Ustedes no lo saben, pero la revolución (laboral) ha comenzado

Es muy conocido que una de las características de la Ilustración fue su pasión por las leyes. Hasta tal punto que algunos revolucionarios franceses crearon en una antigua capilla el club de los nomófilos, que, como lo define la RAE, es el amor por las normas. En particular, por las leyes. En aquel tiempo había tanta confianza en ellas que se pensaba que con solo publicarlas el mundo cambiaría. Lo cierto, sin embargo, es que desde entonces el planeta ha vivido infinitas revoluciones, unas hacia adelante y otras hacia atrás, y muchas de esas leyes transformadoras duermen hoy el sueño de los justos. Muchas normas, de hecho, son mancilladas por los mismos que las han aprobado.

Es probable que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hubiera pertenecido, de vivir en aquella época, al club de los nomófilos, pero lo que está claro es que se ha venido arriba con la fuerza de las leyes y ayer habló (sic) de que “estamos ante una auténtica revolución en el mercado de trabajo español” gracias a las leyes. En particular, gracias al llamado componente 23 del plan de recuperación enviado a Bruselas, cuyo enunciado, por cierto, es algo más que parco.

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Aun así, y aunque todavía un acuerdo con empresarios y sindicatos está muy lejos, y nada asegura que tendrá una mayoría parlamentaria suficiente, los españoles se encuentran, según la ministra, “ante el primer Gobierno que dé una oportunidad a los jóvenes de España”. Y por si alguien no lo supiera, también estamos “ante un nuevo contrato social” que “dejará atrás un modelo caduco de relaciones laborales”. Y se hará, sostiene la ministra, “sin complejos”, incluso, antes de que acabe el año. No en vano, avanza Díaz, “los plazos en derecho no se discuten, se cumplen”.

Todo es tan revolucionario que hasta Europa “está aprendiendo de lo que España está haciendo”. Es más, “la temporalidad y los despidos serán la excepción”, incluso “desaparecerá el paro estructural” y reinará el “trabajo decente”. Todo gracias a la derogación de la reforma laboral. Completa y sin matices. Y para que no haya ninguna duda de que lo mejor está por venir, “ya nunca tocará apretarse el cinturón” (sic) y “volverán los derechos que han sido arrebatados”. Por si todavía quedara alguna incertidumbre, “la legislatura se va a acabar” y la edad “dejará de ser un obstáculo para seguir trabajando”. España, de hecho, es un país tan homologable a Europa que las instituciones “ni son de derechas ni son de izquierdas, son de la gente”. Europa, dice la ministra, aprende de España y, por lo visto, de su calidad institucional.

Justos y benéficos

Solo la Constitución de 1812, imbuida por el espíritu de la Ilustración, fue más lejos y en su artículo siete establecía que el amor a la patria era una de las principales obligaciones de todos los españoles, además de “ser justos y benéficos”. No hace falta recordar lo que duró aquella Constitución liberal, que ya decía que todo español estaba obligado a “contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado”.

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El tiempo dirá lo que sucede con la reforma laboral. Por lo pronto, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya ha dicho que si no hay acuerdo, que el Gobierno legisle. Pero como sucede con las leyes educativas, no hay razones para pensar que cambiando la legislación se modificará la realidad laboral de forma estructural. Entre otras razones, porque si ello fuera cierto, España sería un referente laboral en todo el planeta desde que en 1984 el entonces ministro Almunia introdujo la temporalidad en el empleo.

Desde 1984, se ha aprobado al menos media docena de reformas laborales, con varias huelgas generales de por medio

Lo cierto es que desde aquel año el Parlamento ha aprobado al menos media docena de reformas laborales, con varias huelgas generales de por medio, pero eso no ha impedido que durante los últimos 40 años el desempleo se haya situado en una media del 15%, el doble que en Europa. Y con un paro estructural (ajeno al ciclo) cercano a esa cifra. Incluso hoy, con la última reforma laboral de 2012, bendecida por la Comisión Europea y la OCDE, el paro afecta al 15,3% de la población activa (en términos desestacionalizados), más del doble que en la UE (7,3%), y eso que los más de 600.000 trabajadores en ERTE no cuentan en las estadísticas del paro.

El adanismo, como se sabe, es un viejo vicio de ciertos políticos. Consiste en creer que el año cero del mundo comienza cuando uno llega al poder, y por eso sorprende la fe ciega de la ministra en la enésima reforma laboral, como si la calidad del mercado de trabajo dependiera exclusivamente de la regulación. Como suelen recordar los sindicatos, si eso fuera así, todo el país tendría una tasa de paro similar, pero la realidad es que en el País Vasco el desempleo es equivalente al 10,9% de la población activa, mientras que en Andalucía (sin contar Canarias, ahora por razones excepcionales) se llega al 22,54%.

¿Prohibido despedir?

Es decir, la calidad del empleo (fijos o temporales, parciales o a tiempo completo, salarios altos o bajos o mayor o menor cualificación) depende de factores económicos, sociales y hasta culturales que van mucho más allá que una simple legislación, como son la productividad, la especialización del modelo productivo o la calidad de las instituciones laborales, en particular, la negociación colectiva. Solo hay que recordar que la propia ministra proclamó el fin de los despidos por causas económicas (en la mayoría de los casos, disfrazados como disciplinarios) tras la legislación extraordinaria aprobada en plena pandemia, pero el año 2020 se ha cerrado, según datos de su propio ministerio, con 106.654 despidos individuales (sin contar los colectivos)

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La historia enseña, por tanto, que no solo basta con hacer leyes, sino que sean buenas leyes para modernizar las relaciones laborales y así lograr un equilibrio razonable entre capital y trabajo, que es el principal activo de las sociedades democráticas. Entre otras razones, porque el ecosistema en el que dirimen las relaciones laborales es extremadamente complejo y en buena medida depende de la correlación de fuerzas interna. Sobre todo, en un contexto de enorme apertura hacia el exterior —la globalización— y en medio de avances tecnológicos de indudable trascendencia que incorporan una enorme capacidad de cambio en las relaciones laborales, como bien sabe la ministra, que en los últimos meses ha tenido que legislar sobre el teletrabajo y los ‘riders’.

La ministra, de hecho, que fue abogada laboralista, sabe muy bien que una cosa es predicar y otra dar trigo. En el documento enviado a Bruselas, se dice que hay que generalizar la causalidad en la contratación temporal, es decir, que haya que justificar por qué un contrato es precario y no fijo, cuando se trata de una necesidad estructural. Para saber por qué no se ha logrado ese objetivo, solo tiene que pedir explicaciones a su colega Miquel Iceta, el ministro de Política Territorial y Función Pública, que gobierna sobre un colectivo de 1,03 millones de empleados públicos con contrato temporal, el 30,4%, sin que Díaz haya enviado la inspección de trabajo sobre tan flagrante contradicción.