Hacienda se enfrenta a más litigios con grandes patrimonios y empresas

La litigiosidad de Hacienda con parte de los contribuyentes, especialmente empresas y grandes patrimonios, sigue al alza. Y, según esperan los abogados especialistas, acelerará durante el año que viene, tanto por las tendencias de la Inspección como por los nuevos impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Hay varios frentes por los que los expertos esperan conflictos legales. El más evidente tiene que ver con los nuevos impuestos del Ejecutivo, tanto los impuestos a la banca y las eléctricas, como el tributo de solidaridad para las grandes fortunas, a partir de tres millones de euros, como la limitación de la compensación de pérdidas al 50% en los grupos empresariales.

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Estas figuras podrían acabar en el Constitucional, como ya ha amenazado la Comunidad de Madrid con el impuesto a los ricos, que es la vía de Moncloa para frenar la carrera de competencia fiscal entre comunidades y obligar a los millonarios de Madrid a tributar por su patrimonio. La limitación de compensación de pérdidas en grandes empresas también podría acarrear conflicto legal.

En cualquier caso, más allá del Constitucional, se espera conflictividad entre Hacienda y los contribuyentes. En lo relativo al impuesto a las grandes fortunas, prevé Javier Morera, socio de Broseta, “la gran mayoría abonará el impuesto e impugnará la autoliquidación para reclamar la devolución del mismo sobre la base de su eventual anulabilidad”.

“A la espera de que se publique un proyecto de Ley del Impuesto de Solidaridad, el consenso generalizado es que este Impuesto puede estar vulnerando determinados principios constitucionales. Estamos convencidos de que generará muchos procedimientos”, coincide Antonio Cendán, socio de Zadal.

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Los expertos también ven potenciales discusiones por la limitación de pérdidas. "Llevará consigo un mayor esfuerzo de control y automáticamente de discusión y reclamaciones contra las regularizaciones que se pudieran practicar. Esta última medida rompe la naturaleza de un instituto jurídico-económico muy arraigado que es la de los grupos de consolidación. Si se limita la capacidad de considerar al grupo como un único obligado tributario, porque se le impide compensar las pérdidas de unas filiales con los beneficios de otras, el régimen deja de tener sentido y obligará a nuevos planteamientos de reestructuración y optimización. Al final, lo único que se genera es inseguridad jurídica en sede de los contribuyentes", arguye Vicente Sanz, socio de Andersen.

La conflictividad por las nuevas figuras podría no ser inmediata, aunque el Gobierno consiga que se tribute en 2023 con cargo al ejercicio actual, debido a que las inspecciones y las reclamaciones de los contribuyentes tienen un decalaje de hasta cuatro años (periodo de prescripción en materia fiscal).

La idea con la que trabaja Hacienda es que el esquema de exenciones del nuevo impuesto a los ricos imite al de Patrimonio. La diferencia en la base imponible puede llegar a ser abismal, con lo que la mayoría de grandes patrimonios se acogen a opciones que no siempre cumplen claramente, al menos a ojos de la Inspección, los requisitos, como la empresa familiar.

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"Nuestra expectativa son procesos inspectores y subsiguiente litigiosidad, especialmente en materias como la aplicación y el alcance de la exención de la empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio, que previsiblemente será uno de los ejes centrales en los procesos de comprobación del Impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas a futuro. Hay que tener en cuenta que esta es un área muy compleja que ha sido objeto de multitud de consultas a la DGT [Dirección General de Tributos], por lo que resulta vital su planificación", expone Patricia García, socia de Avantia.

'Catastrazo' y plusvalía

Por otro lado, los nuevos valores de referencia ('catastrazo') para la vivienda, que afectan a impuestos como sucesiones y donaciones, patrimonio o transmisiones patrimoniales, también pueden ser una fuente de conflictos para Hacienda. "Las valoraciones de la Administración están siendo en muchos casos desproporcionadamente altas y no se corresponden con los valores reales de mercado", critica Morera.

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En la misma línea, sobre la plusvalía municipal, "en los próximos meses se incrementarán los procedimientos relacionados con la plusvalía municipal y, de nuevo, con su posible inconstitucionalidad", proyecta Cendán.

Asimismo, prosigue el socio de Zadal, "cada vez conozco más supuestos en los que se está discutiendo la tributación de los rendimientos del capital inmobiliario obtenidos por los contribuyentes no residentes, que en mi opinión vulnera el Derecho de la Unión por ser contraria a la libre circulación de capitales".

