Inflación transitoria, destrozo permanente
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el IPC de agosto se ha situado en el 3,3%

Inflación transitoria, destrozo permanente

El incremento transitorio puede salir caro a un país cuya economía esté indexada al IPC y que se ha comprometido a actualizar pensiones y salario de los funcionarios con la evolución de los precios

Foto: Ilustración: EC Diseño.
Ilustración: EC Diseño.

La inflación que estamos viviendo es transitoria y se desacelerará en 2022. Es el mantra que están repitiendo los banqueros centrales de EEUU y la zona euro para tratar de convencer al mercado y a los gobiernos de que podrán seguir contando con una política de hiperestímulos que ha permitido, por una parte, incrementar el valor de los activos financieros y, por la otra, mantener a casi cero el coste de financiación de los crecientes déficits públicos.

Pero este incremento transitorio puede salir muy caro a un país cuya economía esté 'de facto' indexada al IPC, como es el caso de España, que se ha comprometido a actualizar las pensiones y el salario de los funcionarios públicos con la evolución de los precios. Aunque el repunte de precios sea puntual, el incremento de estas partidas presupuestarias se consolida año a año.

Cada punto más de IPC aumenta el coste de las pensiones en 1.300 millones y el del salario de los funcionarios en 1.400 millones, según estima Funcas, y ese gasto se enquista en el sistema para los años venideros. De una inflación coyuntural, pasamos a un coste presupuestario bien estructural.

Foto: Luis de Guindos. (Deutsche Bank)

En España, el IPC provisional de agosto se ha situado en el 3,3% y probablemente seguirá acelerándose a medida que avance el año. No se equivocarán por demasiado si apuestan a que la media del IPC mensual interanual del ejercicio se queda entre el 2,5% y el 3% y, si se mantiene la tendencia actual, más cerca de la parte alta que de la baja.

En esta línea van las advertencias de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, en la entrevista que publica hoy este diario: “La inflación continuará acelerándose durante 2021. Nuestro escenario central es que en 2022 decaiga. Debemos vigilar que no haya efectos de segunda ronda, porque entonces este impacto temporal se haría estructural”.

Foto: Luis de Guindos. (Reuters)

El Gobierno subió las pensiones y el sueldo de los funcionarios en un 0,9% en 2021, porque esa fue su estimación para el IPC de este año. Pero la realidad ha superado a la ficción presupuestaria.

Al menos en el caso de las pensiones, el Gobierno tendrá que compensar el año que viene ese desvío, además de incrementarlas según la inflación prevista para 2022. Eso podría suponer un impacto de unos 5.000 millones de euros.

En las próximas semanas, el Gobierno deberá despejar cuánto va a subir el año que viene las pensiones y cuánto el sueldo de los funcionarios

En el caso de los funcionarios, está por ver si el Gobierno les compensa por esa divergencia, sobre todo teniendo en cuenta que entre enero de 2020 y enero de 2021, su número se ha incrementado en 111.000, hasta 2,71 millones.

Aunque el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas solo se compromete a vincular expresamente el sueldo de los funcionarios a los precios a partir de 2022, no en 2021, el Ejecutivo deberá resistir la presión del colectivo de empleados públicos, que verán cómo el error en la estimación del lPC les cuesta poder adquisitivo.

Pero las cuentas públicas tienen un límite, por mucha manga ancha que la Comisión Europea haya prometido hasta 2023. En España, la deuda pública se ha disparado hasta el 120% del producto interior bruto y el déficit estructural, que es lo mismo que decir déficit crónico, se ha deteriorado enormemente durante la crisis del coronavirus. Ha pasado del 3,7% en 2019 al 4,2% en 2020, y la Comisión Europea esperaba en mayo que este ejercicio acabara en el 4,9%. Para el año que viene la cifra prevista era del 5,2%, pero estos números no tienen en cuenta el reciente repunte de la inflación y el impacto directo que tendrá en el gasto público.

En las próximas semanas, el Gobierno deberá presentar su plan para los Presupuestos Generales de 2022 y tendrá que despejar esas incógnitas: cuánto va a subir el año que viene las pensiones y cuánto el sueldo de los funcionarios. Y si mantiene sus promesas, eso no hará más que cebar aún más la carga explosiva que supone el déficit estructural.

Foto: La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. (EFE)

Cuando la crisis se dé por superada, la Unión Europea presionará para implementar un plan de ajuste riguroso, que tendrá probablemente un impacto a corto plazo en el crecimiento económico y la creación de empleo. Y será políticamente impopular.

Pero hay varios clavos ardiendo a los que se puede agarrar el Gobierno de Pedro Sánchez. El primero, que España será de los últimos países de la eurozona en recuperar el nivel de PIB prepandemia, con lo que podrá usar eso como excusa para retrasar el ajuste.

El segundo, que los ritmos de Bruselas son los que son: el plan presupuestario de 2023 se entrega en octubre de 2022, pero luego hay un tira y afloja que te permite llegar al año siguiente sin haberte mojado demasiado. Y si a ello sumamos la relativa tolerancia de la Comisión Europea con la sobreestimación de ingresos y la infravaloración de gastos, a poco que Sánchez maneje bien los tiempos políticos, igual es capaz de convocar las próximas elecciones antes de tener que ejecutar ningún ajuste significativo.

Si gana, tiene cuatro años por delante. Si pierde, será otro el que tire del carro. En el juego de tronos de la política, puede ser un movimiento brillante. En la vida real, supone hipotecar las finanzas públicas de España.

La inflación que estamos viviendo es transitoria y se desacelerará en 2022. Es el mantra que están repitiendo los banqueros centrales de EEUU y la zona euro para tratar de convencer al mercado y a los gobiernos de que podrán seguir contando con una política de hiperestímulos que ha permitido, por una parte, incrementar el valor de los activos financieros y, por la otra, mantener a casi cero el coste de financiación de los crecientes déficits públicos.

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