El Gobierno cifra en un 3,7% el ahorro eléctrico tras su polémico plan de medidas

El Gobierno asegura que, en la primera semana de aplicación del polémico real decreto-ley de medidas de ahorro energético, la demanda eléctrica registrada en España ha caído un 3,7%, en línea con sus previsiones. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha comparecido este miércoles para celebrar que la respuesta a estas medidas, "en general", ha sido "extraordinariamente positiva", a pesar de las críticas y el "ruido" generado por el PP contra este decreto.

También ha presumido de que, según los cálculos del Ejecutivo, el mecanismo para establecer un precio máximo al gas, la llamada excepción ibérica, ha propiciado un "ahorro acumulado" para "la sociedad española" de 1.383 millones de euros en dos meses de aplicación.

En concreto, Ribera ha explicado que los datos sobre la reducción del consumo eléctrico tras la aprobación de su plan, que son "preliminares", surgen de comparar el consumo total de electricidad registrado entre la semana del 1 al 7 de agosto y la semana del 8 al 14 de este mismo mes. Esta caída en la demanda eléctrica, según la vicepresidenta tercera, "se puede achacar a la mayor sensibilidad de hogares y empresas con el uso responsable de la energía", pero también se puede relacionar "con las medidas del real decreto-ley".

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La norma fue duramente criticada por el PP, siguiendo la estela de la Comunidad de Madrid, si bien Isabel Díaz Ayuso ha sido la única en contemplar rebelarse contra esta norma, en una primera reacción, para después rebajar decibelios y anunciar la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Para la vicepresidenta tercera, el cumplimiento generalizado de este decreto "pone de manifiesto que el ruido", la respuesta de quienes "no hacen más que encontrar problemas", ha sido interpretada "correctamente" por la sociedad española.

En una comparecencia desde Maó (Menorca), Ribera ha celebrado esta reducción del consumo, coincidente, además, con la ola de calor que ha azotado buena parte del territorio nacional en esa semana. Ha pedido "cautela" a la hora de contemplar estos primeros datos, para después destacar el "compromiso cívico", el "entendimiento del contexto de estas medidas", y la que la tendencia es "clara" con respecto a la "eficacia" de estas normas.

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Entre otras disposiciones, el decreto obliga a fijar en 27 grados la temperatura mínima de los aires acondicionados en edificios públicos, grandes superficies y otros locales, o a apagar los edificios públicos y los escaparates comerciales a partir de las 22.00 horas, en los negocios que, a esa hora, no tengan actividad. Y, pese a que el decreto fue aprobado en Consejo de Ministros el 1 de agosto, estas medidas no fueron de obligado cumplimiento hasta el 10 de agosto.

Por otro lado, la vicepresidenta tercera ha comparado los 1.383 millones de euros ahorrados desde la puesta en funcionamiento del tope en los precios del gas, "un mecanismo eficaz", con la situación del resto de países europeos. "Prácticamente toda Europa tiene un precio superior a los 500 euros el megavatio hora" este miércoles, decía, mientras que en España y Portugal, los países en los que se aplica la excepción ibérica, el coste final es de 236 euros por megavatio hora.

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Según Ribera, la excepción ibérica también ha tenido un impacto en la expectativa del precio del mercado mayorista de la luz, lo que supone que en el último trimestre de 2022 estará en los 158 euros el megavatio hora.

Y, sobre el plan de contingencia ante Bruselas, que el Gobierno debe presentar en septiembre (las medidas del real decreto son una suerte de avanzadilla de este paquete, más amplio), Ribera ha avanzado que contendrá medidas de ahorro, electrificación o de solidaridad con los más vulnerables ante la crisis energética.

Teniendo en cuenta su llamamiento a las comunidades autónomas para que aporten sugerencias a este plan antes del que acabe agosto, se da por hecho que habrá nuevas tensiones entre el Ejecutivo central y los Gobiernos autonómicos, especialmente los gestionados por el PP.