemas actuales y cinco vías de actuación para llevar a cabo una reforma integral del sistema de ayudas al I+D+i.

Entre las dificultades actuales, señala, en primer lugar, que es ineficiente que la cualificación de gastos fiscalmente deducible requiera la certificación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, “siendo este proceso costoso”, y que 'a posteriori' haya revisión de la Agencia Tributaria. En segundo lugar, indica que un porcentaje de empresas innovadoras no está dentro del perímetro de aplicación de los beneficios fiscales por barreras administrativas o falta de información. Y, en tercera posición, el informe alude a que entre las empresas sin derecho a la deducción destacan las que no conforman grupo fiscal y las de menor dimensión. Y, por último, hay evidencia de que “el peso relativo que tiene el gasto en personal investigador cualificado o en determinados activos intangibles sería menor en España frente a un peso más elevado de gasto corriente”.

Entre los ámbitos de reforma, el comité de expertos señala cinco: medidas que eviten la limitación de los incentivos si la base imponible previa no alcanza el 15% en sociedades, medida introducida este año para grupos que facturan más de 20 millones; no discriminar por tamaño empresarial; priorizar la seguridad jurídica y reducir los costes e ineficiencias asociadas al actual proceso de acreditación; incrementar al 25% el porcentaje de deducción por el gasto en el personal investigador cualificado que está adscrito en exclusiva a estas actividades y al 10% en inversiones en inmovilizado, e integrar el I+D con la innovación tecnológica como una deducción del 25%.

España es generosa en las ayudas al I+D sobre el papel, pero no 'de facto'. Esta es la principal conclusión de un informe global de la consultora Ayming, que compara el volumen de ayudas a la investigación, el desarrollo y la innovación entre diferentes países. Los expertos alertan también de un incremento de las inspecciones en esta materia que genera incertidumbre en el sector empresarial.

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