Guerra civil en Hacienda por las promociones de los funcionarios

Hacienda se enfrenta a un ejercicio que será convulso por varios frentes. Algunos son externos, como la litigiosidad de los contribuyentes, por la presión de las inspecciones y por las nuevas figuras impositivas. Pero también hay uno interno, que amenaza con dinamitar la paz social en la agencia. Los principales cuerpos de la Administración Tributaria están enfrentados por el cambio que se prepara en el modelo de oposiciones y de promoción pública.

Se trata de una propuesta que ha rescatado el Ministerio de Hacienda y Función Pública por esta segunda rama de funciones, después de varios conatos en el pasado. Por ahora está en fase de anteproyecto de Ley, con el fin de que salga a la luz la modificación en lo que queda de legislatura. El ministerio tiene como interlocutores a los tres sindicatos mayoritarios del funcionariado, CCOO, UGT y CSIF, pero hay grupos minoritarios que ocupan funciones relevantes en Hacienda que tienen reivindicaciones paralelas y enfrentadas.

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Son funcionarios que trabajan codo con codo en la gestión tributaria o en las actuaciones de inspección. Por una parte, están los funcionarios de categoría A1, como los inspectores de Hacienda, y de otro los técnicos, que son A2. Los segundos siempre han reclamado que haya un procedimiento de promoción interna que los primeros rechazan, pero la reforma se inclina hacia las posiciones de estos últimos, lo que ha desatado una guerra interna.

Ambos grupos, pese a tener reuniones con Función Pública y también con el propio Ministerio de Hacienda para poner encima de la mesa sus reivindicaciones, no están en la interlocución directa. Y tampoco tienen contacto entre ellos, porque “no hay puntos de posible consenso”, aseguran. Pero eso no quita de que se hagan oír. La Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) llegó a decir que hay “un destrozo de la función pública”, y cuestiona la capacidad de los técnicos. El sindicato de estos ha contraatacado denunciando que hay una ambición económica en los inspectores al querer proteger sus bonus.

Por ahora, lo que hay es un acuerdo entre los sindicatos mayoritarios y Función Pública alcanzado el 3 de noviembre, que contempla flexibilizar las pruebas por promoción interna. Esto es, por ejemplo, que los técnicos (A2) no necesiten aprobar una oposición o un examen casi equiparable para ser inspectores (A1), sino que haya criterios como la experiencia o los cursos de formación, unidos a pasar una prueba, que será tipo test y con menor temario. Así, habrá primero tipo test y, después, un concurso para las plazas disponibles. En paralelo, se modificará el sistema de oposiciones con el argumento de priorizar las aptitudes respecto a la capacidad de memorizar.

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Todo esto implica “el destrozo de la Administración Pública y la muerte de una función pública altamente cualificada, independiente y profesional”, aseguró recientemente la asociación IHE. Los inspectores de Hacienda son el colectivo A1 mayoritario en la Administración Tributaria, con 1.949 personas a 31 de diciembre de 2021, pero también está el cuerpo superior de vigilancia aduanera, informáticos, abogados del Estado y otros cuerpos menos representados en el segmento.

La asociación de los inspectores denuncia falta de diálogo y unilateralidad en el proceso, falta de atención a las peticiones de participación de los cuerpos superiores del funcionariado, consecución de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, falta de transparencia en los futuros criterios de selección contenidos en el acuerdo, que sea tipo test, que se rebaje el nivel de preparación técnica, que no se soluciona el problema de reducir la edad media del funcionario y aumentar la plantilla de la Agencia Tributaria, critica que la parte política quiera “colonizar” la Administración, solicita reunión con los responsables de solicitar la ruptura del acuerdo y advierte de “medidas oportunas y a su alcance para evitar la muerta de una Administración pública profesional e independiente”.

La IHE también se ha hecho eco de un cuadro comparativo que ha elaborado la Asociación de Técnicos de Gestión del Estado sobre los cambios. De 83 temas actuales se pasan a 16, sin examen oral, práctico o idioma, y sin penalización en las respuestas erróneas en el test, acrecentando sus críticas.

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Los técnicos de Hacienda, por su parte, han contraatacado. El sindicato Gestha denuncia la “gran desproporción retributiva en la Agencia tributaria” y critica que los inspectores quieren limitar la entrada de otros funcionarios a sus colectivos para proteger sus remuneraciones, que descenderían si entran más inspectores para repartir los ingresos variables que se generan.

Gestha estima, con datos de catálogos (normalizando trienios), productividad y relaciones de puestos de trabajo, que el 76,8% de los inspectores gana más de 86.542 euros, que es la retribución del presidente del Gobierno. “La ley vigente determina que el complemento específico está destinado a retribuir la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad e incompatibilidad, entre otras condiciones de los puestos de trabajo. Y para Gestha, no hay proporción que justifique diferencias del doble respecto de los técnicos de Hacienda, los cuales aplican igualmente las normas tributarias y procedimentales y deciden sobre el fondo de los expedientes”, dice Gestha.

“La AEAT distribuye la productividad con arreglo al volumen de las retribuciones fijas; es decir, el funcionario con mayor retribución fija cobra más retribución variable”, insiste Gestha, que cree que por eso los inspectores quieren evitar que los técnicos tengan más fácil serlo, aunque lleven años de carrera y estén familiarizados con todos los procedimientos tributarios.

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En este contexto de enfrentamiento, Hacienda tendrá que hacer frente a cambios normativos que incrementan el trabajo de la Dirección General de Tributos, ya de por sí colapsada y llegando tarde a la mayoría de consultas (la ley da seis meses), según fiscalistas consultados. También se espera más actividad inspectora y más litigios, mientras que los tribunales económico-administrativos siguen resolviendo fuera de plazo (un año) de forma mayoritaria.

Además, durante los próximos años se jubilará gran parte del cuerpo de inspectores. Entre 2022 y 2026, las jubilaciones pueden alcanzar a una cuarta parte de los inspectores, por edades de entre los 65 y 70 años, y la mitad en 2035, según datos recopilados por Gestha, argumentando que se necesita facilitar una segunda vía para que haya más inspectores a través de la promoción pública, junto a los puestos de oposición.