Los grupos de presión del sector industrial están trabajando para desvirtuar elementos clave del proyecto de ley de 3,5 billones de dólares de los demócratas, añadiendo otra complicación a los esfuerzos del presidente Biden y los líderes demócratas para que su agenda doméstica llegue al Congreso este otoño.
Los ataques proceden de múltiples frentes y se centran en persuadir a legisladores demócratas esenciales para conseguir cambios en el presupuesto, dado que los republicanos ya han mostrado su oposición al mismo.
Grupos de presión de empresas farmacéuticas, firmas de gas y petróleo, corporaciones tabaqueras y otras industrias estadounidenses están presionando a sus aliados en el Congreso para acabar con medidas que ayudarían a financiar el proyecto recaudando miles de millones de dólares de sus industrias.
Firmas de capital privado como Blackstone y Carlyle Group están luchando contra cambios que le costarían a la industria más de 1.000 millones de dólares al año, principalmente ampliando el periodo de inversión necesario para reunir los requisitos para un trato fiscal privilegiado.
The Wall Street JournalJennifer MaloneyOmar Abdel-BaquiOmar Abdel-Baqui
Los grupos de presión de la industria farmacéutica están trabajando para eliminar las disposiciones que le costarían a la industria 700.000 millones de dólares durante una década, incluida una que permitiría al Gobierno negociar descuentos por volumen para medicamentos con prescripción médica a través de Medicare.
Las empresas tabaqueras y las tiendas de conveniencia están intentando eliminar subidas de impuestos en el tabaco y los cigarrillos electrónicos. Y el sector del plástico dice que un intento de cobrar impuestos a los fabricantes de productos desechables de un solo uso aumentaría los costes para el consumidor en más de 100.000 millones de dólares.
El proyecto de 3,5 billones de dólares abarca gran parte de la agenda doméstica de Biden, incluidas medidas para combatir el cambio climático, reducir la desigualdad salarial, mejorar la sanidad pública e impulsar la educación.
Dicho esto, los esfuerzos de los grupos de presión industriales están lejos de ser el mayor obstáculo en el camino de la legislación. Los republicanos se oponen al presupuesto, sobre todo porque aumentaría la magnitud del Gobierno federal. La legislación también se ve amenazada por una lucha paralela entre la postura centrista y progresista del Partido Demócrata sobre el coste total del paquete.
El sector energético está luchando contra modificaciones fiscales que costarían a las petroleras miles de millones
La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (demócrata por California), espera recurrir a la legislación después de aprobar el paquete de infraestructura esta semana, pero no puede permitirse perder a muchos demócratas para llevar el proyecto de ley a la Cámara.
Eso ha otorgado a los ‘lobbies’ de la industria una mayor influencia. Si los grupos de presión persuaden a un pequeño grupo de demócratas para oponerse a incrementos fiscales en un sector concreto, sabotearían, en efecto, una parte importante de la agenda doméstica de Biden.
Por ejemplo, los grupos de interés del sector del gas y el petróleo buscan la ayuda del miembro de la Cámara de Representantes demócrata por Texas y otros demócratas de estados productores de petróleo. El sector energético, liderado por el American Petroleum Institute, está luchando contra modificaciones fiscales que costarían a los grupos petroleros miles de millones de dólares al eliminar las deducciones que las empresas reciben actualmente por los impuestos pagados en el extranjero.
Cuellar y otros dos demócratas enviaron una carta a Pelosi el viernes pasado en la que manifestaban su oposición a medidas que dicen que perjudicarían al sector energético doméstico.
Más ampliamente, las empresas están enfrentándose a subidas fiscales radicales perseguidas por Biden y los líderes demócratas. El proyecto revocaría en gran parte la reducción en la tasa corporativa aprobada por el expresidente Donald Trump y los congresistas republicanos en 2017. Aumentaría la tasa máxima para los impuestos sobre las plusvalías y elevaría los impuestos sobre otras actividades empresariales.
Para luchar contra dichas subidas fiscales, las empresas suelen trabajar a través de asociaciones profesionales y grupos de presión.