Intensidad de las inspecciones

La litigiosidad es innata a Hacienda, en la medida en que muchas cuestiones son subjetivas, como los precios que pone un grupo multinacional a transacciones internas (precios de transferencia), las sociedades a través de las que trabajan profesionales o deducciones y exenciones en los grandes impuestos. En torno a la mitad de las reclamaciones son ganadas por los contribuyentes. Los tribunales económico-administrativos de Hacienda estiman el 45% de los procedimientos, y un tercio del 55% restante, según fuentes de la Agencia Tributaria, acude a la Justicia, de los que otro tercio obtiene una victoria.

Hay varias tendencias recientes que, según los expertos, seguirán o aumentarán el año que viene. "Donde vemos que podrá haber más conflictividad será en las actuaciones de los órganos de recaudación, especialmente, en las derivaciones de responsabilidad de las deudas tributarias de las empresas a los administradores de las sociedades", señala Pablo Romá, socio de Romá & Bohorques.

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Romá también espera conflictos en la revisión de los regímenes tributarios especiales que, desde 2023, podrán ser comprobados por la Inspección de Hacienda y por órganos de gestión tributaria: "Este punto puede ser el que más conflictividad y litigiosidad genere debido a que, en función de la interpretación que la Administración tributaria dé a la nueva redacción del artículo 117.1.c) de la Ley General Tributaria, los órganos de gestión podrían entrar a revisar cualquiera de los regímenes tributarios especiales regulados en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, entre otros, las operaciones de fusión, escisión, aportación de rama de actividad o canje de valores".

Otro aspecto habitual, y cada vez más importante, es la residencia fiscal. Hacienda ha perseguido en los últimos años a grandes patrimonios que se han deslocalizado, especialmente a Portugal, y ahora vuelve a haber consultas al respecto en los despachos. Igualmente, la Inspección vigila los movimientos regionales para evitar simulaciones de residencia.

"Los temas de residencia fiscal seguirán siendo un foco importante a nuestro juicio de litigiosidad, teniendo en cuenta la subjetividad en la apreciación de las circunstancias que debe concurrir, fundamentalmente en el ámbito de la persona física (tanto a nivel internacional como nacional), pero también en el marco de las personas jurídicas y la existencia de establecimientos permanentes en España", avisa Elena Ferrer-Sama, directora de Tax Madrid en RocaJunyent.

Esta presión coincide con el intento del Gobierno, a través de la mejora de la Ley Beckham, de atraer emprendedores y directivos con incentivos fiscales. Otro incentivo fiscal que Hacienda vigila, para evitar fraudes, es el relacionado con el I+D, así como los AIE [agrupaciones de interés económico], que son estructuras de 'tax lease', añade Ferrer-Sama. La experta también recuerda la conflictividad que hay en precios de transferencia, si bien en este caso está aumentando el número de procedimientos amistosos.

Más recursos

La Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) siempre recuerda que la Agencia Tributaria ha perdido recursos desde la crisis de 2008. Según sus estimaciones, la institución necesita 30.000 funcionarios, para lo que haría falta un incremento de 5.000 y 6.000 adicionales para cubrir las jubilaciones del próximo lustro.

Aun así, las plazas que salen a concurso de oposición se recuperan poco a poco. La oferta de empleo público incluye 120 plazas por el sistema de acceso libre, además de 50 por promoción interna. A esto se suman 749 plazas para técnicos de Hacienda.

"La oferta de empleo público incluye 120 plazas por el sistema de acceso libre, además de 50 por promoción interna"

"El incremento dotacional de los órganos de inspección puede llevar, al menos teóricamente, a un incremento de la actividad revisora", comenta Joaquín Cuesta, socio de Cuatrecasas. "Cada vez son más frecuentes las actuaciones de comprobación de alcance limitado, centradas en algún aspecto concreto de la imposición del contribuyente. Estas suelen ser más ágiles que las inspecciones generales y responden a parámetros previamente analizados e identificados por la Agencia", añade.

Los fiscalistas trabajan con empresas y grandes patrimonios y, cuanto más conflictividad hay, más trabajo tienen. No obstante, hay consenso con sus quejas sobre la tendencia de Hacienda, como señala Javier Fernández, socio de Ceca Magán: "España debería seriamente reconsiderar cómo está tratando a sus contribuyentes, presentes y potenciales, y en especial la evidente impunidad con la que su administración se produce frente a ellos. Todos hemos podido ver en qué ha acabado el sufrimiento infligido por la normativa sancionadora en torno a la declaración de bienes en el extranjero (modelo 720), que bien podría haber sido aprobada en el medievo, aplicada con saña de una forma digna de un estado totalitario".