España se enfrenta a la necesidad del mayor ajuste fiscal de la OCDE tras la crisis del covid

Los avisos sobre la necesidad de acordar una senda de ajustes fiscales a medio plazo cada vez son mayores. Aunque casi todas las instituciones coinciden en que la prioridad actual son los estímulos, también crecen las voces sobre la importancia de reducir el nivel de endeudamiento de la economía, como recordó este miércoles el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, en una entrevista con El Confidencial. Un informe de Oxford Economics sitúa la economía española como la que necesitará mayor esfuerzo en toda la OCDE.

El servicio de estudios tiene en cuenta la deuda sobre PIB, la carga de intereses como porcentaje del PIB, las proyecciones de crecimiento nominal, los planes de ajuste fiscal anunciados y la reputación para cumplir con las promesas fiscales durante la última década. El cóctel arroja que España está a la cola. Dicho de otra manera, en una lista de 42 países, que incluye todos los de la OCDE, es el Estado que tendrá que hacer un esfuerzo fiscal mayor a medio plazo, seguido de Italia, Sudáfrica, Bélgica y Brasil.

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En promedio, la ratio de deuda sobre PIB de estos países se ha ampliado con el covid en 20 puntos porcentuales en las economías desarrolladas, que son 30 en el caso español. De forma generalizada, los gobiernos han desplegado estímulos fiscales para evitar el colapso de la economía con el covid en primera instancia y apoyar la recuperación cuando se fueron reduciendo las restricciones, lo que se une a los mecanismos automáticos (menos ingresos por menor actividad económica y mayores ayudas como subsidios por desempleo) que elevan el apalancamiento público. En las economías emergentes, el aumento es del 9% del PIB.

De cara a futuro, advierten en Oxford Economics, “se avecinan decisiones fiscales difíciles, pero para la mayoría de las economías un ajuste fiscal moderado durante la próxima década será suficiente para estabilizar la deuda en estos niveles más altos”. No obstante, añaden: “Algunos países se enfrentan a una situación de ajuste fiscal más difícil”, entre los que estaría España.

El aviso coincide con el formulado por De Guindos en este medio, y también con los que viene realizando el Banco de España, que defiende que es conveniente que se centren los esfuerzos actuales en estimular la economía, pero que se inicia, paralelamente, un debate para consensuar una senda de reducción de la deuda. Entre otras cosas, habrá que decidir si se pone el foco en los ingresos o en el gasto, aunque esta partida será difícil de recortar mientras sigan indexadas al IPC las pensiones.

En el caso del vicepresidente del BCE y exministro español de Economía, la advertencia fue generalizada para los Estados que componen la eurozona, aunque el foco de la preocupación en este sentido se centra en los del sur: “La pandemia ha producido un incremento del déficit público y de la ratio deuda pública/PIB. También ha generado una mayor divergencia entre países. Aquellos con una ratio deuda pública/PIB mayor que la media europea tendrán que hacer un esfuerzo mayor para corregir esa situación con un plan creíble. Así de simple”.

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Oxford Economics concede a España una reputación fiscal más reducida que la del resto de países de la eurozona. Solo estarían en peor posición, según estos economistas, Australia, China y Egipto. A esto se suma una deuda sobre el PIB del 125%, que ya es 30 puntos porcentuales mayor que antes de comenzar la crisis del coronavirus.

En el Programa de Estabilidad enviado por Moncloa a Bruselas en abril, el Gobierno proyecta que la ratio de la deuda pública se reduzca paulatinamente hasta el 112,1% en 2024. No obstante, habría un primer paso de cerrar en el 119,5% en 2021, y por ahora la ratio se ha desviado al alza del objetivo.

En cuanto a los intereses de la deuda, el Gobierno calculó un gasto de 25.192 millones en 2020, el 2,2% del PIB. El Ejecutivo prevé que esta carga tenga una senda descendente, hasta el 2% en 2021, y el 1,8% en 2023 y 2024, contemplando que para ese momento, aunque se reduzca la deuda, no caerá este gasto por la subida de los tipos de interés según se vaya afianzando el ciclo de crecimiento.

Dependiendo del BCE

De hecho, la política monetaria ha sido clave para la economía española, con una inyección de 360.000 millones, el 74% del PIB, entre marzo de 2020 y este verano. Los préstamos a la banca a largo plazo (TLRTO III) a tipos de hasta un -1% para incentivar el crédito han elevado la deuda de las entidades españolas con el BCE en 147.599 millones. Mientras que las compras de deuda pública y corporativa por parte del banco central han alcanzado en estos 15 meses los 207.253 millones.

En el caso exclusivo de la deuda pública, según datos del Tesoro, las tenencias por parte del BCE alcanzan el 30%. Es decir, se ha disparado la dependencia de la economía española —y, en especial, del Estado para financiarse— con la institución que preside Christine Lagarde. Por ello, ha podido haber un aumento de la deuda pública sin que por ahora aumenten los tipos de interés o haya problemas de financiación para los emisores privados (efecto ‘crowding out’, en la jerga).

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Pero la política monetaria no debería ser expansiva para siempre. Por ahora, las autoridades monetarias han sorteado el repunte de la inflación, que se ha ido a tasas interanuales del 3% en la eurozona y del 5% en Estados Unidos, con la consideración de que es un efecto temporal y aumentando la flexibilidad con el objetivo de controlar la inflación a medio plazo.

Sin embargo, tanto en el BCE como en la Reserva Federal (Fed) ya han perdido el consenso. Empiezan las voces favorables a reducir los estímulos (de los halcones, como se conoce a los partidarios de endurecer la política monetaria). El simposio de Jackson Hole confirmó la intención de la Fed de comenzar a reducir su balance en los próximos meses, mientras que el mercado espera que el BCE desacelere las compras de activos en el tramo final del año.

Por eso es tan importante que los Estados comiencen a reducir su dependencia de los bancos centrales y, a la vez, disminuyan su vulnerabilidad financiera. En el caso español, se ha disparado, tanto por la deuda pública como por la privada. Un indicador habitual para medir la resiliencia financiera de una economía es la deuda externa, medida como la posición inversora internacional neta. Por primera vez, en España ha sobrepasado el 200% del PIB.