Por qué extender la excepción ibérica al resto de Europa sería un error

El trabajo se acaba de publicar en VoxEU, uno de los portales académicos más relevantes de Europa, y, en resumen, niega que exportar la excepción ibérica al resto de Europa sea una buena idea. No se cuestiona el mecanismo impulsado por España y Portugal, habida cuenta de la posición de partida de ambos países, que son una isla energética por falta de interconexiones con el resto de Europa, sino que lo que se pone en duda es que el tope al gas pueda generalizarse. En particular, por tres razones.

La primera, por las enormes fugas que se pudieran producir entre países en el mercado del gas (como sucede con Francia en el caso español) debido a que Europa está mejor interconectada. En segundo lugar, se considera que al aumentar el consumo del gas para producción eléctrica, muchos países se encontrarán con problemas, ya que su capacidad de importación de gas es mucho más limitada al no contar con terminales suficientes, y en tercer lugar, debido a que su aplicación corre el riesgo de distorsionar los mercados a plazo.

El trabajo lo firman los economistas alemanes Anselm Eicke, Lion Hirth, Christoph Maurer, Jonathan Mühlenpfordt e Ingmar Schlecht, y parte de que este instrumento, ideado por España y Portugal y aceptado por Bruselas durante un año, puede funcionar en países con poca interconexión con los vecinos, un mercado de gas sin restricciones y cobertura limitada en las operaciones a plazo. Sin embargo, ninguno de estos requisitos previos, sostienen, se cumple en muchos países europeos fuera de la península Ibérica.

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El documento recuerda que desde que el tope al gas entró en funcionamiento hasta el pasado 13 de agosto, el precio de la electricidad en el mercado liberalizado promedió 144 euros megavatio hora, muy por debajo de los 299 estimados si no se hubiera aplicado el nuevo instrumento. Sin embargo, los consumidores pagaron un impuesto de 109 euros, por lo que el beneficio neto fue de 46 euros. Si bien parece un efecto “bastante modesto”, aseguran, para una intervención de este tamaño, concluyen que “ha habido un beneficio neto para los consumidores'' de ambos países.

Fuga hacia Francia

El estudio asume que la excepción ibérica tiene por objeto deprimir los precios mayoristas de la energía, lo que ha provocado un aumento de las exportaciones netas de electricidad a los vecinos interconectados que no intervienen de la misma manera. Este es el caso de Francia, lo que explica que el comercio bilateral entre España y su vecino del norte se haya disparado desde mediados de junio. Es más, recuerdan que si la capacidad de los interconectores actualmente disponibles para el intercambio no se hubiera reducido en un 32% desde la intervención, la fuga hacia Francia habría sido aún mayor.

Su primera conclusión es muy clara, a la vista de lo que ha sucedido. Si la mayoría de los países del resto de Europa están mucho mejor interconectados que la península Ibérica, eso supone que los Estados tendrían que enfrentarse a una fuga muy grave si decidieran introducir un mecanismo similar de forma unilateral. Incluso, aclaran, si hubiera una aplicación del instrumento en toda la Unión, “la fuga a los Estados vecinos no miembros seguiría siendo una preocupación grave”.

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La segunda pega relevante que observan los autores del estudio es que han detectado que el incremento de las exportaciones y, por ende, del consumo de electricidad como respuesta a los precios más bajos conduce a que se queme más gas en las centrales eléctricas. Recuerdan, en concreto, que en España la generación eléctrica a gas aumentó un 42% durante el periodo. Afirman, en este sentido, que en el caso ibérico eso puede que no sea un gran problema debido a la abundante capacidad de importación de GNL gracias la existencia de numerosas plantas regasificadoras (el 30% de la capacidad europea). Sin embargo, esta realidad es muy diferente en el noroeste y el este de Europa, donde los precios del gas son mucho más altos y las terminales de importación no pueden canalizar envíos adicionales.

El tercer problema que identifican los autores del estudio se refiere al funcionamiento de los mercados de futuro, toda vez que el tope del gas no deja de ser una intervención que se centra en el mercado 'spot'. En este caso, se considera que se trata de una intervención mejorada, donde el gas recibe un subsidio alto, pero el carbón recibe un subsidio reducido. Siempre que el gas está al margen, los precios al contado se reducen considerablemente, de modo que las ganancias de las plantas de carbón se reducen a pesar del subsidio que reciben. Estas son las rentas del productor que el instrumento redistribuye a los consumidores.

Ganancias inesperadas

Sin embargo, en muchos mercados eléctricos europeos, los generadores convencionales están cubiertos, lo que significa que venden la mayor parte de su producción esperada con meses o años de antelación en los mercados financieros a través de contratos a plazo.

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Si están cubiertos, los generadores siguen vendiendo físicamente su producción real en los mercados al contado, pero obtienen una compensación por la diferencia de precio entre los precios al contado y los contratos a plazo. Las consecuencias son que un precio al contado deprimido reduce sus ingresos en los mercados al contado, pero también reduce sus obligaciones de pago en la compensación a plazo. En otras palabras, son indiferentes a los niveles de precios al contado, pero todavía reciben el subsidio. Por lo tanto, sostiene, si los generadores de combustibles fósiles están protegidos, la intervención no elimina las ganancias inesperadas, sino que en realidad crea ganancias inesperadas para ellos.

Por otro lado, continúa el estudio, los consumidores que tienen contratos de precio fijo o se han cubierto en los mercados a plazo todavía tienen que pagar el subsidio a través del nuevo impuesto. El resultado es que “hay muchas posibilidades de que los consumidores paguen inicialmente más, no menos, por la electricidad en países donde la cobertura es común”.

Hay que recordar que la cobertura a plazo —como mecanismo de protección ante posibles incrementos de precios— es un elemento clave de la mayoría de los mercados energéticos europeos, de ahí que consideren que “cualquier intervención política que no tenga esto en cuenta está destinada al fracaso”. Para mitigar el impacto de los altos precios de la energía, lo que se propone es seguir apoyando las rentas de los consumidores, “mejor que una intervención en el mercado mayorista”.

Bruselas, por el momento, no ha tomado ninguna decisión sobre la generalización de la excepción ibérica, pero en los últimos días se ha abierto a esta posibilidad. La presidenta de la Comisión Europea, por el momento, solo ha anunciado que prepara una propuesta para articular una “”intervención de emergencia” y “una reforma estructural” del mercado eléctrico europeo, pero sin aportar medidas concretas. Alemania, junto a Países Bajos, ha sido el país más crítico con el tope del gas, pero los precios desorbitados de los últimos días estarían ablandando su posición.