Los costes en la construcción suben ya un 15% y meten presión a la inflación

Los datos no dejan lugar a dudas. Los precios de consumo están subiendo a un ritmo del 4% anual, pero es que en el caso de los costes de la construcción, que no entran en el cómputo del IPC, el incremento es ya de más del triple. Los materiales que sirven para construir casas o infraestructuras públicas o privadas, en concreto, se han encarecido en los 12 últimos meses nada menos que un 14,8%.

La fuerte subida afecta tanto al sector residencial como a la obra pública, lo que da idea de cómo la economía ha empezado a incorporar una inflación de costes. En particular, por el incremento de las materias primas —el petróleo tipo Brent ha vuelto a niveles de 80 dólares barril— y su influencia sobre la fabricación de determinados componentes.

Algunos ejemplos ilustran esta presión inflacionista. El acero, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, está creciendo a un ritmo anual del 53%, los tubos de cobre han aumentado un 42%, mientras que el precio de los tubos de plástico se ha acelerado un 21%. Igualmente, los materiales sintéticos crecen a un ritmo del 21%, por encima del 10% en el caso del vidrio plano o del 6,3% en el de la madera. También los radiadores y calderas crecen muy por encima del IPC, un 12%, mientras que los cables eléctricos se han encarecido un 14%. Por último, la fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios de acero crece un espectacular 42%.

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Agencias

La causa, como se ha dicho, tiene que ver con el incremento de las materias primas, y obligará al Gobierno a revisar el precios de las licitaciones ya adjudicadas, lo que supondrá un sobrecoste para las distintas administraciones que contratan con las empresas privadas, tal y como ha anunciado la ministra Raquel Sánchez. "Ya nos hemos comprometido y estamos analizando varios mecanismos en los diferentes procesos de contratación, como los que lleva a cabo Adif, para hacer una revisión necesaria de los precios y poder distribuir los riesgos de manera justa y proporcionada", aseguró la ministra.

Ley de desindexación

Esta revisión, sin embargo, no está exenta de incertidumbre, y hasta polémica, debido a que una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, según la patronal Seopan, transformó el proceso de revisión, que antes era prácticamente automático, los célebres modificados, en discrecional, lo que deja en manos de la Administración la decisión a través de un prolijo sistema de reconsideración de los precios. Máxime cuando la ley de desindexación de la economía española, aprobada en 2015, introduce serias restricciones para revisar los precios.

El llamado índice de garantía de la competitividad (IGC) establece que cuando el IPC, menos una parte de la competitividad perdida por la economía desde 1999, se sitúe por debajo de 0%, frente a la zona euro, se aplicará la regla de la no revisión. Y actualmente se sitúa en el -0,35%. Algo que deja en una posición delicada a miles de pequeñas empresas de la construcción (se trata de un sector muy atomizado) con escasa musculatura financiera y con dificultades para trasladar a sus clientes un aumento tan contundente de los precios.

No es un tema menor teniendo en cuenta que en el primer semestre la licitación oficial, incluyendo todas las administraciones, ascendió a 10.567 millones de euros, lo que significa que un incremento de costes de dos dígitos, como sucede ahora, pone en apuros al contratista si no se revisan los precios.

El único componente relevante de los costes de producción que se mantiene con incrementos moderados es el que afecta a las plantillas. La mano de obra, según los datos oficiales, apenas ha crecido un 1,1% entre julio del año pasado y el mismo mes de 2021. Es decir, muy por debajo del IPC e, incluso, por debajo de lo que se están incrementando los convenios colectivos (un 1,5%). Y eso que la propia patronal reconoce que el sector tiene ya dificultades para completar plantillas por falta de mano de obra, lo que en teoría debería aumentar los costes laborales.

La vivienda

El crecimiento de los precios de la construcción se traslada a la economía real a través de dos canales. Por un lado, obliga a ayuntamientos, comunidades autónomas, Administración central o cualquier otro organismo gestor a revisar los precios pactados, con el consiguiente efecto sobre el déficit público. En paralelo, también influye de forma determinante sobre el precio de la vivienda.

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La última información disponible muestra, en concreto, que el índice de precios de la vivienda (IPV) crece a un ritmo anual del 3,3%, pero es que en el caso de la vivienda nueva —que es la más afectada por el encarecimiento de los materiales— el incremento es del 6%, lo que refleja que el aumento de los costes, además de otras variables, como la velocidad de salida de la crisis, está ya influyendo de forma relevante. Los precios de la vivienda de segunda mano, por el contrario, estarían subiendo un 2,9%, algo menos de la mitad.

La llamada inflación de segunda ronda, de hecho, es lo que más preocupa a las autoridades económicas, que siguen considerando que el fenómeno actual es de carácter transitorio y no permanente, ya que está anclado en la energía. Esto es lo que ha defendido el presidente del BCE, Luis de Guindos, que en su escenario ve la inflación por debajo del 2% en 2022 en media anual. Según De Guindos, existen cuellos de botella desde el lado de la oferta (problemas de aprovisionamiento de chips o mal funcionamiento de mercados como el de los contenedores) que están empujando al alza los precios, pero no se trata, en su opinión, de problemas permanentes, sino temporales.