La llamada Rate Coalition se centra en derrotar los planes de Biden para aumentar el impuesto de sociedades máximo hasta el 26,5% desde la tasa actual del 21%. La coalición, que incluye a empresas como AT&T, Home Depot y CVS Health Corp., dice que elevar el impuesto de sociedades sin acabar con los vacíos legales no haría nada para fomentar el objetivo de Biden de asegurarse de que ninguna empresa evita pagar impuestos.
El grupo ha puesto anuncios en Arizona, New Hampshire y Virginia presionando a los legisladores demócratas para que se opongan a las subidas fiscales. “Estamos pidiendo a la senadora Sinema que no incremente los impuestos sobre sociedades”, dice un propietario de una pequeña empresa en un anuncio que se emite en Arizona, refiriéndose a la senadora demócrata centrista de dicho estado, Krysten Sinema.
Los esfuerzos de los grupos de presión de sectores individuales podrían suponer una mayor amenaza para Biden y los líderes de los partidos, porque algunos demócratas están estrechamente vinculados con los sectores atacados.
El proyecto propone duplicar el impuesto federal sobre los cigarrillos, que actualmente se sitúa en cerca de un dólar el paquete
La industria farmacéutica ya ha mostrado tener éxito en alentar la oposición a partes del proyecto por parte de legisladores demócratas que representan a grandes cantidades de empleados del sector. Cuando el Comité de Energía y Comercio de la Cámara debatió el proyecto este mes, tres demócratas votaron con el grupo de presión farmacéutico y los republicanos en contra de permitir que el Gobierno negocie los precios de los medicamentos para Medicare.
La oposición dio lugar a que Pelosi transfiriera esa parte del proyecto al Comité de Medios y Arbitrios, donde el ‘lobby’ farmacéutico tiene menos aliados demócratas.
Otros sectores están buscando sus propias alianzas con los demócratas. Los detractores de los nuevos impuestos sobre los cigarrillos y el tabaco esperan conseguir apoyo de legisladores demócratas negros, sosteniendo que unos impuestos más elevados potenciarían la venta ilegal de tabaco y aumentarían los conflictos con las fuerzas policiales que han conducido a encuentros violentos en distritos urbanos, como la muerte de Eric Garner, de 43 años, en 2014.
El proyecto propone duplicar el impuesto federal específico sobre los cigarrillos, que actualmente se sitúa en cerca de un dólar el paquete, y aplicar el impuesto a productos vapeadores por primera vez, recaudando en total 96.000 millones de dólares, según un análisis congresista.
Los grupos de presión de las tiendas de conveniencia están advirtiendo a los demócratas de que un aumento drástico del impuesto federal podría arrastrar las ventas de tabaco al mercado negro y a la venta callejera de cigarrillos. Los cigarrillos, el tabaco sin humo y los cigarrillos electrónicos son cruciales para el negocio de las tiendas de conveniencia del país. El sector también argumenta que el impuesto sobre el tabaco incumple una promesa repetida de forma habitual por la Administración Biden de no elevar los impuestos a aquellos que generen menos de 400.000 dólares al año.
Los grupos de interés de firmas de capital privado también están contactando con legisladores negros, alegando que los inversores afroamericanos serán los más perjudicados por el cambio.
El proyecto de ley de la Cámara pretende recaudar 14.000 millones de dólares durante una década, en parte ampliando el periodo de tenencia hasta cinco años desde los tres años requeridos para reunir los requisitos para la tasa del impuesto sobre las plusvalías. Los legisladores también han cambiado la definición del periodo de tenencia de forma que exige a los gestores de inversiones pagar impuestos sobre la mayor tasa del impuesto sobre la renta.
El grupo de presión del capital privado declara que los cambios afectarían de manera desproporcionada a los inversores de capital privado que sean afroamericanos, hispanos o mujeres, dado que los fondos más grandes no tendrán incentivos para expandir sus grupos de inversores e inversiones.
“Los más afectados serán los gestores pequeños y diversos”, declara Robert Greene, presidente y director general de la National Association of Investment Companies, que representa a 135 firmas de capital privado propiedad de minorías y mujeres con un total de 250.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
Los grupos de presión del sector industrial están trabajando para desvirtuar elementos clave del proyecto de ley de 3,5 billones de dólares de los demócratas, añadiendo otra complicación a los esfuerzos del presidente Biden y los líderes demócratas para que su agenda doméstica llegue al Congreso este otoño.
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